Auto 801-016008 de septiembre 25 de 2013

Superintendencia de Sociedades 

Partes

Carlos Ernesto Toro contra Compañía Llantera S.A., Jorge Iván Jimenez Jaramillo, Carlos Mario Ramírez Toro, José Segundo Rivas Asprilla.

Asunto

Artículos 133 y 137 Ley 446 de 1998

Trámite

Proceso verbal

Número de proceso

2013-801-124

I. Consideraciones del despacho

Este despacho se ha pronunciado en múltiples oportunidades acerca de los presupuestos que deben acreditarse para establecer la procedencia de medidas cautelares en conflictos societarias(1). Tales presupuestos han sido derivados de lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, así como de la aplicación de esta norma en los diversos casos sometidos a consideración de esta delegatura. Es así como, para decretar medidas cautelares de la naturaleza solicitada, debe efectuarse un cuidadoso análisis de los elementos de juicio disponibles, a fin de analizar las probabilidades de éxito de la demanda y evaluar el interés económico del demandante, según se expresa a continuación.

A. Las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas en la demanda

El primero de los presupuestos mencionados consiste en un examen preliminar de los diferentes elementos de juicio disponibles en esta etapa del proceso, para efectos de determinar, con alguna precisión, las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas por el demandante. Este presupuesto se deriva de la denominada apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso. Como lo ha explicado el despacho en varios pronunciamientos, este análisis preliminar no conlleva, en forma alguna, un prejuzgamiento que le impida al juez pronunciarse más adelante acerca del fondo del asunto(2). Al tratarse de una valoración previa de las pruebas disponibles cuando se solicita la medida cautelar, es perfectamente factible que, al momento de dictar sentencia, se llegue a una conclusión diferente de la expresada en el auto de medidas cautelares(3).

Formuladas las anteriores precisiones, se analizará ahora la solicitud presentada ante este despacho, a fin de estimar, de modo preliminar, si en la demanda se acreditó que las pretensiones tienen una probabilidad de éxito que justifique el decreto de una medida cautelar. En el presente proceso el demandante solicitó a este despacho decretar una medida cautelar tendiente a suspender la decisión adoptada por la junta directiva de Compañía Llantera S.A. en la reunión del 26 de junio de 2013, que consta en el Acta 32. El demandante fundamenta su petición en el hecho de que un miembro de la junta directiva convocó a una reunión extraordinaria del referido órgano de administración, desconociendo lo establecido por el artículo 56 de los estatutos sociales en relación con los requisitos de convocatoria.

Al respecto, encuentra este despacho que, en conexión con la convocatoria a la reunión de junta directiva de la compañía Llanteros S.A., los estatutos sociales son claros en determinar que la convocatoria para una reunión extraordinaria se podrá efectuar “cuando lo soliciten los dos (2) miembros que actúen como principales, el Gerente o el Revisor Fiscal (vid. fl. 24)”. También se evidencia en la información que reposa en el expediente, que fue únicamente un miembro principal de Junta Directiva quien realizó la convocatoria para dicha reunión. Esto, teniendo en cuenta el correo electrónico dirigido por Jorge Iván Jiménez al demandante el 25 de julio de 2013, donde expresó: “yo cité a una junta extraordinaria en la ciudad de Bogotá para tomar la decisión…” (vid. fl. 32), lo cual es contrario a lo establecido por el artículo 56 de los referidos estatutos sociales

Así las cosas, las pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de posibles violaciones de las normas que rigen la formulación de convocatorias a la Junta Directiva de la sociedad, toda vez que la convocatoria parece haber sido efectuada por Jorge Iván Jiménez únicamente. De conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables, el señor Jiménez no podía convocar a la reunión de forma singular, sino que requería de la voluntad de por lo menos otro miembro principal de la junta directiva.

En este orden de ideas, el despacho debe concluir que, en esta etapa del proceso, el demandante ha acreditado que sus pretensiones tienen visos de poder prosperar. Por supuesto que la determinación final sobre los asuntos debatidos en el presente litigio sólo se producirá al momento de dictar sentencia, una vez el despacho cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. En todo caso, para los efectos de este auto, debe considerarse cumplido uno de los presupuestos principales requeridos para decretar una medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso.

B. El interés económico de la demandante

Tras una revisión del expediente, este despacho pudo constatar que el demandante podría contar con un interés económico legítimo en el presente proceso(4). En verdad, el demandante ostentaba la calidad de gerente de compañía Llantera S.A. y recibía una remuneración por el ejercicio de dicho cargo (vid. fl. 2, hecho 5º). Sin embargo, para el despacho no es claro que la medida cautelar sea necesaria, teniendo en cuenta que el nombramiento del gerente, de acuerdo con los estatutos de la sociedad, es función inequívoca de la junta directiva(5) y, que en el caso sub examine, la remoción del demandante y el nombramiento de su correspondiente reemplazo, fue una decisión aprobada por unanimidad por parte de los 3 miembros principales de la junta directiva (vid. fl. 2).

No está de más aclarar que, si bien la convocatoria para la reunión de junta directiva que se impugna mediante la presente acción, pudo vulnerar normas estatutarias referidas a la convocatoria de dicho órgano, no deja de ser cierto que los 3 miembros de la junta directiva aprobaron por unanimidad la decisión de “remover el actual gerente Dr. Carlos Ernesto Toro, por una persona que se encuentre ubicada en la ciudad de Bogotá” (vid. fl. 12), decisión que sin ningún inconveniente puede ser ratificada por el mismo órgano.

Así, este despacho encuentra que, aun cuando puede existir en este caso un interés económico por parte del demandante, no es claro que haya necesidad de la práctica de la medida, pues llevarla a cabo conllevaría un congelamiento de las funciones de administración y representación legal, y más aún, podría ser una medida inocua, teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, en conexión con la capacidad o facultad que le asiste a la junta directiva para designar el gerente y determinar su remuneración.

Por lo anterior, el despacho procederá a negar la práctica de la medida cautelar solicitada. Lo anterior no obsta para que, una vez aportadas los elementos probatorios concernientes, el despacho pueda considerar nuevamente este presupuesto para la procedencia de la medida cautelar solicitada(6).

Por virtud de lo expuesto, el superintendente delegado para procedimientos mercantiles,

RESUELVE:

Negar el decreto de la medida cautelar de suspensión de las decisiones adoptadas, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Cfr. Autos No. 801-002289 del 20 febrero 2013 y No. 800-016014 del 19 noviembre 2012. Las providencias mencionadas pueden consultarse en la sección de jurisprudencia de la página de la Superintendencia de Sociedades, disponible en la siguiente dirección: www.supersociedades.gov.co/pmercantiles.html

(2) Cfr. Auto Auto 801-001488 del 1º de febrero de 2013.

(3) En efecto, durante el curso del proceso pueden surgir elementos de juicio que le resten fuerza a los argumentos empleados por el juez para aceptar o rechazar la cautela. Cfr. Auto 801-016834 del 29 de noviembre de 2012.

(4) Según lo expresado en el Auto 800–004337 del 22 de marzo de 2013, el denominado “interés económico del demandante” conjuga varios de los elementos a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso, incluidos el interés para obrar y la necesidad de la medida cautelar solicitada.

(5) Cfr. folio 24: “ART. 59.—Atribuciones de la junta directiva: son atribuciones de la junta directiva: 1. Designar el gerente fijándole su remuneración”.

(6) Esta posibilidad surge de la derogatoria expresa del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, según consta en el literal b) del artículo 626 del nuevo Código General del Proceso.