Auto 7871 de febrero 19 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

EXTRADICIÓN

PRUEBAS ANTE LA CORTE SUPREMA

EXTRACTOS: «Así, pues, resulta obvio que cuando el artículo 556 se ocupa de la solicitud, decreto y práctica de pruebas, éstas, fatalmente, deben tener relación con el tema de la prueba que no es otro que el concepto, negativo o positivo, que debe emitir la Sala, sobre la extradición requerida. Y allí es cuando tienen cabal imperio los artículos 549, que trata de los ‘‘requisitos para concederla u ofrecerla’’, el 551 que dice de los documentos que deben anexarse para la solicitud o el ofrecimiento y, el 558 —todos del C.P.P.— sobre los fundamentos en que ha de radicar la decisión de la Corte. No se trata, entonces, de cuestiones ajenas al caso sub judice, como lo sostiene el recurrente, sino, por contrario modo, de materias que le son consustanciales o de su esencia.

Si bien el artículo 556 hace referencia a un término de diez días para que la persona requerida o su defensor ‘‘soliciten las prueba que consideren necesarias’’, esta necesariedad está definitivamente marcada por la conducencia o pertinencia de las mismas. Si la prueba es inconducente o impertinente, mal puede recibir el calificativo de necesaria. Y es en el juez, como supremo árbitro del debate procesal, en quien está la facultad y el deber de evaluarlas, en orden a que si no merecen ser nominadas como necesarias, no se decreten, para que así el pronto procedimiento a la administración de la justicia no se distraiga en menesteres o que le son ajenos o que tienen sus vías expeditas independientes.

No, no se trata de que el artículo 250 esté contrapuesto al 556 y lo que sí sucede es que son disposiciones que se complementan. La primera, lejos está de consagrar la arbitrariedad o el capricho y si bien estipula una facultad para el juez de rechazar las pruebas ‘‘legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas’’, la cortapisa para el director del proceso es proporcionada por la propia ley y la realidad procesal, en que está obligado a actuar siempre con discreción, esto es, con sensatez, buen juicio y en que sus determinaciones deben siempre consultar la equidad, máximo principio regulador del derecho. Y lo que acontece con el artículo 556 es que, de igual manera, tampoco establece un derecho ilimitado, despótico, antojadizo para la persona requerida o para su defensor, pues ello sería interpretar la ley como prohijando el absurdo lo que comporta que esa hermenéutica se destruya por su base. La verdadera epiqueya está, entonces, en que la prueba demandada sea necesaria, indispensable al tema de la misma, esto es, para el caso, que conduzca al concepto que debe proferir la Corte sobre procedencia o no de la extradición.

Insiste, pues, la Sala en señalar que, para el evento sub examine, las pruebas peticionadas deben referirse a ‘‘si el delito por el que se procede contra el solicitado en extradición es político o de opinión’’, pues en tal evento ella no es del caso; que ‘‘el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo máximo no sea inferior a cuatro años, y que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente’’ —art. 549 ibidem—».

(Auto de febrero 19 de 1993. Radicación 7871. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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