Auto 801-017366 de diciembre 10 de 2012

Superintendencia de Sociedades 

Partes

Cámara de Comercio de Barranquilla contra Carcos Mantenimiento de Equipos SAS y otros.

Asunto

Artículo 24 del Código General del Proceso

Trámite

Proceso verbal sumario

I. Consideraciones del despacho

La apoderada del demandante solicita la práctica de una medida cautelar consistente en la ‘suspensión provisional de las matrículas mercantiles de las sociedades demandadas’ (vid. fl. 148). Según las afirmaciones contenidas en al demanda, la anterior solicitud encuentra fundamento en la necesidad de ‘proteger la transparencia del proceso electoral de la Cámara de Comercio, programada para el 20 de diciembre de 2012 [e] impedir que esas sociedades constituidas en fraude a la ley sigan registrando actuaciones encaminadas a legitimar y borrar las irregularidades cometidas en su constitución’ (vid. fl. 148, exp.).

En el curso de múltiples pronunciamientos, el despacho ha desarrollado algunos presupuestos para determinar la procedencia de medidas cautelares en el contexto societario(1). Tales presupuestos han sido derivados de lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, así como de la aplicación de esa norma a los diversos casos sometidos a consideración de esta delegatura. Es así como deberá determinarse la apariencia de buen derecho —para lo cual será preciso estimar las probabilidades de éxito de la demanda— la existencia de una amenaza, el interés de la parte demandante en el presente proceso y, por último, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida.

II. Las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas en la demanda

El primero de los presupuestos mencionados consiste en un examen preliminar de los diferentes elementos de juicio disponibles, para efectos de determinar, con alguna precisión, las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas por el demandante. Este presupuesto se deriva de la denominada apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso. La apariencia de buen derecho ha sido referida a ‘la carga de acreditar prima facie, esto es, de forma provisional e indiciaria, que la pretensión […] presenta visos de poder prosperar; [es preciso establecer] una probabilidad cualificada de éxito de la pretensión principal que se pretende cautelar’(2).

El análisis preliminar a que se ha hecho referencia no conlleva, en forma alguna, un prejuzgamiento que le impida al juez pronunciarse más adelante acerca del fondo del asunto(3). Al tratarse de una valoración previa de las pruebas disponibles cuando se solicita la medida cautelar, es perfectamente factible que, al momento de dictar sentencia, el juez llegue a una conclusión diferente de la expresada en el auto de medidas cautelares. En efecto, durante el curso del proceso pueden surgir elementos de juicio que le resten fuerza a los argumentos empleados por el juez para haber aceptado o rechazado la medida. En criterio de Bejarano Guzmán, ‘no se trata de una decisión de fondo sino preliminar, que por supuesto puede ser modificada en la sentencia que le ponga fin al proceso […] si el juez no decreta la suspensión provisional […] en modo alguno ello significa que la sentencia será adversa al demandante, pues las pruebas recaudadas en el proceso pueden contribuir a cambiar la decisión que se adopte en la sentencia’(4).

Con fundamento en las anteriores precisiones, el despacho analizará la solicitud presentada por la apoderada del demandante. Así, pues, conforme a las pretensiones formuladas en la demanda, el punto de partida de este estudio debe ser el problema del abuso de las formas asociativas. Ello se debe a que la Cámara de Comercio de Barranquilla considera que las sociedades demandadas fueron constituidas con fines contrarios a la ley. En este sentido, el abuso de las formas asociativas —particularmente el uso de sociedades unipersonales infracapitalizadas con fines fraudulentos— ha sido uno de los asuntos más debatidos en el derecho societario(5). Ante la multiplicidad de soluciones disponibles para remediar este problema y los incontables criterios existentes para determinar si se han presentado abusos, es indispensable hacer un breve recuento de los principales desarrollos sobre la materia. Posteriormente, se examinarán los elementos probatorios disponibles en esta etapa del proceso.

(i) El abuso de las sociedades de capital

La difusión de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad fue uno de los factores determinantes en el acelerado desarrollo industrial del siglo XIX, tanto en los países anglosajones del common law como en los sistemas civilistas de Europa Continental. Ello se debió, en buena medida, a que los comerciantes que usaban esta forma asociativa podían asumir un mayor grado de riesgo que aquellos sujetos que actuaban a título personal(6). Más aún, la posibilidad de acceder a la figura mencionada permitió que los recursos económicos de los inversionistas fueran usados para financiar las más prometedoras innovaciones. Según el célebre economista Walter Bagehot, durante el siglo XIX ‘desapareció la posibilidad de que un lucrativo proyecto industrial o comercial no se llevara a cabo por falta de financiación’(7).

Claro que ello sólo fue posible luego de superada la reticencia inicial atada a que los empresarios pudieran valerse de los beneficios propios de la aludida forma asociativa. Esta reticencia se derivó, principalmente, de los abusos perpetrados por conducto de la sociedad de capital(8). Durante el siglo XVIII, por ejemplo, escándalos societarios tales como el de la Compañía del Mar del Sur en Inglaterra y la Sociedad del Mississippi en Francia, sirvieron de justificación para proscribirla sociedad de capital en distintas jurisdicciones(9). La desconfianza generalizada en esta forma asociativa puede apreciarse en el siguiente aparte, extraído de una dura reseña editorial del diario londinense The Times, efectuada en 1824: ‘No hay una situación más injusta que aquella en la que un puñado de sujetos acaudalados destinan una porción de su patrimonio a la constitución de una sociedad de capital[…] para luego, ante la imposibilidad de pagar las deudas sociales, retirarse con su fortuna intacta, mientras los peces defraudados devoran la exigua carnada remanente(10).

En el curso del siglo XIX, las exigencias del tráfico impusieron la necesidad de diseñar un régimen más permisivo, bajo el cual los empresarios pudiesen usar libremente la sociedad de capital con limitación de responsabilidad. Las restricciones francesas para la constitución de compañías contenidas en el Código Napoleónico de 1807 fueron morigeradas con la introducción de la société anonyme en 1867, mientras que los diferentes Estados de la Unión Americana empezaron a permitir el acceso a esta forma asociativa a partir de las reformas del Código neoyorkino de 1811(11). Sin embargo, el mayor uso de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad trajo consigo un correlativo incremento en el abuso de esta figura(12). En lugar de proscribir su uso, se concluyó que, ante la importancia que revestía la sociedad de capital, era necesario desarrollar mecanismos de protección para hacerle frente a quienes se propusieran usarla de manera ilegítima(13).

Una primera aproximación al problema mencionado consistió en diseñar reglas que redujesen, ex ante, el riesgo de abuso de la figura societaria(14). Con base en esta postura, muchos países establecieron estrictos requisitos para la constitución de compañías de capital, incluidos los de escritura pública y capitalización mínima. Sin embargo, a partir de incontables estudios académicos, ha hecho carrera la tesis de que tales requisitos son insuficientes para evitar el abuso de esta forma asociativa(15). El argumento principal esgrimido para el efecto es que la rigidez propia de esta clase de requisitos deja amplio espacio para expedientes fraudulentos, orientados a burlar los mecanismos de protección contenidos en la ley(16). Esta circunstancia es tanto más grave cuanto las aludidas reglas conllevan, usualmente, un incremento generalizado en el costo de operación para todos los empresarios, incluidos aquellos que no se proponen abusar de la figura societaria. Según el criterio de Armour, algunas de las reglas que buscan solucionar ex ante el problema reseñado ‘constituyen un claro ejemplo de una tecnología legislativa obsoleta que […] probablemente genera más costos que beneficios’(17).

Ello no quiere decir, por supuesto, que deban suprimirse todas las reglas establecidas para la constitución de compañías(18). Algunos requisitos, tales como aquellos diseñados para dotar de publicidad mercantil el acto de constitución, son indispensables para el adecuado funcionamiento del régimen societario. El punto es, simplemente, que la fijación de estrictos requisitos de constitución es una manera ineficiente de mitigar el riesgo de abuso de la sociedad de capital. Tal vez por este motivo, la mayoría de países industrializados ha gravitado hacia una reducción de los trámites requeridos para la creación de sociedades(19).

Una segunda aproximación al problema del abuso de la sociedad de capital buscó promover medidas de fiscalización judicial para controvertir, ex post, las actuaciones indebidas de los empresarios(20). Esta solución tiene la ventaja de imponerle altos costos solamente a los sujetos que, con su conducta, desborden la finalidad para la cual fue diseñada la aludida figura societaria. Así, por ejemplo, mediante la denominada desestimación de la personalidad jurídica, las autoridades judiciales pueden hacerle extensiva, a los accionistas de una compañía, la responsabilidad por las obligaciones sociales insolutas, en hipótesis de fraude o abuso. Otra aplicación de esta figura podría llevar a la inoponibilidad de la personificación jurídica societaria, en la forma descrita más abajo. Por lo demás, debe señalarse que estas medidas de fiscalización ex post les imponen a los jueces una exigencia de primer orden, vale decir, la necesidad de llevar a cabo un cuidadoso análisis orientado a establecer la procedencia de la correspondiente sanción. Es decir que, por obvias razones, la efectividad de estas medidas depende principalmente del adecuado ejercicio de la función judicial(21).

Las medidas de fiscalización descritas en el párrafo anterior pueden hacerse efectivas bajo diferentes modalidades, incluida la aplicación de sanciones generales de derecho civil (p.ej. nulidad absoluta por causa u objeto ilícito, simulación, etc.) o de mecanismos especialmente diseñados para operar en el contexto del derecho societario (p.ej. la desestimación de la personalidad jurídica)(22). En vista de que las sanciones de derecho civil han sido suficientemente decantadas en nuestro ordenamiento, es relevante consultar algunos de los principales avances respecto de las medidas de fiscalización judicial concebidas en forma específica para el ámbito societario. Los principales desarrollos en la materia se han dado en el contexto de la ya mencionada desestimación de la personalidad jurídica. En los países anglosajones, en los cuales tuvo su origen esta figura, la desestimación tiene dos aplicaciones primordiales(23). La primera, empleada principalmente en el Reino Unido, consiste en hacer inoponible la personificación jurídica societaria cuando ésta se ha usado con el fin de violar una disposición legal(24). La segunda aplicación, prevalente en los Estados Unidos, consiste en la extensión de responsabilidad a los accionistas de una compañía, por lo general en hipótesis de fraude o abuso societario.

En el Reino Unido, los jueces cuentan con cierta discreción para adoptar cualesquiera medidas que consideren necesarias a fin de corregir o evitar actuaciones abusivas. Según ya se afirmó, el enfoque principal de las cortes británicas ha sido considerar inoponible la personificación jurídica de una sociedad, luego de verificarse su utilización para violar normas legales(25). Un ejemplo de ello puede encontrarse en el antecedente judicial denominado Re FG (Films) Ltd.(26). Según los hechos del caso, una compañía estadounidense intentó valerse de un incentivo económico previsto para largometrajes producidos en el Reino Unido, mediante la constitución de una sociedad en este país. Luego de analizar las pruebas disponibles, el Juez Vaisey, de la División de Cancillería de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, consideró que la nueva sociedad, denominada FG (Films) Ltd., ‘había sido creada con el único propósito de […] hacer pasar el largometraje estadounidense por uno de origen británico’(27). En la sentencia, el Juez Vaisey determinó que, a pesar de haberse constituido en el Reino Unido, FG (Films) Ltd. no podía acceder al beneficio económico reseñado, por cuanto la sociedad estadounidense debía considerarse como la verdadera productora de la película. En este caso, la figura de la desestimación fue utilizada para desconocer la personificación jurídica independiente de FG (Films) Ltd., a fin de evitar que se vulneraran las normas cinematográficas del Reino Unido(28).

Es pertinente anotar que en la legislación societaria argentina se consagró un mecanismo de fiscalización judicial que podría tener efectos similares al explicado en el párrafo anterior. El artículo 54 de la Ley 19.550 alude a la ‘inoponibilidad de la personalidad jurídica’, en los siguientes términos: ‘La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados’. En criterio de Cabanellas de las Cuevas, el citado artículo 54 contempla dos sanciones diferentes para el abuso de la figura societaria. Cuando se configuren los supuestos previstos en la norma, ‘la justicia podrá proceder a imputar la conducta a los socios o controlantes, o a hacerlos responsables por los perjuicios causados. Se trata de distintas alternativas que la norma analizada abre al intérprete y a la justicia’(29).

Ahora bien, en los Estados Unidos, la desestimación de la personalidad jurídica está referida, en forma exclusiva, a la extensión de responsabilidad a los accionistas(30). Por vía de un amplio acervo jurisprudencial, las cortes de ese país han establecido algunos presupuestos para determinar si es procedente aplicar la aludida sanción. Según Reyes Villamizar, ‘se trata de diversas conductas que entrañan una utilización indebida, fraudulenta o abusiva de la forma societaria o de hechos objetivos, tales como la insuficiencia de capital aportado para la explotación económica propuesta’(31). El mismo autor menciona algunos de los presupuestos concernientes, vale decir, operaciones con el socio controlador o mayoritario, violación de formalidades legales y estatutarias, confusión de patrimonios y negocios, fraude a los socios o acreedores e infracapitalización de la sociedad(32). Por su parte, Dobson ha señalado que ‘los indicios que han sido considerados relevantes para estos supuestos son la existencia de una sociedad de un solo socio, la capitalización insuficiente de la sociedad para los fines a los cuales está dispuesta, la falta del cumplimiento de formalidades en la vida de la sociedad, la existencia de traspasos de fondos entre la sociedad y la persona dominante, la falta de vida social por ausencia de asambleas y reuniones, la ausencia de contabilidad y la falta de emisión de las acciones’.

También deben destacarse los importantes desarrollos que se han presentado en el Estado de California, en materia de la desestimación de la personalidad jurídica. Los jueces de ese Estado han aplicado la señalada figura cuando verificando presupuestos fundamentales. En primer lugar, debe demostrarse que existe tal coincidencia entre los intereses de una sociedad y su controlante, que no pueda predicarse una verdadera separación patrimonial entre uno y otro(33). En segundo lugar, es preciso acreditar que, de no aplicarse la desestimación, se produciría un resultado injusto o se validaría una actuación fraudulenta. Para los efectos del presente auto, es relevante consultar algunos de los criterios auxiliares que han usado los jueces californianos para establecer si se ha cumplido el primero de los presupuestos mencionados, es decir, la coincidencia absoluta de intereses entre una o varias sociedades y sus controlantes. Entre tales criterios auxiliares, pueden encontrarse los siguientes: (i) Simetría en las participaciones de capital, (ii) identidad entre los administradores y trabajadores de las sociedades controladas, (iii) carencia de activos sociales y (iv) homogeneidad en los domicilios sociales registrados(34).

De otra parte, debe anotarse que la desestimación de la personalidad jurídica ha sido reconocida explícitamente en el ordenamiento societario colombiano. Entre nosotros, el fundamento para la aplicación de esta figura también puede encontrarse en la necesidad de evitar el abuso de la sociedad de capital con limitación de responsabilidad(35). Así, pues, diversas leyes promulgadas en el país establecen causales de extensión de responsabilidad en hipótesis claramente definidas. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, a cuyo tenor, ‘cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella’(36).

La desestimación de la personalidad jurídica también ha sido estudiada por algunas de las principales autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha reconocido la aplicación de esta figura en el país, bajo las dos modalidades analizadas arriba. En primer lugar, de conformidad con lo expresado en la Sentencia C-865 de 2004, la mencionada corporación aludió a la posibilidad de hacerle extensiva a los accionistas la responsabilidad por las obligaciones sociales. Según la Corte, ‘cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing the corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación’. En segundo lugar, la Corte Constitucional reconoció, en la misma sentencia, que la figura estudiada podía usarse en el sentido de hacer inoponible la personificación jurídica societaria ‘cuando se pretende utilizar la sociedad como medio para adelantar actividades prohibidas a una persona natural’(37).

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto de 1999, aludió a la desestimación en los siguientes términos: ‘Pese a que la personalidad es un privilegio que la ley le otorga a la sociedad exclusivamente para el fin concreto y determinado que se propuso al momento de su creación, cuando en su desarrollo práctico propicia abusos y fraudes se hace necesario prescindir o superar la forma externa de la persona jurídica para desvelar las personas e intereses ocultos tras ella. Es así como la doctrina ha elaborado la teoría del levantamiento del velo de la sociedad o lifting the veil, conocida también en el derecho anglosajón como disregard of legal entity, que son medios instrumentales o técnicas de aplicación de los tribunales, cuando la personalidad jurídica es utilizada para lograr fines ajenos a aquellos para los cuales se creó, caso en el cual debe prescindirse de tal persona y tomar en consideración los hombres y los intereses que detrás de ella se esconden. […] Este abuso tiene lugar cuando la persona jurídica se utiliza para burlar la ley, para quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y en general para defraudar’(38).

Esta superintendencia también se ha pronunciado en múltiples ocasiones acerca de la figura estudiada. En el Oficio 220-51821 del 6 de octubre de 2004, se expresó que ‘cada día ha tomado mayor entidad la figura del allanamiento de la personalidad o levantamiento del velo corporativo, con el propósito de enfrentar de manera eficaz a las maniobras que lejos de enfocarse a la satisfacción de la finalidad social, se encaminan a dar cumplimiento a intereses personales, desnaturalizando la figura societaria y utilizándola como instrumento para desconocer los derechos de terceros’. En este mismo oficio se hizo referencia a algunas de las conductas que podrían dar lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. Se trata, entre otras, de la ‘Constitución de compañías mediante la figura de los prestanombres’ y la ‘creación de sociedades para causar perjuicios a terceros’. En un oficio más reciente, esta Superintendencia manifestó que ‘el levantamiento al velo corporativo, es una medida indispensable para evitar que tras la figura de la persona jurídica societaria, se realicen conductas contrarias a derecho’(39).

A la luz de lo anterior, puede afirmarse que existen incontables criterios para establecer si se ha presentado un abuso de la figura societaria, así como múltiples mecanismos para remediar esta situación. Si bien en la legislación colombiana se han consagrado diversas reglas sobre la materia, las medidas para evitar el abuso han encontrado su máxima expresión en el sistema de protección previsto para la sociedad por acciones simplificadas, según se explica a continuación.

Tras la promulgación de la Ley 1258 de 2008, se introdujo en nuestro ordenamiento la denominada sociedad por acciones simplificada (SAS). Una de las principales innovaciones de la citada ley consistió en simplificar los trámites requeridos para la constitución de este tipo societario. Así, pues, no sólo se suprimió la necesidad de contar con una escritura pública, sino que también se permitió la creación de sociedades unipersonales. Además, la Ley 1258 les confirió a los asociados una amplia libertad dispositiva. Los accionistas de una SAS pueden consagrar en los estatutos sociales todas aquellas disposiciones que consideren necesarias para regular sus relaciones intrasocietarias, sin que les resulten aplicables muchas de las normas imperativas previstas en el Código de Comercio para los demás tipos societarios(40). Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1258, ‘en lo no previsto en la presente Ley, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio’(41). Las normas que rigen este nuevo tipo también permiten la creación de causales estatutarias para la exclusión de accionistas, la restricción absoluta para enajenar acciones por un período determinado, la fijación de porcentajes máximos y mínimos del capital social bajo el control de un accionista, la realización de procesos de fusión o escisión con contraprestaciones de distinta naturaleza y la emisión de acciones con toda clase de prerrogativas.

Es decir que, en las sociedades por acciones simplificadas, la voluntad de los asociados prima, en buena medida, sobre las reglas imperativas previstas en el ordenamiento societario colombiano. Con la expedición de la Ley 1258, el legislador redujo el alto grado de intervención normativa propio de los tipos regulados en el Código de Comercio, para darle paso a la voluntad de los empresarios como la base para el funcionamiento de la SAS. Según el criterio de la Corte Constitucional, ‘el esquema propuesto en la Ley 1258 de 2008 se basa en un principio de intervención mínima por parte del legislador, de modo que los accionistas están facultados para delinear la sociedad que más les convenga a sus propósitos, dentro de los límites contenidos en la propia ley’(42).

Como contrapartida de la simplificación de trámites y la amplia discreción atribuida a los asociados de las SAS, el legislador colombiano estableció un estricto régimen de protección de accionistas y de terceros. Debe decirse que este régimen es mucho más severo que el previsto para los tipos societarios del Código de Comercio. La Ley 1258 de 2008 contiene disposiciones en materia de abuso del derecho de voto en el máximo órgano social, requisitos de unanimidad para la migración hacia el tipo de la SAS y para la modificación de ciertas cláusulas estatutarias, normas sobre los denominados administradores de hecho y reglas especiales en materia de la desestimación de la personalidad jurídica. En los términos expresados en la sección anterior, el régimen de protección contenido en la Ley 1258 parece apoyarse más fuertemente en la aplicación de mecanismos de fiscalización ex post, que en reglas con efectos ex ante.

Sobre el particular, debe consultarse la siguiente opinión, expresada por Reyes Villamizar: ‘La orientación de las reglas sustantivas previstas en la Ley 1258, caracterizadas por un inocultable “antiformalismo”, bien pueden servir de guía en la adjudicación jurisdiccional respecto de conflictos en que esté de por medio una sociedad por acciones simplificada. Entre las innumerables normas de derecho sustancial de la Ley SAS en las que se pretende hacer prevalecer el fondo sobre la forma, puede destacarse el artículo 27, que introduce el concepto de administrador de hecho, que extiende los deberes fiduciarios a cualquier persona que se inmiscuya en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. En idéntico sentido, el artículo 42 del mismo estatuto predica la desestimación de la personalidad jurídica cuando la sociedad es utilizada como instrumento formal para incurrir en fraudes o abusos. […] Por último, puede citarse como ejemplo de prevalencia de la sustancia sobre la forma lo previsto en el ya citado artículo 38 de la Ley SAS, que deroga y suprime una serie de prohibiciones, en muchos casos meramente formalistas, para permitir el ejercicio de una autonomía contractual ajustada a cánones de conducta protegidos por normas sustantivas más razonables’(43).

(ii) Estimación de las probabilidades de éxito de la demanda

Las pretensiones formuladas por el demandante están relacionadas con la constitución en masa de sociedades unipersonales infracapitalizadas, con el aparente fin de obtener una ventaja indebida en las elecciones a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Según las afirmaciones de la demanda, la constitución de alrededor de 1480 sociedades por acciones simplificadas —la enorme mayoría con un solo accionista actuando también como representante legal y un capital de $ 1.000.000— durante los tres primeros meses de 2012, es una situación a lo menos insólita. En este sentido, tales circunstancias fácticas parecerían encajar en la modalidad de abuso que la doctrina ha llamado la interposición societaria. Esta figura consiste en ‘utilizar la sociedad como un intermediario para cumplir actividades que le estarían vedadas a la persona natural’(44). Así, según la demanda, la constitución de cerca de 1480 SAS sirvió de expediente para que 72 personas naturales emitieran más votos de los que por ley les corresponderían en las referidas elecciones. De verificarse una actuación de esta naturaleza, se habría producido un grave abuso de la figura societaria analizada.

Con todo, es importante aclarar que la sola constitución de múltiples sociedades unipersonales no configura, por sí sola, una actuación de naturaleza abusiva. Según se explicó antes, la comprobación del abuso de las formas asociativas presupone un cuidadoso análisis, para el cual deberá siempre contarse con suficientes elementos de juicio. En el caso sub examine, el demandante ha sometido a consideración de este despacho un amplísimo acervo probatorio, el cual permite realizar un análisis preliminar orientado a establecer las probabilidades de éxito de la demanda. Muchas de las pruebas que este despacho usará para tales efectos han sido extraídas del juicioso estudio efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Resolución 55180 del 24 de septiembre de 2012, la cual fue aportada con la demanda. La citada entidad realizó una detallada investigación, durante la cual se visitaron las instalaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla, así como algunos de los domicilios sociales de las compañías demandadas. Como resultado de esta labor, la SIC encontró indicios acerca de la existencia de conductas anómalas en las elecciones de la junta directiva de la referida Cámara de Comercio. Se trató, al parecer, de actuaciones coordinadas entre diversas personas naturales, aparentemente encaminadas a perpetrar un fraude electoral mediante la constitución en serie de sociedades por acciones simplificadas. Según el texto de la citada Resolución 55180, ‘al combinar varias de las similitudes encontradas […] con las preferencias de votación que se pudieron demostrar para ciertos representantes legales se tiene que éstos parecen votar de manera conscientemente coordinada, lo que permite presumir que esto no es un evento fortuito, sino el resultado de una decisión tomada mutuamente y de común acuerdo encaminada a alterar el resultado de las elecciones’ (vid. pág. 51 de la Resolución).

Debe anotarse, además, que las circunstancias fácticas detectadas por la SIC parecen ajustarse, en alguna medida, a los presupuestos concebidos tanto en Colombia como en el extranjero para detectar el abuso de formas asociativas. En primer lugar, es preciso hacer referencia a los elementos formales relativos a la constitución de las compañías demandadas. Así, pues, la información disponible en esta etapa del proceso da cuenta de 1.476 SAS unipersonales, controladas en diversas proporciones por cerca de 72 personas naturales (vid. fl. 128, expediente) y constituidas en un corto espacio de tiempo para adelantar las más diversas ocupaciones (v.gr. operación de museos, canteras, consultorios médicos, transportes, acerías y agencias marítimas), la gran mayoría con un capital simétrico de $ 1.000.000, homogeneidad en los domicilios sociales registrados por un mismo controlante e identidad entre el único accionista y el representante legal.

En segundo lugar, la demanda le atribuye a las anteriores actuaciones una finalidad contraria a la ley, vale decir, la manipulación de las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En criterio del demandante, este ánimo defraudatorio puede constatarse en diferentes hechos. Según la información que consta en el expediente, las citadas compañías fueron creadas durante los tres primeros meses del 2012 e inmediatamente afiliadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla, lo cual las habilitó para votar en las respectivas elecciones. Debe anotarse que, durante los meses indicados, tanto el número de constituciones de compañías como el porcentaje de afiliación entre tales personas jurídicas desbordaron con amplitud las estadísticas registradas por la Cámara de Comercio de Barranquilla en años anteriores (vid. fls. 130 y 131, exp.).Mientras que, entre 2008 y 2011, el promedio de constitución de sociedades durante los primeros tres meses del año había sido de 650, en el 2012 se constituyeron 2.463 compañías en ese lapso. Al mismo tiempo, el porcentaje de afiliación de nuevas compañías pasó de un promedio de 1.4% entre 2008 y 2011 al 62.4% de la totalidad de las sociedades creadas durante el primer trimestre de 2012 (vid. fls. 130-131, exp.). De otra parte, según lo expresado por la SIC en la Resolución 55180, antes citada, en las elecciones se produjo una alta correspondencia entre el número de sociedades registradas durante el primer semestre de 2012 y el número de votos emitidos (vid. pág. 39 de la resolución). Como resultado de todo lo anterior, las sociedades demandadas concentraron, en conjunto, ‘el 36% de la totalidad de los votos posibles para elegir miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio’ (vid. fl. 128, exp.).

A continuación se presenta una breve síntesis de los múltiples indicios de actuaciones irregulares que fueron encontrados por la SIC durante la aludida investigación.

1. Constitución y afiliación en masa de sociedades por acciones simplificadas: Según la información puesta a consideración de este despacho, durante el primer semestre del año 2012 se presentó un incremento sustancial en el registro de nuevas sociedades ante la Cámara de Comercio de Barranquilla. En la demanda se afirma que ‘las matrículas entre enero y marzo de 2012 (4.957) crecieron un 116% con respecto a 2011’ (vid. fls. 59 y 60, exp.). Según lo expresado por el demandante, de las nuevas sociedades constituidas durante el primer semestre del año 2012, el 48.15% (es decir, 2387 sociedades) corresponden a SAS de accionista único. En el curso de las visitas de inspección efectuadas por la SIC, esa entidad encontró que 72 personas naturales habían constituido 1483 de las sociedades mencionadas (vid. fls. 244 y 245, exp.). En los casos analizados por la SIC, ‘una sola persona decide crear más de una sociedad en un período inferior a 3 meses, habiendo personas que constituyeron y registraron hasta 46 sociedades en menos de un mes’ (vid. fl. 254, exp.).

Según ya se afirmó, el inusitado aumento en la constitución de sociedades unipersonales estuvo acompañado de la afiliación masiva de estas nuevas compañías a la Cámara de Comercio de Barranquilla. En la demanda se pone en evidencia la tendencia histórica de afiliación a la Cámara de Comercio de Barranquilla, para lo cual el demandante expresa que el ‘62.4% de las personas jurídicas que se matricularon en el primer trimestre de 2012 se afiliaron sistemáticamente a la Cámara de Comercio’ cuando la ‘tendencia histórica evidencia que este porcentaje no supera el 2%’ (vid. fls. 130 y 131, exp.).Esta última circunstancia es importante en tanto en cuanto el derecho de voto en las elecciones a la Cámara de Comercio de Barranquilla puede obtenerse tras la afiliación —en lugar de la simple constitución— de personas jurídicas societarias.

2. Simetría en el capital de las nuevas sociedades: Según lo expresado en la Resolución 55180, la SIC encontró que 1481 de las SAS investigadas se habían constituido con un capital suscrito y pagado de $ 1.000.000 (vid. fls. 253 y 254, exp.). En este sentido, luego de una revisión de los certificados de existencia y representación legal aportados con la demanda, este despacho pudo establecer que, con una sola excepción, las 1.476 SAS demandadas en el presente proceso cuentan con un capital suscrito y pagado de $ 1.000.000 (vid. fls. 578 al 3.698)(45). Además de la simetría en los montos destinados para la constitución de las aludidas compañías, el despacho debe poner de presente la posible infracapitalización de varias de estas sociedades. En verdad, la aludida suma de $ 1.000.000 sería claramente exigua para adelantar actividades tales como la operación de un laboratorio clínico (vid. fl. 42, exp.), una planta de energía solar (vid. fl. 3, exp.) o la producción de implementos plásticos (vid. fl. 44, exp.).

3. Homogeneidad en el número de empleados de las sociedades demandadas: Según la información contenida en el expediente, un alto porcentaje de las compañías constituidas durante el primer trimestre de 2012 cuenta, apenas, con un empleado. Ciertamente, según lo expresado en la Resolución 55180, la SIC encontró que ‘la mayoría de las nuevas sociedades (98.71%) registra un único empleado’ (vid. fl. 253, exp.). En este orden de ideas, en línea con lo expresado antes, es a lo menos llamativo que compañías constituidas para adelantar las más diversas actividades cuenten con un solo empleado.

4. Cálculo de las frecuencias de representación legal entre las nuevas sociedades: En la demandase afirma que ‘mil quinientas una (1.501) sociedades, es decir el 63% están representadas por solo 72 personas’ (vid. fls. 60 y 61, exp.). Por su parte, en la Resolución 55180 de 2012, la SIC también pone de presente que 72 personas naturales detentan la calidad de representantes legales en las sociedades unipersonales antes mencionadas (vid. fls. 250 a 252, exp.). Con fundamento en la investigación a que se ha hecho referencia, la SIC pudo establecer las frecuencias de representación legal de tales personas naturales en las nuevas SAS, según se expone en el siguiente cuadro:

Tabla 1

Frecuencias de representación legal entre las sociedades constituidas durante el primer trimestre de 2012

Nº de sociedades
constituidas
Nº de representantes
legales
Nº de sociedades
constituidas
Nº de representantes
legales
461204
411192
401184
361172
312151
307141
293121
282113
275108
26494
25582
24262
23151
21121

Fuente: SIC, Resolución 55180 de 2012

Es decir que, según la anterior información, una sola persona fue designada como representante legal de 46 SAS constituidas durante el primer trimestre de 2012, al paso que 7 personas naturales fueron inscritas como representantes legales de 210 SAS.

5. Uniformidad en los formatos utilizados para la constitución de las sociedades demandadas: En el curso de su investigación, la SIC encontró un alto grado de uniformidad en los formatos utilizados para la constitución de las sociedades demandadas. Según esa entidad, existe ‘una impresionante similitud en casi todos los formatos utilizados, modificando en la gran mayoría de los casos únicamente el nombre del accionista, objeto y razón social de cada sociedad. Habiendo en todos coincidencia respecto del nombre del representante legal, del accionista y la razón social’ (vid. fl. 254, exp.).

6. Composición de la razón social de las sociedades demandadas: Según los resultados de la investigación adelantada por la SIC, existe un patrón de coincidencia en las razones sociales de las sociedades demandadas. En la mayoría de los casos, las referidas razones sociales están compuestas por el nombre y los apellidos del accionista único (vid. fls. 1 al 51 y del 129 al 130, exp.). De conformidad con el criterio de la SIC, ‘una gran mayoría de estas [sociedades] tiene un nombre que termina ya sea bien con el nombre o apellido del representante legal y accionista, o con alguna combinación de letras del nombre completo de éste’ (vid. fl. 255, exp.).A continuación se presenta una tabla con la información obtenida por la SIC:

Tabla 2

Ejemplos de los nombres de las sociedades denunciadas

AccionistaRazón social
Samuel David TcherassiSAMTCHO
Carlos Enrique Pallares ZambranoCPAL
Argemiro Rafael Herrera LeguiaIHR
Jairo Eduardo Pérez OrozcoEduper
William Alberto Lugo FontalvoFoltal
Hernando Castañeda QuinteroCasqui
José Manuel Cortina GonzálezMcortina
Diana Patricia Camargo BarretoDicaba
Gianni Enrique Rivera MontielRimonti
Armando José Olave BeltránAjob
Nayib René Reguillo CharrisReguillo
Mabel Margarita Monsalve SalcedoMonsalve

Fuente: SIC, Resolución 55180 de 2012

7. Parentesco entre varios de los representantes legales de las compañías nuevas: De la lectura de los hechos de la demanda, así como de lo expresado por la SIC en la citada Resolución, se puede concluir que varios de los representantes legales de las sociedades demandadas podrían llegar a tener un vínculo familiar cercano, bien sea porque coinciden en ambos apellidos o porque comparten uno de los dos (vid. fls. 1 al 51, exp.).

8. Similitud en las direcciones y teléfonos registrados por las sociedades demandadas: En la demandase describe, en detalle, la coincidencia encontrada entre la dirección y los teléfonos registrados en las sociedades constituidas por un mismo representante legal, durante el primer trimestre de este año (vid. fls. 61 al 126, exp.). En la Resolución 55180 de 2012, la SIC también alude a la coincidencia existente respecto de los teléfonos y las direcciones registradas por varias de las sociedades demandadas. En este sentido, a pesar de que las sociedades demandadas tienen objetos sociales disímiles, muchas de ellas operan en una misma dirección. Según lo expresado por la SIC, ‘en el mismo sitio operan negocios que abarcan desde un museo, una aseguradora, un servicio de limpieza y hasta una empresa de software […]. Si bien extraña y sorprende que una empresa cuyo objeto social tiene que ver con canteras, opere en el mismo lugar físico que un centro de fotografía e impresión, una empresa de confección de tejidos y negocios de cerámicas y pisos, lo que más genera curiosidad es que los servicios de cantera se presten en el mismo lugar físico en donde opera un centro cardiológico’ (vid. fl. 258, exp.).

9. Expedición en masa de certificados de cumplimiento de los deberes del comerciante de las sociedades demandadas: En el hecho tercero de la demanda, la Cámara de Comercio de Barranquilla incluye una lista en la que se establece que ‘Cuarenta y Nueve contadores expidieron mil trescientos cincuenta y un (1351) certificados de contador a las SAS’ (vid. fls. 127 y 128, exp.). Por su parte, durante su investigación, la SIC encontró que 10 contadores públicos habían expedido alrededor de 700 certificados, en los cuales se aseguraba que las compañías cumplían con sus deberes como comerciantes (vid. fl. 246, exp.).

10. Los votos de las sociedades demandadas en las elecciones a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla 2012-2014: En el curso de la investigación efectuada por la SIC, se encontró una alta correspondencia entre el número de sociedades registradas durante el primer semestre de 2012 y el número de votos emitidos (vid. fl. 251). A continuación se presenta una tabla en la que se pone de presente la información obtenida por la citada entidad: (vid. fl. 252):

Tabla 3

Cálculo de la votación efectuada por las nuevas sociedades

 Número en valor absoluto% del total de votos posibles
Representantes legales que ejercen funciones en más de una sociedad72-
Número total de sociedades constituidas desde enero 1 de 2012 31 de marzo de 2012148325.49%
Total de votos registrados para los 72 personas que representan a más de una empresa148925.59%

Fuente: SIC, Resolución 55180 de 2012

Para determinar las listas por las que votaron los representantes legales de las nuevas sociedades, la SIC efectúo un detallado análisis, bajo el cual se tomó en cuenta la mesa en la que votó cada una de las sociedades objeto de la investigación y la cantidad de votos que obtuvo cada una de las listas en las mesas respectivas. Con base en esta investigación, la SIC concluyó que ‘la constitución de las empresas referidas probablemente influyó de manera significativa en los resultados de las elecciones’ (vid. fl. 262)

A la luz de las anteriores consideraciones, el despacho considera que, en esta etapa inicial del proceso, el demandante ha acreditado que sus pretensiones tienen una probabilidad de éxito lo suficientemente alta como para decretar una medida cautelar. En verdad, existen múltiples indicios que apuntan al posible abuso del tipo de la SAS, perpetrado, según la demanda, mediante la constitución en masa de sociedades unipersonales infracapitalizadas con el propósito de alterar los resultados de las elecciones a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla(46). Por supuesto que la determinación final sobre los asuntos debatidos en el presente proceso sólo se producirá al momento de dictar sentencia, una vez el despacho cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. En todo caso, para los efectos de este Auto, el despacho considera cumplido uno de los presupuestos principales requeridos para decretar una medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso. Así las cosas, se procederá con el análisis de los demás elementos previstos en la norma citada.

III. Interés para actuar

Otro de los presupuestos requeridos por el Código General del Proceso para establecer la procedencia de medidas cautelares es la legitimación o interés para actuar. Para estos efectos, lo primero que debe señalarse es que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 898 de 2002, las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, integradas por los comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil y representadas por sus respectivos presidentes. Las cámaras de comercio cuentan con una junta directiva compuesta por un número de seis a doce miembros, según lo determine el Gobierno Nacional en atención a la importancia comercial de cada circunscripción.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 81 del Código de Comercio, con excepción de los representantes del gobierno, los directores de las cámaras serán elegidos directamente por los comerciantes inscritos en la respectiva cámara o por los comerciantes afiliados. Además, el artículo 9 del Decreto 726 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 333 de 2012, señala que el representante legal de cada cámara de comercio es el responsable de administrar el proceso electoral. Por este motivo, al señalado funcionario le corresponde elegir un jurado para cada mesa de votación que proyecte instalar, disponer todo lo necesario para que se imparta capacitación a los jurados de votación, así como realizar el escrutinio final que hará constar en acta que deberá suscribir y enviar a la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con una constancia suya que dé cuenta del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las normas pertinentes para la elección.

Así las cosas, tanto las funciones atribuidas al representante legal de las cámaras de comercio en relación con la elección de sus directores, como el procedimiento para llevar a cabo las aludidas votaciones dejan claro que el demandante tiene un interés suficiente para actuar, en los términos del artículo 590 del Código General del Proceso.

IV. Existencia de una amenaza inminente y necesidad de la medida

Las elecciones de los miembros de junta directiva de las cámaras de comercio han sido objeto de regulación tanto por parte del legislador como por el Gobierno Nacional. Ello se debe, en buena medida, a que tales elecciones pueden tener un impacto respecto de las entidades encargadas de administrar el registro mercantil, así como de realizar otras actividades de importancia para el desarrollo económico del país.

Algunas de las primeras medidas de intervención del estado en el funcionamiento de las cámaras de comercio pueden encontrarse en las leyes 111 de 1890 y 28 de 1931. En ambas normas se dispuso que los directivos de las cámaras serían elegidos por los comerciantes. En este sentido, conforme al artículo 6º de la Ley 28 de 1931, la primera elección de miembros de la junta directiva debían hacerla los principales comerciantes de la respectiva jurisdicción. Las elecciones posteriores a la inicial eran realizadas por las personas inscritas en el registro mercantil de cada organismo. Debido al alto volumen de comerciantes inscritos en cada cámara de comercio, el artículo único del Decreto 1457 de 1942 dispuso que, en aquellas jurisdicciones en las que hubiera más de cien comerciantes inscritos, los comerciantes afiliados elegirían a los respectivos miembros de junta directiva. Con la expedición del Código de Comercio, se introdujo la regla mediante la cual una tercera parte de los miembros de la junta directiva son elegidos por el Gobierno Nacional. En lo demás, se previó que la votación tomaría en cuenta a los comerciantes matriculados o a los afiliados, dependiendo de criterios establecidos en la ley(47).

Una de las funciones más importantes a cargo de las cámaras de comercio consiste en operar el registro público mercantil, en los términos del artículo 86 del Código de Comercio. En este orden de ideas, según lo manifestado por la Comisión Revisora del Código de Comercio, el sistema de registro mercantil introducido con el citado Código busca no sólo conservar las solemnidades requeridas para ciertos actos de comercio, sino también fortalecer la publicidad mercantil como mecanismo de protección de terceros. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha expresado que ‘coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de ciertos datos relevantes para el desarrollo de la actividad mercantil. Algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no sólo entre la partes, sino también frente a terceros, por lo cual, por razones de seguridad jurídica, es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público. Por ello, la ley impone al comerciante la obligación de dar publicidad a tales hechos o actos, así como su propia condición de comerciante’(48).

En el presente caso, se debate la posible existencia de un fraude electoral, por cuya virtud se habría modificado, de modo sustancial, la composición de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Por este motivo, el despacho considera que es necesario decretar una medida cautelar, a fin de preservar el orden público y proteger a la citada entidad, la cual está encargada de administrar el registro mercantil en la ciudad de Barranquilla. Lo anterior adquiere un carácter verdaderamente urgente en vista de que, según consta en la demanda y sus anexos, existen fuertes controversias acerca de la designación los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio. Así las cosas, el despacho considera que la medida cautelar objeto del presente auto es necesaria para mitigar, en forma temporal y hasta la resolución del presente proceso, el riesgo de que se pudiese llegar a perpetrar una actuación fraudulenta.

V. Efectividad y proporcionalidad de la medida.

La apoderada de la Cámara de Comercio de Barranquilla ha solicitado la suspensión de las matrículas mercantiles de las compañías demandadas. Con todo, el despacho considera que existe una medida más proporcional y efectiva para el caso sub examine. Se trata de una medida cautelar con tres componentes diferentes. En primer lugar, el despacho considera que suspender la afiliación de las sociedades demandadas resulta más congruente con las pretensiones de la demanda que la cancelación de las respectivas matriculas. Ello se debe a que esta suspensión tendría por efecto la imposibilidad de que las sociedades demandadas votaran en cualquier elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, sin provocar la extinción de tales compañías. En este orden de ideas, según la información aportada mediante documento radicado el 7 de diciembre de 2012 bajo el número 2012-04-015552, la suspensión de las afiliaciones no tendría por efecto una modificación del factor de cómputo requerido para calcular el número de comerciantes habilitados para votar (v.gr. matriculados o afiliados).

En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, es preciso que la Cámara de Comercio de Barranquilla remueva a las sociedades demandadas de la lista de comerciantes habilitados para votar en las elecciones de la junta directiva. En tercer lugar, el despacho ha tenido conocimiento de un hecho notorio, vale decir, la suspensión de las determinaciones adoptadas por la SIC en las resoluciones 55180 del 24 de septiembre de 2012 y 59578 del 3 de octubre de 2012. Según la publicación efectuada en el diario El Heraldo el pasado 8 de diciembre, Abelardo Andrade Meriño, Juez 22 Municipal, decretó una medida cautelar por cuya virtud se suspendieron provisionalmente las decisiones contenidas en las resoluciones a que se ha hecho referencia(49). Las determinaciones suspendidas tuvieron por efecto principal la anulación de las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla celebradas el 5 de julio de 2012.

Sin desconocer el ámbito de competencia del Juez 22 Municipal, este despacho considera necesario adoptar una medida que permita preservar el orden público, salvaguardar los intereses de la totalidad de los comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio de Barranquilla y permitir el adecuado funcionamiento del registro mercantil. Por este motivo, al mismo tiempo que se reconoce la suspensión de las decisiones que tuvieron por efecto la anulación de las elecciones del 5 de julio, es indispensable diferir, en forma provisional, el nombramiento de los sujetos que resultaron elegidos en esa fecha. Por este motivo, se le ordenará a la Cámara de Comercio de Barranquilla que suspenda las designaciones que han sido efectuadas y se abstenga de posesionar a tales sujetos, hasta tanto se cumpla el curso del presente proceso. El despacho considera que esta medida provisional se ajusta al alcance de las pretensiones formuladas por la Cámara de Comercio de Barranquilla, así como a los hechos que le sirven de sustento a la demanda.

Debe hacerse énfasis en que las medidas aquí descritas son bien diferentes de las determinaciones consignadas en las Resoluciones de la SIC que fueron suspendidas por el Juez 22 Municipal. Ello se debe, por una parte, a que el presente proceso alude a la constitución y afiliación de 1476 SAS, al paso que las decisiones de la SIC se concentraron exclusivamente en la legitimidad de las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. De otra parte, los efectos de las citadas medidas difieren de aquellos derivados de las decisiones adoptadas por la SIC. Así, por ejemplo, las medidas previstas en el presente auto no tienen por efecto anular las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla celebradas el pasado 5 de julio, sino simplemente diferir, en forma provisional, el nombramiento de los directores elegidos en esa fecha.

Por lo demás, debe recordarse que, conforme al artículo 590 del Código General del Proceso, podrá decretarse ‘cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión’.

VI. La caución y los perjuicios derivados de la práctica de la medida cautelar

Si bien la medida cautelar analizada es un mecanismo idóneo para proteger los intereses del demandante, también es cierto que su práctica podría llegar a generar perjuicios. Por este motivo, uno de los requisitos contemplados tanto en el nuevo Código General del Proceso como en el Código de Procedimiento Civil es el otorgamiento de una caución que garantice la indemnización de los posibles perjuicios irrogados en caso de que no prosperen las pretensiones formuladas en la demanda. En vista de que la contra cautela debe ser suficiente para cubrir los señalados perjuicios, se hace necesario examinar las reglas previstas en nuestro ordenamiento para fijar su cuantía.

En el artículo 590 del Código General del Proceso se establece que la caución debe ser ‘equivalente al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda.’ Sin embargo, debe señalarse que el demandante no ha estimado un valor económico respecto de sus pretensiones. En todo caso, el mismo artículo 590 dispone también que ‘el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable’. Así las cosas, el deberá fijarse una caución que corresponda verdaderamente con los posibles perjuicios derivados de la medida cautelar. Como se expresó antes, debido a que la protección de los intereses del demandante podría generar serios perjuicios, este despacho debe tener en cuenta también los intereses de las partes afectadas por la medida cautelar. Sobre el particular, este despacho ha considerado que, para fijar el valor de la caución, es indispensable efectuar un análisis de los efectos que podrían derivarse de tal medida(50).

Por una parte, en vista de que los principales efectos de las medidas adoptadas recaen sobre la afiliación de las sociedades demandadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla, el despacho tendrá en cuenta el valor de la aludida afiliación como un factor para calcular el monto de la caución. En este sentido, mediante auto 801-017038 del 3 de diciembre de 2012, este despacho requirió a la parte demandante a fin de que certificara el valor de la cuota de afiliación. De conformidad con lo expresado por la parte demandante, la referida cuota asciende a $ 91.500 para aquellas sociedades cuyos activos oscilan entre $ 1 y $ 100.000.000. Así, al imputarle una cuota estimada de afiliación de $ 91.500 a cada una de las 1476 compañías demandadas, se obtiene un valor de $ 135.054.000.

De otra parte, las probabilidades de éxito de las pretensiones del demandante también deberán usarse como un criterio para establecer la cuantía de la caución. Podría pensarse, incluso, en una relación inversamente proporcional, por cuyo efecto, entre mayores sean las probabilidades de éxito, menor será el valor de la caución. Esta fórmula encuentra justificación en el hecho de que la caución sólo se hace efectiva cuando no prosperan las pretensiones del demandante. Según lo expresado por Garnica Martín, ‘la fortaleza de la apariencia de buen derecho es un factor determinante del importe de la caución, y es razonable que lo sea, dado que es un factor directamente indicativo del riesgo de que se produzcan los daños y perjuicios que se pretenden garantizar’(51). Así, pues, por virtud de las consideraciones efectuadas en el acápite correspondiente, el despacho estima que las probabilidades de éxito de la demanda justifican fijar la cuantía de la caución en un 10% del valor estimado de las afiliaciones aparentemente pagadas por las sociedades demandadas. Por consiguiente, la caución se fijará en la suma de $ 13.505.400. En caso de ser prestada en dinero, la suma correspondiente deberá consignarse en la cuenta de depósitos judiciales 110019196112 del Banco Agrario, a nombre del grupo de procesos especiales.

Por virtud de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

RESUELVE:

Primero. Fijar una caución por la suma de $ 13.505.400, la cual deberá ser prestada por el demandante dentro de los 10 días siguientes a la notificación del presente auto. La aludida caución podrá prestarse bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley para el efecto. El decreto y práctica de las medidas descritas en los numerales siguientes estará sujeto a la condición de que el demandante preste la caución antes mencionada.

Segundo. Una vez prestada la caución, suspender la afiliación de las sociedades demandadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta suspensión será efectiva a partir de la fecha de afiliación de cada una de las compañías demandadas.

Tercero. Ordenarle a la Cámara de Comercio de Barranquilla que, una vez prestada la caución, remueva a las sociedades demandadas de la lista de comerciantes habilitados para votar en las elecciones de la junta directiva de la citada entidad.

Cuarto. Una vez prestada la caución, diferir, de manera provisional, el nombramiento de los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla elegidos el 5 de julio de 2012.

Quinto. Ordenarle a la Cámara de Comercio de Barranquilla que, una vez prestada la caución, suspenda los nombramientos de los miembros de la junta directiva elegidos el 5 de julio de 2012 y, en caso de ser necesario, se abstenga de posesionarlos, hasta tanto se cumpla el curso del presente proceso.

Notifíquese y cúmplase.

El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles,

José Miguel Mendoza

(1) Cfr. Auto 800-016014 del 19 noviembre 2012; Auto 801-014531 del 17 octubre 2012; Auto 801-012437 del 3 septiembre 2012 y Auto 700-008103 del 10 agosto 2012.

(2) J Garnica Martín, ‘Medidas Cautelares en el Proceso de Impugnación de Acuerdos Sociales’ en Órganos de la Sociedad de Capital, Tomo I (2008, Valencia, Tirant Lo Blanch) 580.

(3) En opinión de Garnica Martín, el análisis preliminar requerido para establecer la apariencia de buen derecho ‘no tiene por qué significar que el juez que ha emitido un juicio previo haya perdido su imparcialidad: ambos juicios versan sobre lo mismo pero no se emiten a partir de los mismos elementos probatorios, por lo que no es difícil que pueda cambiar la visión del juez que dictó medidas cautelares sobre el asunto cuando dicta sentencia’ (2008) 580.

(4) R Bejarano Guzmán, Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales, 5ª Edición (2011, Bogotá, Editorial Temis) 167. En este mismo sentido puede consultarse lo expresado por López Blanco (‘También debe quedar muy claro que la suspensión provisional no vincula al juez, quien por decretarla no se ve obligado a aceptar las pretensiones de la demanda, pues si en el desarrollo del proceso surgen pruebas que acrediten plenamente la legalidad del acto, en la sentencia absolutoria deberá además ordenar la finalización de los efectos de la suspensión’). HF López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo II: Parte Especial, 7ª Edición (1999, Bogotá, Dupre Editores) 149.

(5) Cfr. a E Osborne, The Rise of the Anti-Corporate Movement, (2007, Westport, Praeger Publishers).

(6) FH Easterbrook y DR Fischel, The Economic Structure of Corporate Law (1991, Cambridge, Harvard University Press) 40-62.

(7) W Bagehot, Lombard Street: A description of the Money Market, (A W Wright, London, 1915) 7-13.

(8) Cfr. a S Banner, What Causes New Securities Regulation: 300 Hundred Years of Evidence (1997) 75 Wash Univ L Quart 849 y J Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica (1985, Buenos Aires, Ediciones De Palma).

(9) La sociedad de capital con limitación de responsabilidad fue prohibida en Inglaterra a partir de la expedición de la Ley de Burbujas de 1720, la cual fue una respuesta legislativa al escándalo de la Compañía del Mar del Sur. Esta prohibición se mantuvo en pie hasta las reformas introducidas en la primera mitad del siglo XIX. E Osborne (2007)30.

(10) RG Rajan y L Zingales, Property Rights and the Taming of Government (disponible en la siguiente dirección: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/rajan.pdf).

(11) E Osborne (2007) 33.

(12) TK Cheng, The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the US Corporate Veil Doctrines (2011) 34 BOSTON COLL INT & COMP L REV 2.

(13) Los abusos de la figura societaria ‘han forzado a los sistemas jurídicos a reaccionar mediante la creación de expedientes judiciales o legislativos de extensión de responsabilidad y de desconocimiento de la personalidad jurídica’. FH Reyes Villamizar, Derecho Societario, Tomo I, 2ª Ed (2006, Bogotá, Editorial Temis) 222.

(14) RJ Gilson y A Schwartz, Constraints on Private Benefits of Control: Ex Ante Control Mechanisms

Versus Ex Post Transaction Review, (2012) Yale Law and Economics Research Paper 455.

(15) J Armour, Legal Capital: An Outdated Concept? (2006) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 320. Son relevantes las afirmaciones efectuadas por Reyes Villamizar respecto de la supresión del requisito de la escritura pública para la constitución de sociedades por acciones simplificadas. En su criterio, ‘la controversia que se originaba antes por la supresión de este requisito fue superada a partir de la expedición de la Ley 222 de 1995. El régimen de constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada permitió comprobar que era viable prescindir de esa formalidad sin que por ello se produjera inseguridad jurídica o una especial propensión al fraude; quedó demostrado que no se requería una costosa duplicidad de trámites en el proceso constitutivo del sujeto’. FH Reyes Villamizar, SAS: La Sociedad por Acciones Simplificada, 2ª Ed. (2010, Bogotá, Editorial Legis) 94.

(16) RJ Gilson y A Schwartz (2012).

(17) J Armour (2006)15. En este ensayo, el autor se refiere, en particular, a las reglas de capital mínimo que aún prevalecen en algunos países de la Unión Europea.

(18) Para un análisis de la importancia de control de legalidad ejercido por las Cámaras de Comercio respecto de las sociedades por acciones simplificadas, puede consultarse a FH Reyes Villamizar (2010) 14-15.

(19) Puede consultarse, en este sentido, el análisis comparado realizado por Reyes Villamizar (2010) acerca de la flexibilización de los trámites de constitución de sociedades.

(20) RJ Gilson y A Schwartz (2012).

(21) Id.

(22) J Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica (1985, Buenos Aires, Ediciones De Palma). La doctrina ha señalado que, en algunos casos, estos mecanismos especiales pueden ser más idóneos para hacerle frente al abuso de la sociedad de capital que los postulados civilistas a que se ha hecho referencia. Según Cabanellas de las Cuevas, el mecanismo de desestimación de la personalidad jurídica previsto en Argentina, ‘tiene la virtud de que prevé consecuencias de las conductas antijurídicas allí descriptas, específicamente ajustadas a las necesidades de la vida societaria, en lugar de otras, como nulidades, disolución societaria o indemnización de daños y perjuicios, que pueden surgir de las normas cuyo ámbito de aplicación es más amplio que la desestimación de la personalidad societaria […]’. G Cabanellas de las Cuevas, Derecho Societario – Parte General: La Personalidad Jurídica Societaria, Tomo III (1994, Buenos Aires, Editorial Heliasta) 97.

(23) TK Cheng (2011).

(24) ‘Aunque en la mayoría de los casos estadounidenses en materia de desestimación se ha llegado a la extensión de responsabilidad a los accionistas, esta aplicación de la figura rara vez se presenta en el Reino Unido’. Id. 344.

(25) PA Davies, Principles of Modern Company Law, 8th ed (2008, Londres, Sweet & Maxwell) 200.

(26) [1953] 1 All ER 615.

(27) Id. 617.

(28) PA Davies (2008) 200. En otro caso, fallado durante la Primera Guerra Mundial, una compañía con accionistas alemanes fue clasificada como ‘enemiga’ para los efectos de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1914, a pesar de haber sido constituida en el Reino Unido (Daimler Co Ltd. v Continental Tyre and Rubber Co Ltd [1916] 2 AC 307).

(29) G Cabanellas de las Cuevas (2004) 98. El mismo autor ha señalado que ‘la función principal del artículo 54, segundo párrafo, de la LSC, pasa a ser el prever efectos jurídicos derivados de la violación de la ley o de derechos por vía de la personalidad societaria o sus efectos, efectos jurídicos especialmente ajustados a solucionar ese tipo de violaciones sin crear consecuencias o perjuicios innecesarios’ (97).

(30) FH Reyes Villamizar (2006).

(31) FH Reyes Villamizar (2006) 264.

(32) Id. 264-266. Respecto del presupuesto denominado ‘fraude a los socios o acreedores’, el autor ha expresado que ‘[una] sociedad puede haberse constituido como un simple testaferro, con el objeto de evadir el cumplimiento de obligaciones, disimular bienes, burlar los intereses del fisco, evitar responsabilidades o, en general, engañar a los terceros que contratan con la sociedad’(Id.).

(33) Cfr. a JJ Hagan, The Alter-Ego Doctrine Exception in California Corporate Law (2007) Hagan Law Firm Report, 2, disponible en la siguiente dirección: http://haganlaw.com/wp-content/uploads/2011/05/Aler_Ego_Doctrine_2007.pdf

(34) Id.

(35) Cfr. a FH Reyes Villamizar (2006) 222. El citado autor presenta una descripción detallada acerca de los orígenes de la desestimación de la personalidad jurídica, así como de su aplicación en el contexto colombiano (Id. 262-273).

(36) Para una lista de las múltiples reglas legales que establecen causales de extensión de responsabilidad, vid. FH Reyes Villamizar (2006) 267-273.

(37) El ejemplo citado en la Sentencia C-865 de 2004 alude a hipótesis en las que ‘se ha usado a las sociedades de personas para desconocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para las personas naturales en materia de contratación estatal’.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: Ricardo Hoyos Duque.

(39) Oficio 220-11545 del 17 de febrero de 2012.

(40) En criterio de la Corte Constitucional, las diferencias entre la SAS y los tipos sociales del Código de Comercio ‘responden a un paradigma conceptual totalmente distinto inspirado en la flexibilidad, el énfasis en la voluntad de los accionistas para darse sus reglas de funcionamiento, la agilidad en los procedimientos, y la deferencia a las decisiones estatutarias en preferencia a las previsiones legales’ (Sent. C-014, ene. 20/2010). Además, según el artículo 38 de la Ley 1258, ‘las prohibiciones contenidas en los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán a las sociedades por acciones simplificadas’.

(41) En el proyecto 241 de la Cámara de Representantes, el cual le dio origen a la Ley 1258 de 2008, se estableció lo siguiente: ‘las sociedades por acciones simplificada se caracterizan por permitir un amplio espacio para los acuerdos de los asociados, remitiéndose por competencia residual a las disposiciones previstas para las sociedades anónimas en los asuntos en que las partes no pacten cosa distinta’.

(42) Sentencia C-014 del 20 enero 2010. En la misma providencia se expresó lo siguiente: ‘Más que entrar a hacer una regulación detallada de todos los aspectos de las SAS, el legislador dejó un amplio margen para que sea regulado por la voluntad de los accionistas. La Ley 1258 de 2008 regula algunos aspectos muy generales pero principalmente, contiene normas supletivas que sólo operarán en caso de vacío estatutario. El principio dispositivo es evidente a todo lo largo de su texto’.

(43) FH Reyes Villamizar (2010)25.

(44) FH Reyes Villamizar (2006) 222.

(45) La excepción mencionada se presenta en el caso de la sociedad E.V.M. Laboratorios Clínicos IPS SAS, la cual cuenta con un capital suscrito y pagado de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) (vid. fl. 3492).

(46) El despacho observa que pudieron haberse efectuado algunos cambios en la representación legal de varias de las compañías demandadas. En efecto, la demanda contiene un cuadro comparativo en el que es posible apreciar esta circunstancia en 322 de las compañías demandadas (vid. fls. 131 a 143). Es claro que estas modificaciones no desvirtúan, en lo absoluto, los elementos probatorios antes reseñados.

(47) Artículos 79 y siguientes del Código de Comercio.

(48) Sentencia C-621 de 2003.

(49) Cfr. ‘Juez 22 admite tutela de exdirectivos de Cámara de Comercio contra la SIC’.

(50) En el Auto 801-015217 del 31 octubre 2012, el despacho señaló lo siguiente: ‘La suma que se fije para el efecto deberá, en todos los casos, obtenerse como resultado de un análisis orientado a estimar los posibles perjuicios que podrían derivarse de la suspensión del acto impugnado’.

(51) J Garnica Martín, (2008) 584.