Auto 801-016014 de noviembre 19 de 2012

Superintendencia de Sociedades 

Partes

Serviucis S.A. contra Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. y Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S.

Asunto

Artículo 24 del Código General del Proceso

Artículo 43 de la Ley 1258 de 2008

Trámite

Proceso verbal sumario

I. Antecedentes

1. Mediante Auto 801-016013 del 19 de noviembre de 2012, se admitió la demanda presentada por Serviucis S.A. en contra de Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. y Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S.

2. El auto admisorio le fue notificado personalmente a Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. el 12 de diciembre de 2012.

3. El 17 de diciembre de 2012 las demandadas Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. y Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. presentaron recursos de reposición contra el auto admisorio.

4. El 20 de diciembre de 2012, se fijó la lista otorgando al demandante 2 días de traslado del recurso, término que comenzó el 21 y finalizó el 26 del mismo mes.

II. Consideraciones del despacho

Antes de considerar los argumentos formulados en los aludidos recursos de reposición, el despacho advierte que en el expediente no obra prueba alguna de que la sociedad Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. se haya notificado del auto admisorio de la demanda. Así, pues, por virtud de lo previsto por artículo 330 del Código de Procedimiento Civil se le dará aplicación a las reglas de la notificación por conducta concluyente. Además, por haberse cumplido los requisitos previstos en los artículos 63 y 65 del Código de Procedimiento Civil respecto del otorgamiento de poderes, se reconocerán las apoderadas de las sociedades demandadas.

1. Carencia de competencia

En criterio de las apoderadas de las sociedades demandadas, las facultades jurisdiccionales en cabeza de la Superintendencia de Sociedades se circunscriben a lo dispuesto por el artículo 252 de la Ley 1450 de 2011. Por este motivo, según lo expresado en los recursos formulados ante el despacho, esta entidad sería competente para conocer asuntos respecto de sociedades sometidas a su inspección, vigilancia y control. De ahí que las demandadas concluyan que la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia respecto de las sociedades Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. y Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S.

Sobre este respecto, el artículo 24 del Código General del Proceso les confirió a varias superintendencias el ejercicio de funciones jurisdiccionales en relación con ciertas materias determinadas. Para el caso de la Superintendencia de Sociedades, el numeral 5º le otorga a esta entidad facultades jurisdiccionales en materia societaria respecto de la impugnación de actos y decisiones sociales, acuerdos de accionistas, conflictos societarios, abuso del derecho y desestimación de la persona jurídica. Debe resaltarse que, si bien el legislador restringió la competencia de esta entidad en materias tales como la impugnación de actas de asambleas —únicamente para las ‘personas sometidas a su supervisión’— en el caso de la declaratoria de nulidad absoluta por abuso del derecho no se estableció una restricción de esta naturaleza. Ello significa que esta entidad cuenta con facultades para conocer acerca de procesos judiciales en los que se debata el abuso del derecho de voto en sociedades no sometidas a su supervisión, salvo que exista una disposición especial en la que se disponga lo contrario.

Por lo demás, es preciso poner de presente que el auto citado por las demandadas para sustentar sus argumentos (vid. fl. 147 del expediente) fue proferido antes de que entrara en vigencia el artículo 24 del Código General del Proceso. En consecuencia, es claro que lo resuelto en dicha providencia no resulta aplicable en el presente caso.

Así las cosas, debido a que las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades en materia de abuso del derecho no se limitan a las sociedades sometidas a su supervisión, deberán desestimarse los argumentos formulados por las sociedades demandadas.

2. Cláusula compromisoria

En ambos recursos se sostiene que la Superintendencia de Sociedades carece de competencia para dirimir el presente asunto, como quiera que los estatutos de Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. y Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. contienen sendas cláusulas compromisorias. En este orden de ideas, el despacho deberá analizar el texto de las aludidas cláusulas, a fin de establecer quiénes son los sujetos cobijados por ellas, así como las controversias objeto del pacto arbitral.

En las dos compañías demandadas se han establecido cláusulas compromisorias análogas, consagradas en el artículo vigésimo sexto de cada uno de los correspondientes estatutos, a cuyo tenor ‘las diferencias que ocurran entre los asociados y la compañía, o entre aquellos, por razón del contrato de sociedad, durante el término de su duración, en el momento de su disolución, o en el período de su liquidación, y que sean susceptibles de transacción, serán sometidas a la decisión de tres árbitros abogados que serán designados por la Cámara de Comercio de Medellín (…)’. Así, en ambos casos se tiene que tales cláusulas compromisorias no incluyen controversias relacionadas con los administradores sociales ni terceros. De igual forma, en relación con las controversias objeto de los pactos arbitrales, las cláusulas aluden a todas aquellas diferencias que surjan entre los accionistas y las compañías, siempre que sean susceptibles de transacción y tengan relación con el contrato de sociedad.

Lo primero que debe establecerse es si las controversias objeto del presente litigio se suscitaron entre los sujetos a que hacen alusión las cláusulas compromisorias. Según se desprende de los hechos expuestos en la demanda así como de los recursos de reposición, Serviucis S.A. detenta un 30.43% de las acciones en IHC, pero no es propietario de acciones emitidas por NCSC (vid. fls. 3, 4 y 143). Ello quiere decir que la diferencia suscitada entre Serviucis S.A. y NCSC no encaja dentro de la hipótesis fáctica contemplada en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de NCSC, pues no se trata de un conflicto entre los asociados y la compañía, ni entre los asociados. En consecuencia, la referida controversia no se encuentra cobijada por el pacto arbitral establecido en los estatutos de NCSC.

Por el contrario, en vista de que Serviucis S.A. es accionista de IHC, parece claro que la cláusula compromisoria contenida en los estatutos de esta última compañía sí le resulta aplicable a la controversia entre estas dos sociedades. De conformidad con lo anterior y por virtud de lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, se desligará a Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. del presente proceso, para continuar con Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. como único demandado.

3. Legitimación en la causa

La apoderada de NCSC sostiene que, debido a que Serviucis S.A. no es accionista de esa sociedad, carece de legitimación para demandar a NSCS. A su juicio, el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 establece que la acción de nulidad por abuso del derecho de voto solo puede ser ejercida por los accionistas de una compañía. Con todo, según se expone más abajo, el legislador colombiano no ha establecido reglas específicas respecto de la legitimación para presentar acciones de la naturaleza indicada. Por este motivo, es necesario efectuar algunas precisiones acerca del abuso del derecho de voto.

La figura bajo estudio se introdujo en nuestro ordenamiento tras la promulgación de la Ley 1258 de 2008, en cuyo artículo 43 se establece la regla general según la cual ‘los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía’. Este mismo artículo dispone que ‘quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto’. El nuevo Código General del Proceso también alude a la figura analizada, al regular las facultades jurisdiccionales a cargo de la Superintendencia de Sociedades. En el artículo 24 del Código citado se dispone que la Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a […] la declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y paridad […]’.

La simple lectura de las normas citadas permite concluir que no existen restricciones legales explícitas respecto del ejercicio de la acción judicial a que se ha hecho referencia. Ello no significa, por supuesto, que cualquier sujeto cuente con esta posibilidad. A pesar de que la ley no establece legitimaciones específicas, parece claro que, en hipótesis de abuso de mayoría, los accionistas ausentes o disidentes perjudicados por la decisión cuentan la posibilidad de presentar la acción correspondiente. También podría aceptarse la posición adoptada por la Corte de Casación francesa, según la cual, el representante legal, actuando en nombre de la compañía, puede instaurar la respectiva acción en contra de los accionistas mayoritarios(1). De igual forma, pueden presentarse situaciones excepcionales en las que un sujeto, a pesar de no ser accionista ni representante legal de la compañía, esté legitimado para presentar una acción orientada a controvertir el ejercicio abusivo del derecho de voto por parte de los accionistas mayoritarios. El caso sometido a consideración de este despacho parece encajar dentro de esta última hipótesis. Ciertamente, la información presentada por las partes da cuenta de tres elementos que, considerados en su conjunto, habilitan a Serviucis S.A. para iniciar la presente acción en contra de NCSC.

El primer elemento se deriva de la estructura societaria diseñada para administrar las inversiones del demandante y otros sujetos en NCSC. En la demanda se afirma que Serviucis S.A. y Mauricio Vélez Cadavid constituyeron la sociedad IHC como un ‘vehículo societario con el fin de adquirir la Clínica Sagrado Corazón’ (vid. fl. 3) cuyo objeto social es desarrollar ‘de manera especial (…) todas las actividades relacionadas con inversiones en el sector de la salud en general’ (vid. fl. 44). Así mismo, el apoderado de la demandante señala que Serviucis S.A. detenta el 30.43% de las acciones en IHC, al paso que esta última es propietaria de acciones ordinarias equivalentes al 70% del capital suscrito de NCSC. Se trata, pues, de una estructura societaria bastante usual en nuestro sistema, bajo la cual se constituye una persona jurídica con el propósito principal de efectuar inversiones en otras compañías. En el caso analizado, la constitución de IHC parece haber sido el expediente utilizado por Serviucis S.A., Mauricio Vélez Cadavid y otros sujetos para administrar sus inversiones de capital en compañías tales como NCSC. Es decir que, si bien IHC es la titular directa de la inversión efectuada en NCSC, Serviucis S.A. tiene un interés económico legítimo en las actividades de NCSC.

El segundo elemento está relacionado con el hecho de que Serviucis S.A. fue, hasta el año pasado, miembro principal de la junta directiva de NCSC. Ello puede constatarse tanto en el texto de la demanda presentada, como en el acápite de designaciones contenido en el documento de constitución de NCSC (vid. fl. 61). Es decir que el demandante no solo tiene un interés económico legítimo en NCSC por razón de la estructura societaria explicada en el párrafo anterior, sino que también detentó la calidad de director en esta compañía. Según se explica a continuación, la decisión objetada fue precisamente la que permitió remover a Serviucis S.A. de la junta directa de NCSC.

El tercer elemento se desprende de la aparente finalidad de la decisión controvertida en este proceso, por cuyo efecto el demandante perdió la calidad de miembro de la junta directiva de NCSC. Según consta en la demanda, durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de NCSC celebrada el 26 de marzo de 2012, Serviucis S.A. fue removida de la junta directiva de la compañía (vid. fl. 5). En ese sentido, el certificado de existencia y representación legal de NCSC aportado con la demanda permite constatar que, en efecto, Serviucis S.A. no forma parte de la junta directiva de NCSC. En criterio del demandante, la aludida decisión fue adoptada con el propósito de facilitar la realización de conductas viciadas por conflictos de interés por parte de Mauricio Vélez Cadavid, representante legal y accionista de IHC(2).

En síntesis, el demandante, en su calidad de antiguo miembro de la junta directiva de NCSC, con un interés económico legítimo y vigente en la compañía, presentó una acción de abuso del derecho de voto para controvertir una decisión que, en su criterio, estuvo encaminada a favorecer a un sujeto que detenta la calidad de representante legal y accionista de IHC, la sociedad de inversión que es propietaria del 70% de las acciones ordinarias de NCSC. La conjugación de los anteriores elementos le permite concluir al despacho que Serviucis S.A. está legitimada para formular la demanda presentada. Es por ello por lo que habrá de rechazarse el recurso interpuesto por la apoderada de NCSC.

Por lo demás, debe reiterarse que la legitimación de Serviucis S.A., derivada de las particularidades del caso analizado, es de carácter excepcional. En verdad, lo expresado antes no significa que cualquier tercero esté automáticamente legitimado para presentar acciones de abuso del derecho de voto. Tampoco quiere ello decir que los accionistas de una sociedad de inversión —tal como IHC— cuenten siempre con la posibilidad de presentar acciones judiciales con fundamento en actuaciones realizadas en las compañías receptoras de la inversión. Los párrafos anteriores simplemente apuntan a que, ante el silencio de la ley a las personas facultadas para presentar una acción de abuso del derecho de voto, es necesario analizar los supuestos fácticos de cada caso, a fin de establecer si existe la correspondiente legitimación.

4. Ineptitud de la demanda

En el recurso de reposición objeto de este auto, se afirma que la ausencia de legitimación en la causa da lugar a la ineptitud de la demanda. Sin embargo, por virtud de las consideraciones expresadas en el párrafo anterior, el despacho considera improcedente el argumento formulado por la apoderada de NCSC.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE:

Primero. Tener notificado por conducta concluyente a Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S.

Segundo. Desligar a Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S. del contradictorio, para que el proceso continúe con Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. como único demandado.

Tercero. Confirmar el Auto 801-016013 del 19 de noviembre de 2012, sin perjuicio de lo resuelto en el punto anterior.

Cuarto. Reconocerle personería a María Lía Mejía Uribe, identificada con la cédula de ciudadanía 43’583.991 y portadora de la tarjeta profesional 91.671 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la sociedad Inversiones Hospitalarias y Clínicas S.A.S., en los términos de los documentos sometidos a consideración de este despacho.

Quinto. Reconocerle personería a Jessica Cabrera Cano, identificada con la cédula de ciudadanía 1.037’600.698 y portadora de la tarjeta profesional 188.386 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la sociedad Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S., en los términos de los documentos sometidos a consideración de este despacho.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Cámara Comercial de la Corte de Casación francesa, Sentencia del 21 enero 1997, 94-18.883.

(2) En el Auto 800-01614, emitido por este despacho el 19 de noviembre de 2012, se incluye un resumen de los argumentos expuestos por el demandante para justificar la afirmación expuesta en el texto principal.