Auto 801-012716 de septiembre 7 de 2013

Superintendencia de Sociedades

Partes

Retramar S.A.S., Pollux Marine Services II Corporation y Johnny Saverio Minervini Borresen contra Inversiones Sandoval Medina y Cía. S. en C.

Asunto

Artículo 136 de la Ley 446 de 1998

Trámite

Proceso verbal sumario

I. Antecedentes

Mediante Auto 480-010092 del 01 de julio de 2011, este despacho admitió la demanda de la referencia, y le dio el trámite del proceso verbal.

II. Consideraciones del despacho

1. Introducción.

Mediante la Resolución 1871 del 13 de diciembre de 2010, esta superintendencia determinó ajustar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a su cargo a lo previsto en la Ley 1395 de 2010. En desarrollo de lo dispuesto en la aludida Resolución 1871 de 2010, los asuntos sometidos al trámite del proceso verbal sumario, según las disposiciones contenidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1999 y 1258 de 2008, empezaron a adelantarse bajo el proceso verbal regulado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, por los motivos expuestos en el presente auto, tales asuntos debieron haberse tramitado bajo el proceso verbal sumario. En este sentido, las actuaciones adelantadas mediante el proceso verbal se encuentran viciadas de nulidad, según lo previsto en el numeral cuarto del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor, “el proceso es nulo en todo o en parte (…) cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”.

Así las cosas, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 145 del citado Código de Procedimiento Civil, este despacho considera necesario declarar, de oficio, la nulidad de las actuaciones adelantadas hasta la fecha en el proceso de la referencia, a partir del auto admisorio de la demanda. Como fundamento de la determinación señalada, se expondrá a continuación un análisis acerca de los efectos de las disposiciones contenidas en la Ley 1395 de 2010 respecto de las facultades jurisdiccionales que ejerce esta entidad, así como una explicación sobre la naturaleza de la causal de nulidad procesal establecida en el numeral cuarto del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

2. Los efectos de la Ley 1395 de 2010.

La Ley 1395 de 2010, mediante la cual se adoptan “medidas en materia de descongestión judicial”, modifica las reglas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la naturaleza de ciertos procesos a cargo de la jurisdicción ordinaria. Ciertamente, en el artículo 22 de la citada ley se dispone que, tanto los asuntos de mayor y menor cuantía, como aquellos que no versen sobre derechos patrimoniales, deben tramitarse bajo el proceso verbal. La misma disposición citada le asigna el trámite del proceso verbal sumario a todos aquellos asuntos de mínima cuantía a cargo de la justicia ordinaria(1). En el último inciso del artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 se establece, de igual forma, que los procesos declarativos conocidos por “las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales”, deben sujetarse a las reglas allí previstas.

Por virtud del precepto normativo antes citado, esta superintendencia inicialmente adoptó la posición según la cual las facultades jurisdiccionales atribuidas a la entidad por virtud de las leyes 446 de 1998, 550 de 1999 y 1258 de 2008, debían ejercerse mediante el trámite del proceso verbal, en lugar del proceso verbal sumario. Como consecuencia de esta interpretación inicial, se admitió el proceso de la referencia bajo el trámite del proceso verbal. Con todo, luego de analizar nuevamente las disposiciones contenidas en la Ley 1395 de 2010, este despacho llegó a la conclusión de que el trámite correcto para darle curso al proceso de la referencia era el verbal sumario. Esta conclusión se fundamenta en los siguientes argumentos:

A. Interpretación sistemática de la Ley 1395 de 2010.

Desde la promulgación de la Ley 446 de 1998, mediante la cual se le confieren facultades jurisdiccionales a diversas entidades de naturaleza administrativa, el legislador colombiano ha demostrado, en forma diáfana, su voluntad de que algunos de los asuntos sometidos al conocimiento de la Superintendencia de Sociedades se tramiten mediante el proceso verbal sumario. En efecto, la Ley 446 de 1998 dispone, en su artículo 137, que “la impugnación de actos o decisiones de la asamblea de accionistas o junta de socios y de juntas directivas de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, podrán tramitarse mediante el proceso verbal sumario ante dicha superintendencia”.

Por su parte, la Ley 550 de 1999 menciona en diversas oportunidades la necesidad de que esta entidad le de curso al trámite del proceso verbal sumario, para conocer acerca de determinados asuntos relacionados con los procesos de reestructuración. Así, pues, en el artículo 15 de esta ley se prevé que “las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación [que tenga por objeto obstaculizar un acuerdo de reestructuración], serán decididas a solicitud del empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento verbal sumario”. También es relevante señalar que los artículos 34, 37, 38 y 39 de la Ley 550 de 1999 establecen el trámite del proceso verbal sumario respecto de diversos asuntos relacionados con las materias a que alude la citada ley.

De igual forma, en la Ley 1258 de 2008, relativa al tipo de la sociedad por acciones simplificada, se hace referencia al proceso verbal sumario en cuatro oportunidades diferentes. Así, por ejemplo, en el artículo 24 de la citada ley se dispone que “los accionistas podrán promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos”. En este mismo sentido, el artículo 42 de la Ley 1258, el cual regula la figura de la desestimación de la personalidad jurídica en ciertas hipótesis, establece que “la declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el proceso verbal sumario”. Por su parte, en los artículos 40 y 43 de la misma ley se determina que las acciones relacionadas con conflictos societarios y abuso del derecho se tramitan ante esta entidad mediante el proceso verbal sumario.

Por lo demás, la Ley 1429 de 2010, la cual es posterior a la Ley 1395 mencionada en el acápite anterior, contiene tres menciones expresas sobre el trámite del proceso verbal sumario. En primer lugar, debe traerse a colación el artículo 28 de esta ley, a cuyo tenor, “la Superintendencia de Sociedades, en uso de funciones jurisdiccionales, conocerá de las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores según las normas legales vigentes. Dichas acciones se adelantarán en única instancia a través del procedimiento verbal sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil”. En segundo lugar, en el artículo 29, ibídem, se establece que la acción de oposición judicial en hipótesis de reactivación de sociedades y sucursales en liquidación “se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades que resolverá en ejercicio de funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario”. Por último, en el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010, mediante el cual se modifica el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, se dispuso que el trámite de reconocimiento de presupuestos de ineficacia en sociedades sometidas al control de esta entidad debe adelantarse mediante el “proceso verbal sumario”.

Así las cosas, es preciso ahora analizar la disposición contenida en el último inciso de la Ley 1395 de 2010, la cual debe interpretarse en conjunto con las normas de carácter especial descritas en los párrafos precedentes. Para el efecto, resulta indispensable traer a colación las reglas de interpretación legal previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. Por una parte, conforme al principio consagrado en el artículo 2º de la Ley 153 de 1887, “la ley posterior prevalece sobre la anterior”. Bajo esta regla de interpretación, podría entenderse, en principio, que la Ley 1395 de 2010 debería prevalecer sobre las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008, por ser aquella posterior a estas(2). No obstante, debe también considerarse la regla establecida en el artículo 3º de la misma Ley 153, a cuyo tenor, “estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”. Es necesario señalar, desde ya, que la Ley 1395 no derogó expresamente las reglas especiales contenidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008 respecto de la necesidad de cursar el proceso verbal sumario en ciertas hipótesis, ni reguló íntegramente tales asuntos. Según se explica más adelante, la regla contenida en la citada Ley 1395 tampoco es incompatible con lo establecido en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008. Por lo demás, es pertinente la regla de interpretación contenida en el artículo 5º de la Ley 57 de 1887, por cuya virtud, “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”.

A la luz de las reglas establecidas en las leyes 153 y 57 de 1887, es posible esclarecer el aparente conflicto entre la disposición del artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 y las normas especiales mencionadas anteriormente. Por una parte, podría considerarse que la regla prevista en el artículo 22, citado, reviste carácter general, debido a que regula el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de diferentes superintendencias, mientras que las reglas previstas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008 atañen, en forma especial, a determinados procedimientos a cargo de la Superintendencia de Sociedades(3). En este orden de ideas, tales leyes especiales anteriores prevalecerían sobre la ley general posterior (v.gr. la L. 1395/2010), conforme a las normas de interpretación citadas arriba. Sobre este particular, es relevante aludir a la sentencia del 30 enero 1968 del Consejo de Estado, en la cual se expresó lo siguiente:

“La ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma generalidad o la misma especialidad, pero la especial, aunque sea anterior a una general, subsiste en cuanto se refiere a la materia concreta regulada en ella, a menos que la segunda derogue expresamente la primera, o que entre ellas exista incompatibilidad […]. Y es apenas lógico que así sea, porque ordinariamente no hay oposición entre normas anteriores que se expiden en consideración a las modalidades singularísimas de una materia específica, y las que se dicten posteriormente en razón de condiciones generales que no correspondan a las características peculiares y requerimientos particulares del asunto regulado en aquellas”.

Ahora bien, podría también considerarse que el artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 contiene una disposición de carácter especial, por cuanto alude específicamente a las facultades jurisdiccionales atribuidas a ciertas entidades de naturaleza administrativa. En este caso, la conclusión sería idéntica a la expresada antes, es decir, que las normas contenidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008 prevalecen sobre lo previsto en la Ley 1395 de 2010. En verdad, según lo expresado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-005 del 18 enero 1996, “si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta esta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3º de la Ley 153 de 1887 y 5º de la Ley 57 del mismo año”.

El raciocinio expuesto en el pronunciamiento de la corporación citada le resulta plenamente aplicable al caso analizado en el presente auto. Ciertamente, las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008 regulan asuntos verdaderamente especiales a cargo de esta superintendencia, tales como el reconocimiento de presupuestos de ineficacia de ciertas disposiciones contractuales en el contexto de procesos de reestructuración, la ejecución específica de pactos contenidos en acuerdos de accionistas y el abuso del derecho de voto en reuniones del máximo órgano social. Es claro, pues, que los asuntos contemplados en estas leyes revisten, en las palabras de la Corte Constitucional, una “mayor especialidad” que la regla contenida en el artículo 22 de la Ley 1395. En consecuencia, este despacho considera que debían haberse preferido las reglas establecidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008 sobre lo previsto en la Ley 1395 de 2010.

B. Los objetivos de la Ley 1395 de 2010.

La conclusión preliminar expuesta en los párrafos anteriores —según la cual las normas especiales en materia procedimental previstas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1999 y 1258 de 2008 se encontraban vigentes aún después de la promulgación de la Ley 1395 de 2010— guarda coherencia con los objetivos expresos de la Ley 1395. En efecto, esta ley se promulgó para hacer más expedito el trámite de procesos ante la justicia ordinaria colombiana. Esta última afirmación encuentra sustento no sólo en el título que el legislador le atribuyó a esta ley (“por medio de la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”), sino también en la exposición de motivos que acompañó al respectivo proyecto legislativo. Según lo expresado en la ponencia para primer debate en el Senado de la República respecto del proyecto de ley Nº 197 de 2008, el cual dio origen a la Ley 1395 de 2010, “la presentación del proyecto de ley […] tiene como objetivo principal adoptar un conjunto de medidas que permitan reducir el número de inventarios inactivos en los diferentes despachos judiciales del país […] a través de los siguientes instrumentos de carácter legal: a) La desjudicialización de conflictos; b) La simplificación de procedimientos y trámites; c) La racionalización del aparato judicial […]”(4).

Tales objetivos encuentran una innegable correspondencia con la interpretación según la cual, aún después de la entrada en vigor de la Ley 1395 de 2010, seguía vigente el procedimiento verbal sumario establecido para aquellos asuntos sometidos al conocimiento de esta superintendencia bajo las leyes 446 de 1998, 550 de 1999 y 1258 de 2008. En verdad, no parece razonable que una ley de “descongestión judicial”, promulgada para simplificar procedimientos y trámites y facilitar la desjudicialización, hubiera tenido por efecto el tránsito hacia procesos más complejos (v.gr. procesos verbales sumarios hacia procesos verbales) y la creación de nuevas instancias judiciales a cargo de la justicia ordinaria (v.gr. apelaciones durante las diferentes etapas procesales previstas para el proceso verbal, las cuales no son procedentes bajo el proceso verbal sumario). Es decir, que la posición según la cual la Ley 1395 hizo forzoso un tránsito de todos los procesos verbales sumarios a cargo de esta superintendencia hacia procesos verbales, atentaría contra los objetivos expresos de esta ley.

La interpretación expuesta en el presente auto también es coherente con las actuaciones del legislador colombiano con posterioridad a la promulgación de la Ley 1395 de 2010. En este sentido, los artículos 28, 29 y 43 de la Ley 1429 de 2010 establecen nuevamente el trámite del proceso verbal sumario para ciertos asuntos especiales a cargo de la Superintendencia de Sociedades, incluido el reconocimiento de presupuestos de ineficacia respecto de ciertas actuaciones adelantadas por compañías sujetas al grado de fiscalización denominado control, conforme a lo previsto en la Ley 222 de 1995. El procedimiento establecido para el ejercicio de tales facultades no está sujeto a la cuantía de los respectivos procesos, como ocurriría bajo lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1395 de 2010, sino, más bien, a la naturaleza específica de los asuntos atribuidos a esta superintendencia. Así, pues, si la intención del legislador con la promulgación de la Ley 1395 hubiera sido la de suprimir los procesos verbales sumarios a cargo de la Superintendencia de Sociedades, no tendría sentido que, apenas unos meses después, se crearan nuevos procesos verbales sumarios a cargo de la entidad.

C. Los efectos de la Ley 1395 de 2010 respecto de las facultades jurisdiccionales de las superintendencias.

Por lo demás, es preciso señalar que la regla del artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 no es incompatible con las disposiciones especiales contenidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1990 y 1258 de 2008. El citado artículo 22 debe entenderse como una modificación de la naturaleza de ciertos procesos jurisdiccionales adelantados tanto por esta superintendencia como por otras entidades de carácter administrativo. En verdad, a juicio de este despacho, la manera correcta de interpretar lo previsto en el inciso tercero del artículo 22 de la Ley 1395 de 2010, consiste en aplicarle lo allí estipulado a todos aquellos procesos, a cargo de las diferentes superintendencias, cuya naturaleza sea diferente a la del verbal sumario.

Esta interpretación es compatible no solo con los objetivos de la Ley 1395, sino con las disposiciones de esta misma norma mediante las que se suprimió el trámite del proceso abreviado previsto en el título XXII del Código de Procedimiento Civil. El efecto principal de la Ley 1395 de 2010 fue entonces el de sustituir, por el proceso verbal, todos aquellos procesos abreviados a cargo de las superintendencias con anterioridad a la vigencia de la citada ley. Así, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 1395 modificó la naturaleza de los procesos abreviados establecidos en la Ley 1116 de 2006, los cuales empezaron a tramitarse bajo el proceso verbal. De igual forma, los procesos abreviados a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme al artículo 49 de la Ley 962 de 2005, pasaron a ser de naturaleza verbal. En vista de lo anterior, debe reiterarse que la regla del artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 no resulta incompatible con la vigencia actual de las normas especiales que facultan a esta superintendencia para conocer ciertos asuntos bajo el trámite del proceso verbal sumario.

Esta interpretación también resulta coherente con el régimen de transición previsto en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010. En la norma citada se establece la siguiente regla, la cual les resulta aplicables a los procesos ordinarios y abreviados que estaban en curso al momento de entrar en vigencia la Ley 1395: “los procesos ordinarios y abreviados en los que hubiere sido admitida la demanda antes de que entren en vigencia [varias disposiciones de la L. 1395], seguirán el trámite previsto por la ley que regía cuando se promovieron”; ello significa que el traslado de procesos ordinarios y abreviados a verbales únicamente tendrá aplicación a partir del 1º de enero de 2011 y en forma gradual, con un límite de 3 años. Debe resaltarse que el citado artículo 44 no contempla la hipótesis de transición de procesos verbales sumarios en curso hacia procesos verbales. Este vacío normativo parece indicar que el legislador no procuró que se produjera una transición de esta naturaleza, sino tan solo una transición respecto de los procesos ordinarios y abreviados en curso al momento de entrar en vigencia la Ley 1395.

D. Conclusión.

A la luz de los argumentos expuestos anteriormente, este despacho acoge la posición según la cual la Ley 1395 de 2010 no modificó los procesos especiales descritos en las leyes 446 de 1998, 550 de 1999, 1258 de 2008 y 1429 de 2010, las cuales establecen el trámite del proceso verbal sumario para ciertos asuntos especiales a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Esta interpretación encuentra asidero en las reglas de interpretación legal previstas en el ordenamiento jurídico colombiano, así como en la voluntad del legislador, expresada tanto en las disposiciones especiales contenidas en las leyes 446 de 1998, 550 de 1999, 1258 de 2008 y 1429 de 2010, como en la exposición de motivos y varios de los artículos de la Ley 1395 de 2010. Por consiguiente, se procederá ahora a estudiar las consecuencias jurídicas relacionadas con el trámite incorrecto del proceso de la referencia.

3. La nulidad de las actuaciones realizadas en el proceso de la referencia.

El Código de Procedimiento Civil contiene, en su artículo 140, diversas causales de nulidad respecto de los procesos a cargo de las autoridades que ejerzan funciones judiciales. En el numeral cuarto del artículo 140, citado, se alude a la hipótesis de nulidad que surge cuando “la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”. Es claro para este despacho que el proceso de la referencia se encuentra viciado de nulidad, por virtud de la causal a que alude el numeral cuarto antes citado. En efecto, según las explicaciones efectuadas con anterioridad, tal controversia ha debido cursarse mediante el trámite del proceso verbal sumario en lugar del proceso verbal.

Ahora bien, es necesario señalar que, en el último inciso del artículo 144 del código citado, se establece que la nulidad acaecida como consecuencia del supuesto fáctico mencionado es insubsanable. Sobre el particular, es pertinente considerar la opinión de la Corte Constitucional sobre la naturaleza de la causal de nulidad discutida en el presente auto. Esta corporación declaró inexequible el numeral sexto del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, mediante el cual se establecía la posibilidad de que quedara saneada una nulidad procesal “cuando un asunto que debía tramitarse por el proceso especial se tramitó por el ordinario, y no se produjo la correspondiente adecuación de trámite en la oportunidad debida”. En la Sentencia C-407 del 28 agosto 1997, la Corte señaló lo siguiente:

“Se dirá que el legislador tiene libertad para expedir las normas procesales y, por lo mismo, para establecer las causales de nulidad y los casos en que esta se considera saneada. Ello es verdad, pero con limitaciones: no puede el legislador establecer causales de nulidad, o dictar otra norma procesal cualquiera, quebrantando la Constitución; y no puede dictar normas en virtud de las cuales se sanee una nulidad originada en la violación del debido proceso […]. Tampoco es válido argumentar que la constitucionalidad de las normas acusadas se basa en que el proceso ordinario garantiza mejor que los demás el derecho de defensa, porque en él se cumple un debate más amplio”.

Debido al carácter insubsanable de la nulidad observada en el proceso de la referencia, procederá el despacho a declarar la nulidad de todo lo actuado, desde el auto admisorio de la demanda, hasta la fecha. Para el efecto, es necesario poner de presente que el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil obliga al juez del proceso a declarar de oficio “las nulidades insubsanables que observe”. En todo caso, deben efectuarse algunas precisiones respecto de los efectos jurídicos de la declaratoria de nulidad objeto del presente auto.

De una parte, conforme a lo previsto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, “la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba decretada y practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Por virtud de lo previsto en el artículo señalado, solo se declarará la nulidad del auto admisorio de la demanda, así como de las actuaciones procesales realizadas con posterioridad a la emisión de tal auto, las que deben renovarse. Ello se debe a que el origen de la nulidad detectada se encuentra en la admisión de la demanda bajo un trámite diferente al establecido en la ley. En todo caso, al tenor del artículo 146 citado, las pruebas decretadas y practicadas durante el trámite del proceso de la referencia se tendrán por válidas.

De otra parte, debe ponerse de presente que las partes cuentan con la posibilidad de renunciar a los términos previstos para las etapas procesales que habrán de cumplirse de nuevo por efecto de la declaratoria de nulidad objeto del presente auto.

Por lo demás, conforme a lo expuesto, al haberse configurado la causal de nulidad respecto de las actuaciones adelantadas en el proceso de la referencia, incluido el auto admisorio antes mencionado, se procederá en esta misma providencia a admitir la demanda presentada y ordenar que se corra el respectivo traslado a la parte demandada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia, a partir del Auto 480-010092 del 01 de julio de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

2. Admitirla demanda presentada por Retramar S.A.S., Pollux Marine Services II Corporation y Johnny Saverio Minervini Borresen contra la sociedad Inversiones Sandoval Medina y Cía. S. en C.

3. Ordenar correr traslado de la demanda al demandado, a quien le será notificado el auto admisorio para que proceda a contestar dentro del término de cuatro (4) días.

4. Reconocerle personería a Germán Andrés Ulloa Cortés, identificado con cédula de ciudadanía 79.169.638 y portador de la tarjeta profesional Nº 146.661 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de Retramar S.A.S., Pollux Marine Services II Corporation y Johnny Saverio Minervini Borresenen los términos y para los fines consignados en el poder allegado.

5. Designar como perito al señor Jaime Enrique Varela Navarro, identificado con cédula de ciudadanía 14.197.671.

6. Una vez notificada en debida forma la demanda, comuníquese el nombramiento al auxiliar de la justicia en la Avenida 13 Nº 126-44, interior 37 y en la carrera 15ª Nº 45-65 de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.

(1) En el artículo 21 de la Ley 1395 de 2010 se hace una salvedad relativa a todos aquellos procesos sometidos en forma expresa a un trámite especial, los cuales habrán de seguir el trámite especial que corresponda.

(2) En vista de que la Ley 1429 de 2010 es posterior a la Ley 1395, el análisis contenido en esta Sección se refiere principalmente a los efectos de esta última ley respecto de las leyes 446 de 1998, 550 de 1999 y 1258 de 2008.

(3) El artículo 133 de la Ley 446 de 1998 también consagra facultades especiales a cargo de la Superintendencia Financiera, las cuales se encontraban repartidas entre las antiguas superintendencias Bancaria y de Valores.

(4) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 481 del 10 junio 2009.