Auto 8094 de abril 12 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

INASISTENCIA DEL DEMANDANTE

EXTRACTOS: «En el caso sub exámine están debidamente demostradas las siguientes circunstancias particulares del caso:

1. Que por auto calendado el día dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), el a quo señaló el día seis (6) de octubre de ese mismo año para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de conciliación dentro del proceso del rubro, pues se había agotado el período probatorio;

2. Que la anterior providencia se le notificó per-sonalmente al Dr. ... el día diecisiete (17) de septiembre de 1992, como aparece en la constancia de secretaría que obra al folio 160, donde aparece es-tampada la firma del citado profesional del derecho;

3. Que la audiencia de conciliación no se pudo llevar a cabo porque el apoderado de la parte actora no se hizo presente el día y hora señalado.

b) No obstante la realidad procesal que se deja transcrita, la Sala encuentra que en el caso en comento se impone una interpretación sistemática de toda la normatividad que tiene que ver con la conciliación y también con el fenómeno jurídico de la perención del proceso, pues sólo así será posible tomar una decisión que se ajuste no sólo a la justicia legal sino también a la equidad, criterio auxiliar para la mejor administración de justicia.

Para el ad quem el numeral 1º del artículo 10 del Decreto 2651 de 25 de noviembre de 1991, no es aplicable a los procesos contencioso administrativos, pues en él se hace una clara remisión al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, sin tocar para nada el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, que define en qué casos hay lugar a decretar la perención del proceso en esta jurisdicción. El alcance de la norma en antes citada parece tener relación más bien con los procesos contemplados en el artículo 2º del Decreto 2651 de 1991, y con las conciliaciones que se lleven a cabo en los centros de conciliación regulados en el artículo 3º del mismo estatuto.

La forma contradictoria, y en muchos casos confusa, como se suele legislar, impone al juez la tarea de entrar en el estudio del lenguaje en el que a través de proposiciones normativas se expresa el hacedor de la ley, con el fin de no darle entrada a la injusticia. Por ello se enseña que:

“a) El lenguaje del legislador no es necesariamente riguroso: la primera tarea del jurista es hacerlo más riguroso; b) el lenguaje del legislador no es necesariamente completo: la segunda tarea del jurista es completarlo lo más posible; c) el lenguaje del legislador no está necesariamente ordenado: la tercera tarea del jurista es reducirlo a sistema. La primera fase es de purificación, la segunda de integración y la tercera de ordenación del lenguaje jurídico. En el ciclo de estas tres fases se desenvuelve y se agota la labor de estudio del jurista en el sentido tradicional de la palabra, por lo menos en los ordenamientos jurídicos basados en la monopolización del derecho por parte de la norma legislativa y en donde, por tanto, se distingue claramente la actividad del legislador de la del juez, así como la del jurista que interpreta las leyes de la del juez que las aplica al caso concreto” (Contribución a la teoría del derecho, Norberto Bobbio, pág. 188).

En el caso sub-exámine se le rendiría más culto a la justicia formal que a la material, si la balanza de la justicia se inclinara por mantener el auto que decretó la perención del proceso. Uno de los principios fundamentales que informan el Estado social de derecho es el otorgamiento de una amplia tutela jurídica.

Por ello se impone que el acceso a la jurisdicción no esté sembrado de trabas y que las estrictamente legales sean interpretadas con criterio restrictivo. Por ello, si los demandantes consideran que la administración les ha inferido daño con su comportamiento, la demanda que presentaron debe seguir su curso, para que al final se defina a quién le asiste la razón, en el presente conflicto de intereses. El debate debe hacerse, entonces, en un espacio jurídicamente libre que no debe ser cerrado con interpretaciones que a la postre sólo producen el efecto dañino de impedir el acceso a la jurisdicción».

(Auto de abril 12 de 1993. Expediente 8094. Consejero Ponente: Dr. Julio Cesar Uribe Acosta).

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