Auto 7947 de junio 7 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EMPLEADOS DEL CONGRESO

LÍMITE MÁXIMO DE LAS PENSIONES

EXTRACTOS: «Mediante la Ley 4ª de 1992 se facultó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre éstos, los del Congreso, lo mismo que para establecer, por una sola vez, el plan de retiro, el cual debe comprender, indemnizaciones por concepto de pago de salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones sociales y/o pensiones de jubilación.

En ejercicio de dichas facultades el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1076 de 1992, estableciendo en el artículo 3º lo siguiente:

“Los empleados públicos al servicio del Congreso Nacional que a la fecha de publicación del presente decreto o a la terminación de su período tuvieren un tiempo de servicio igual o superior a 19 años continuos o discontinuos con esta Corporación, tendrán derecho a la pensión de jubilación cualquiera que sea la edad.

Los empleados que se pensionen acogiéndose a este régimen tendrán derecho a la pensión de jubilación ordinaria del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado en los últimos seis meses de servicio”.

Así, el Gobierno redujo el tiempo de servicio para acceder a la pensión de jubilación, abolió el requisito de cumplir determinada edad para ello y redujo el tiempo para estimar la base de liquidación de la prestación con base en lo devengado durante los últimos 6 meses de servicio y no durante los últimos 12 meses.

Con base en el decreto en comentario y por tener el requisito de tiempo de servicios, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por medio de la Resolución 552 de 17 de julio de 1992 (fl. 23), ahora demandada, reconoció a Silverio Salcedo Mosquera una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente a $ 2.488.230.57 efectiva a partir del día siguiente de su desvinculación del servicio como secretario general de la Cámara de Representantes.

La cuantía de la mesada pensional la obtuvo el Fondo de Previsión Social después de sumar lo devengado por Silverio Salcedo Mosquera, que arrojó un total de $ 3.317.640.76 y derivar de éste el 75% que dio el monto ya dicho, sin reparar en tope alguno.

De esta suerte, si bien es cierto que el Decreto 1076 de 1992 no estableció tope alguno para estimar el monto de las pensiones, también es cierto, que la Ley 71 de 1988 en su artículo 2º estableció, que: “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales” (subraya la Sala). Como se ve, al emplear el legislador la expresión ninguna pensión, se refiere desde luego a todas, salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales, que no es el caso del asunto sub lite.

En consecuencia, el Decreto 1076 de 1992 hay que interpretarlo y aplicarlo en concordancia con el artículo 2º de la Ley 71 de 1988 en cuanto al tope señalado para estimar el monto de las pensiones a que se refiere.

En el caso de autos, al hacer la liquidación de la mesada pensional de Silverio Salcedo Mosquera no se tuvo en cuenta el límite establecido en el art. 2º de la Ley 71 de 1988 y se sobrepasó así el monto que se obtiene de multiplicar el salario mínimo legal de $ 65.190 vigente en el momento (fijado por el Decreto 2867 de 21 de diciembre de 1991) por 15, lo que arroja la cantidad de $ 997.850, que sería el tope máximo de la mesada pensional que debió reconocerse a Silverio Salcedo Mosquera».

(Auto de junio 7 de 1993. Expediente 7947. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Lecompte Luna).

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