Auto 7846 de agosto 27 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE EXTORSIÓN

COMPETENCIA SEGÚN LA CUANTÍA

EXTRACTOS: «En el artículo sexto del citado Decreto 2271, se dispone:

“Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 1676 de 1991: ...

ART. 3º—Modifícanse los numerales 2º y 13 y el parágrafo del artículo 9º del Decreto 2790 de 1990, modificado por el Decreto 099 de 1991, así:

ART. 9º—A los jueces de orden público corresponde conocer en primera instancia:

2. De los procesos por delitos de extorsión en todas sus modalidades, así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 7º del Decreto 2790 de 1990, y CUANDO LA CUANTÍA SEA O EXCEDA DE CINCO MILLONES DE PESOS, o cuando cualquiera de las conductas anteriores busque facilitar actos terroristas sin importar su cuantía”. (mayúsculas de la Corte).

b) Es a todas luces equivocada la equiparación que hace el juez del circuito de la palabra modalidad (según el Diccionario de la Lengua Española: “modo de ser o de manifestarse una cosa”) a la voz cuantía (según el mismo diccionario: ''''...cantidad, medida o número determinado de las cosas susceptibles de aumento o disminución....5. DER. Valor de la materia litigiosa.”) y de ahí que para el, cuando el legislador señala determinada autoridad para conocer del delito de extorsión “en todas sus modalidades”, lo que está significando es que esa competencia no está limitada por ninguna cuantía. Y tan erróneo es su criterio que el mismo creador de la norma al tiempo que indica que la modalidad de la extorsión puede ser cualquiera, también fija el límite de los cinco millones —delimitación de la cuantía— o más para la competencia que impone.

Desatinó también el citado juez —ello es patente— en aquello de que para el conocimiento del juez regional en tratándose del delito de extorsión la cuantía podía ser cualquiera, o sea, que ignoró la existencia del artículo sexto del Decreto 2271 de 1991. Pero ello debió obedecer a la muy criticable falta de técnica legislativa, pues que en el mismo contexto legal se adoptan como legislación permanente normas que se contraponen. Desde luego que la que conserva cabal imperio es la que consagra el Decreto Legislativo 1676, pues precisamente fue la que modificó el Decreto 099, en lo ya precisado y que es cuanto importa a los fines del presente proveído.

c) Quiere la Corte reiterar lo que ordena el artículo 1º del Decreto 1156 de 1992, así:

“En relación con los delitos de competencia de los jueces regionales, se aplican las normas especiales de procedimiento y sustancial es de conformidad con el artículo 5º transitorio del Decreto 2700 de 1991 y las disposiciones del presente decreto”.

Y. a su turno, el mencionado artículo 5º del vigente C. de P. Penal, manda:

Integración a la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción de orden público. La jurisdicción de orden público se integrará a la jurisdicción ordinaria desde el momento en que comience a regir este nuevo código. Los jueces de orden público se llamarán jueces regionales y el Tribunal Superior de Orden Público se llamará Tribunal Nacional. La competencia de estos despachos no se modifica, continuarán conociendo de los mismos hechos punibles que han venido conociendo hasta ahora, de acuerdo con los decretos que no impruebe la Comisión Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de estado de sitio en legislación permanente”.

Así las cosas, es claro que la competencia para conocer del presente proceso radica en el Juez Regional de Medellín, pues que el denunciante fijó la cuantía en ocho millones de pesos que sobrepasa con creces la que se delimitó en cinco millones por el Decreto 1676 de 1991, adoptada como legislación permanente por el 2271 del mismo año, norma especial de innegable imperio, inclusive por encima de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) en su artículo 71 (“competencia de los jueces regionales”)».

(Auto de agosto 27 de 1992. Radicación 7846. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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