Auto 817 de abril 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: Expediente 817

Santafé de Bogotá, D.C., abril 10 de 1997

EXTRACTOS: «Al respecto, la Sala Plena, en auto de 29 de noviembre de 1994, señaló que la disposición referida había adscrito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, en este último caso de procesos de ejecución de obligaciones ya definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial, y que si bien nada se dijo sobre el trámite que correspondía, había que concluir que debía aplicarse en lo pertinente el Código de Procedimiento Civil, por virtud de la remisión dispuesta en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (anales del Consejo de Estado, t. CXXXIX, primera parte, ps. 89 a 114).

Ahora bien, mediante el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 se dio a las entidades públicas del orden nacional la facultad de cobro coactivo para hacer efectivos los créditos a su favor. No obstante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que es posterior y especial, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo corresponde conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, de manera que las entidades públicas nacionales sólo tienen la facultad de cobrar coactivamente los créditos que tuvieren a su favor cuando no se trate de obligaciones derivadas de contratos estatales, en cuyo caso, se repite, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer de los procesos de ejecución.

En el presente caso, el Departamento Administrativo de La Función Pública, oficina jurídica, grupo de cobro coactivo, el 19 de septiembre de 1996 dictó el auto de mandamiento de pago, en vigencia de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, se ha incurrido en la causal de nulidad de falta de jurisdicción, de que trata el artículo 140, numeral 1, del Código de Procedimiento Civil, que es insaneable y debe ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, según lo dispuesto en los artículos 144, último inciso, y 145 del mismo código».

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