Auto 801-018280 de octubre 29 de 2013

Superintendencia de Sociedades

Partes

María Isabel Vélez Mendoza contra Mendoza Alvarado y Cía. Ltda., en liquidación privada.

Asunto

Artículo 24 Código General del Proceso

Trámite

Proceso verbal

Número del proceso

2013-801-0096

I. Antecedentes

1. El 31 de julio de 2013, María Isabel Vélez Mendoza, presentó ante este despacho una demanda en contra de Mendoza Alvarado y Cía. Ltda., en liquidación privada.

2. Mediante Auto 801-013729 del 9 de agosto de 2013, este despacho admitió la demanda de la referencia.

3. Por escrito presentado el 27 de septiembre de 2013 bajo el número 2013-03-028931, la demandada interpuso recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda.

4. El día 1º de octubre de 2013, se fijó en lista el recurso presentado otorgando al demandante 2 días como término de traslado, conforme lo dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 108 del mismo código. El mencionado traslado comenzó el día 2 y finalizó el 3 de octubre.

5. La sociedad demandante no se pronunció dentro del término de traslado del recurso de reposición.

6. Mediante Auto 801-016580 del 7 de octubre de 2013 se resolvió el recurso presentado, confirmando la decisión de admitir la demanda presentada por María Isabel Vélez Mendoza.

7. Por escrito presentado el 1º de octubre de 2013, radicado bajo el número 2013-03-029197, la demandada presentó escrito de excepciones previas, referente a la existencia de cláusula compromisoria.

8. Mediante Auto 801-017246 del 17 de octubre de 2013 se corrió traslado de las excepciones previas presentadas por el apoderado de la demandada.

9. Por escrito presentado el 24 de octubre de 2013, radicado bajo el número 2013-03-031012, la demandante presentó escrito descorriendo el traslado de excepciones previas.

I(sic). Consideraciones del despacho

El apoderado de la demandada ha invocado la existencia de una cláusula compromisoria en los estatutos de Mendoza Alvarado y Cía. Ltda. para justificar la falta de competencia de esta entidad respecto del presente proceso judicial. Una vez revisado el material probatorio que obra en el expediente, el despacho encontró que en el artículo trigésimo tercero de los estatutos de Mendoza Alvarado y Cía. Ltda. se incluyó una cláusula compromisoria (vid. fls. 14 y 15) en la que se establece lo siguiente: ‘todas las diferencias que ocurrieren entre los socios y la sociedad, o entre aquellos por razón del contrato social, durante el término de su duración o en el período de liquidación, serán sometidos a la decisión de árbitros (...)’. En este sentido, para establecer si las pretensiones formuladas en la demanda deben ser conocidas por un tribunal de arbitramento, en lugar de este despacho, es necesario determinar si los sujetos en disputa se encuentran cobijados por la cláusula compromisoria antes descrita.

Lo primero que debe decirse es que mediante escritura pública 5220 del 5 de octubre de 1989 de la Notaría 3ª del círculo de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 9 de octubre de 1989 bajo el número 22491 del libro IX, la sociedad demandada se transformó en limitada. Al momento de la transformación, ya se había consagrado una cláusula compromisoria en el artículo 33 de los estatutos de la compañía (vid. fl. 14). Adicionalmente, para esa fecha, María Isabel Vélez Mendoza no era aún socia de la compañía. Ello quiere decir que, según las pruebas disponibles en el expediente, María Isabel Vélez Mendoza no manifestó su consentimiento respecto de la decisión de incluir una cláusula compromisoria en los estatutos de Mendoza Alvarado y Cía. Ltda.

Ahora bien, con base en el régimen de mayorías que rige la adopción de decisiones en la asamblea general de accionistas, esta superintendencia había considerado, en sede jurisdiccional, que la introducción, modificación o supresión de un pacto arbitral podía ser ‘votada favorablemente por la mayoría exigida en la ley o en los estatutos sociales, aun sin el consentimiento de los demás asociados o aquellos que pudiendo votar no concurrieron a la sesión del máximo órgano social (...) en donde se ponía a consideración la reforma estatutaria (que incluía una cláusula compromisoria)’(1).

Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió, en segunda instancia, revocar la sentencia citada, para lo cual argumentó que ‘(el ordenamiento jurídico) señaló una autonomía entre la cláusula compromisoria y el contrato, de tal suerte que aquella es un pacto que puede estar contenido en un contrato o documento anexo a él, pero que como “convenio” que es, debe estar avalado por todas las personas que intervienen en él’. En esa oportunidad, el tribunal concluyó que ‘la cláusula compromisoria es un negocio jurídico autónomo y privado, por ende, no puede predicarse que su reforma o extinción respecto del contrato social pueda surtirse por voluntad de una mayoría social, sino que, por el contrario, se requiere para tal propósito de la voluntad unánime de las partes que lo celebraron o adhirieron’ (se resalta)(2). Por lo demás, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que ‘el sustento de la justicia arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a los árbitros, comoquiera que “el arbitramento tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”. Por consiguiente, la habilitación de los árbitros por parte de todos y cada uno de los contratantes, es un requisito constitucional imperativo sin el cual no es procedente la justicia arbitral’(3).

Así las cosas, el asunto materia del presente proceso no puede ventilarse ante un tribunal de arbitramento. En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Constitucional, este despacho ha considerado que los efectos vinculantes de la cláusula compromisoria dependen necesariamente de una manifestación expresa de voluntad en el sentido de acudir a la jurisdicción arbitral(4). Así, pues, debe decirse que en el presente caso no existen pruebas de que María Isabel Vélez Mendoza haya manifestado su consentimiento respecto de la inclusión de una cláusula compromisoria en el artículo 33 de los estatutos de la sociedad demandada. Es decir que, según los documentos consultados por el despacho, María Isabel Vélez Mendoza nunca accedió a someterse a la jurisdicción arbitral para solucionar sus conflictos con Mendoza Alvarado y Cía. Ltda. En consecuencia, a la luz de la jurisprudencia antes citada, no puede imponérsele a María Isabel Vélez Mendoza la obligación de acudir a la justicia arbitral para resolver el conflicto objeto del presente proceso. En vista de lo anterior, el despacho debe rechazar los argumentos formulados por la sociedad demandada.

En mérito de lo expuesto, el superintendente delegado para procedimientos mercantiles,

RESUELVE:

Declarar no probada la excepción previa formulada por el apoderado de Mendoza Alvarado y Cía. Ltda.

Notifíquese y cúmplase.

El superintendente delegado para procedimientos mercantiles,

José Miguel Mendoza. 

(1) Sentencia 480-000027 del 7 de junio de 2012.

(2) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Sentencia del 5 de diciembre de 2012, Expediente 110001319900120117049501.

(3) Sentencia C-163 de 1999. Véanse también las sentencias C-242 de 1997, C-163 de 1999, C-193 de 1999, C-1140 de 2000, C-1038 de 2002, y C-330 de 2012. En la Sentencia SU-74 de 2007, la Corte Constitucional expresó que ‘el anterior recuento jurisprudencial demuestra, en síntesis, la importancia dada por la Constitución a la autonomía de las partes como fundamento del origen de cada proceso arbitral, y que el principio de habilitación voluntaria de la justicia arbitral por las partes ha sido uno de los ejes cardinales de la doctrina constitucional sobre el tema, en aplicación del artículo 116 de la Carta. Incluso el legislador debe respetar la autonomía de la voluntad de las partes. La Corte ha concluido que son contrarias a este principio esencial que determina el origen, los alcances, el ámbito y los efectos del arbitramento las normas legales que (i) imponen a los particulares en determinados contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) exigen a ciertas empresas estatales someter las diferencias que puedan surgir en los contratos que celebran a procesos arbitrales; (iii) obligan a las partes en ciertos tipos de contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) atribuyen funciones arbitrales a entidades o individuos que no han sido expresamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma’.

(4) Cfr. Auto 801-007-329 del 3 de mayo de 2013 delegatura para procedimientos mercantiles, Superintendencia de Sociedades. Francisco Martínez Quintero y Lucía Martínez de Kurday contra Sabajón Apolo S.A., Auto 801-007-329 del 3 de mayo de 2013.