Auto 7851 de septiembre 16 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN

CONTRA FALLOS DEL TRIBUNAL PENAL MILITAR

EXTRACTOS: «1. El artículo 218 del Código de Procedimiento Penal dice:

“El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial del Tribunal Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

El recurso se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos, sea inferior a la señalada en el inciso anterior.

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos distintos a los arriba mencionados, a solicitud del Procurador, su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales” (subrayado fuera de texto).

De la lectura de los anteriores incisos se desprende con toda claridad, que fue voluntad del legislador unificar las normas aplicables en materia del recurso de casación, comprendiendo en esa reglamentación las sentencias del Tribunal Penal Militar, respecto de las cuales, por ejemplo, no hay duda de que rige el inciso segundo de la norma transcrita, el cual es una innovación, que de manera expresa modifica el tenor literal del artículo 435 del Decreto 2550 de 1988.

También constituye una modificación al Código Penal Militar lo consagrado en el inciso tercero, en cuanto este es aplicable a las sentencias de esa jurisdicción.

Y precisamente teniendo como punto de partida las sentencias respecto de las cuales es procedente el recurso de casación, es que en los artículos siguientes se establecen las causales, el trámite del recurso, los requisitos de la demanda, las limitaciones que impone a la Corte, el procedimiento a seguir cuando prospera la censura, etc., luego es evidente que todo lo relacionado con el recurso de casación aún respecto de fallos de la justicia militar, está regulado por el nuevo Código de Procedimiento Penal».

(Auto de septiembre 16 de 1992. Radicación 7851. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

SALVAMENTO DE VOTO

Cumpliendo con el deber de expresar las razones que me mueven a discrepar frente al criterio de la mayoría de la Sala, tanto en cuanto a las consideraciones como en la conclusión a que arriba de extender a la justicia penal militar y contra sus propias disposiciones especiales, normas exclusivas del procedimiento ordinario, sucintamente consigno a continuación mi pensamiento:

1. La jurisdicción penal militar tiene origen constitucional en el canon 221 de la Carta Política vigente, que al repetir de manera sustancial los términos del artículo 170 anterior precisa:

“De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”.

2. Siguiendo estos derroteros, el Decreto 2550 de 1988, por medio del cual se expidió el Código Penal Militar, no solamente fijó las normas rectoras de esa jurisdicción especializada, clasificó y describió los tipos penales que le incumben, señaló las competencias para su conocimiento y fijó los ritos dentro de los cuales debe operar el debido proceso, sino que de modo expreso reguló lo atinente con el recurso extraordinario de casación.

Dentro de esta específica materia, la ley penal militar fija en concreto la competencia que en el ámbito de esta impugnación le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia —art. 319—, determina la procedencia del recurso —art. 435—, concreta sus titulares —art. 436—, la oportunidad para la interposición y concesión, la decisión sobre su aceptación, los requisitos que debe ofrecer la demanda y las previsiones sobre su admisibilidad o rechazo, señalando las causales para su procedencia, la operancia del principio de limitación, los términos dentro de los cuales debe adoptarse la decisión y las consecuencias de los fallos estimatorio y desestimatorio (arts. 437 a 446).

3. Consagrado en el artículo 302 del Código Penal Militar el principio de “integración” según el cual

“Son aplicables al procedimiento penal militar, en cuanto no se opongan a lo establecido en este código o en leyes especiales, las disposiciones contenidas en los Códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil”.

fácil resulta comprender que la aplicación del Decreto 050 de 1987 tenía que supeditarse a cubrir vacíos o aspectos que no se hallasen expresamente regulados dentro de ese procedimiento penal castrense, pues de existir en él expresa y especial regulación, debía operar con preferencia. Este precepto no tuvo, sin embargo, dificultad para su aplicación en materia del recurso extraordinario de casación, porque en las dos compilaciones la regulación era integral, pero además coincidía.

Sustituido el Código de Procedimiento Penal de 1987 por el ahora vigente Decreto 2700 de 1991, ninguno de los anteriores principios sufrió modificación distinta a la comprensión de que esa “integración” debería proseguir como fácil se entiende, frente a esa nueva codificación, pero siempre con el fin de cubrir vacíos o en general aspectos que no se hallasen expresamente regulados dentro del rito penal militar.

De esta manera, si como ha ocurrido, el Decreto 2700 vino a introducir cambios dentro del trámite y estructura del recurso extraordinario de casación, ellos quedaron reducidos en su origen y contenido exclusivamente para el proceso ordinario, pues, bien merece repetirlo, no se mudó la norma constitucional que hacía exclusiva la ley de procesamiento penal del personal militar, pero además, ni las facultades otorgadas al Presidente para que con la aprobación de la Comisión Especial introdujera modificaciones hacia el interior de la jurisdicción penal militar, ni el texto aprobado del Decreto 2700 de 1991 extendieron en la práctica esos efectos hacia el ámbito de esa jurisdicción especializada, de modo que ante el surgimiento de contradicciones entre los ritos de uno y otro código sobre interposición, trámite y regulación en general del recurso extraordinario de casación, las innovaciones solamente podrían comprometer a la jurisdicción ordinaria, pues nada autoriza, contra el criterio que sienta la mayoría de la Sala, para que pueda el intérprete hacer graciosamente extensivas esas novedades hacia el Código Penal Militar, que ni ha sido total o parcialmente derogado, y mas bien por el contrario, al tener regulada expresamente la materia en cuanto a la impugnación extraordinaria, debe obligar su preferencia, sin que tenga cabida alguna el aludido principio de integración.

Pienso, entonces, y así respetuosamente lo enfatizo, que para desconocer el trámite que contempla el Decreto 2550 de 1988 sobre esta materia, debe mediar una modificación legislativa expresa; pues, entre tanto, el rito para impulso y decisión del recurso extraordinario debe continuar dentro de las guías que le fija detalladamente el Código Penal Militar, ya que esa ha sido la voluntad invariable del constituyente.

Respetuosamente,

Juan Manuel Torres Fresneda.

Adhiero,

Dídimo Páez Velandia. 

______________________________________________