Auto 8041 de febrero 17 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CALIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

SE RESUELVE SOBRE TODOS LOS HECHOS INVESTIGADOS

EXTRACTOS: «Procede la Corte a calificar el mérito probatorio del sumario adelantado contra el doctor J..., actual miembro de la H. Cámara de Representantes.

(...).

Como la defensa aduce que la corporación tiene limitada su competencia en este momento para resolver únicamente sobre los hechos tratados cuando se resolvió la situación jurídica al imputado, y no sobre los investigados a lo largo de todo el proceso, debe estudiarse tal planteamiento, como cuestión previa, en orden a establecer si cuenta con algún apoyo jurídico procesal.

La base normativa en que se funda, la constituye el inciso 1º del artículo 438 del C. de P.P., que dispone textualmente: “En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado”.

Basta con leer desprevenidamente el precepto para darse cuenta, sin esfuerzo intelectual, que la comprensión que se le ha querido dar es inexacta, ya que allí se prevé, como condición a la validez de la clausura de la investigación, que se haya resuelto la situación jurídica del procesado, con miras a llenar el vacío existente en esa materia en el estatuto procesal anterior, pero nunca para marcar límites a la facultad que tiene el funcionario para calificar el proceso sin consideración a la cantidad de los hechos incriminados y aún sobre los demostrados en tiempo ulterior al momento de definir la situación jurídica, como sin tino lo predica la defensa. Es más, ni siquiera exige la norma, en esa condición, en qué sentido debe resolverse la situación jurídica para que sea viable el cierre investigativo.

Y no podía ser de otro modo pues si se aceptara la posición de la defensa, se llegaría al dislate de calificaciones incompletas que, por sí, eventualmente serían generadoras de nulidad, lo que entrañaría no solo violación de normas y principios superiores que imponen la investigación y juzgamiento conjunto de los delitos conexos, ya por existir entre ellos relación de carácter sustancial, ora de orden subjetivo, sino que produciría caos y zozobra, en perjuicio de la administración de justicia y del propio procesado, porque debería someterse a igual número de procesos cuantos cargos le resulten con posterioridad a la resolución de su situación jurídica, lo cual sería absurdo. Lo esencial, para el adecuado ejercicio del derecho de defensa, y preservación del debido proceso, es que sobre los cargos que le resulten en el decurso de la investigación, se interrogue al procesado puntualmente para que dé las explicaciones que a bien tenga, cargos sobre los cuales obviamente, la justicia no puede guardar silencio.

No existe obstáculo legal, entonces, para que la Corte califique integralmente el mérito probatorio del proceso».

(Auto de febrero 17 de 1998, Radicación 8041. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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