Auto 8217 de septiembre 14 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DEMANDA CONTRA ACTO PRESUNTO

TERMINO DE CADUCIDAD

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Ref.: Expediente 8217

Actor: José Jaime Aguilera Bejarano.

Santafé de Bogotá D.C., catorce de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Decide la Sala el recurso de súplica interpuesto por la Procuradora Novena Delegada ante el Consejo de Estado, contra el auto de julio 2 de 1993, por medio del cual el consejero ponente inadmitió la demanda por caducidad de la acción.

Argumenta el consejero ponente que el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo señala un plazo de tres meses a partir de la presentación de una petición, para que se configure el silencio negativo, si no ha sido notificada decisión que la resuelva.

Agrega que la solicitud de elaboración de hoja de servicios fue presentada por el accionante el 28 de septiembre de 1992, por lo que el silencio se produjo el 28 de diciembre siguiente y como según el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo el silencio negativo en relación con la primera petición agota la vía gubernativa, el actor tenía la oportunidad para controvertir el acto ante la jurisdicción especial. Expresa que no obstante lo anterior, la presentación de la demanda se hizo fuera de tiempo, y de acuerdo con las normas que regulan la materia se produjo la caducidad de la acción, ya que de acuerdo con el artículo 136 ibidem, si se demanda un acto presunto, el término de caducidad corre a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio negativo, por lo que los cuatro meses vencían el 29 de abril de 1993 y la demanda fue presentada el 6 de mayo del mismo año.

El recurso

La parte suplicante, Procuraduría Novena Delegada ante esta Corporación, argumenta que al haber sido declarados inexequibles mediante sentencia de 20 de junio de 1990, los artículos 1º y 3º del Decreto 2304 de 1989, recobraron vigencia los originales artículos 40 y 51 del Código Contencioso Administrativo, el primero de los cuales en su inciso 2º señala que la administración conservará la competencia para decidir expresamente sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa contra el acto presunto y el artículo 51 en su inciso 1º establece que los recursos contra actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.

Dice que ello implica la inaplicabilidad del inciso 2º del artículo 135 ibidem, porque el mandato allí contenido armonizaba con el artículo 1º del Decreto 2304 de 1989, hoy inexequible, según el cual la ocurrencia del silencio administrativo conllevaba pérdida de la competencia para resolver la petición e impedía los recursos contra el acto presunto, por lo cual al administrado no le quedaba alternativa diferente que la de ejercer la acción dentro del término de cuatro meses. Pero revivido el régimen anterior, el administrado tiene la posibilidad de recurrir el acto presunto en cualquier tiempo.

Sostiene que como las normas que regulan el silencio administrativo tienen carácter especial, prefieren a las que tienen carácter general (art. 23 Dto. 2304/89), de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 y agrega que la institución del silencio administrativo fue creada exclusivamente en favor del administrado y la aplicación de los artículos 135 inc. 2º y 136 inc. 3º, sin consideración a los artículos 40 y 60 es atentatoria de sus derechos subjetivos, que deben prevalecer sobre el derecho formal.

Para resolver se considera

Lo primero que debe anotar la Sala es que las normas relacionadas con el silencio administrativo y las referentes a la caducidad de las acciones regulan materias diferentes, pues mientras que las primeras reglamentan aspectos de las actuaciones administrativas, las segundas se refieren al control jurisdiccional de la actividad administrativa, y por ello no puede afirmarse que la aplicabilidad de los artículos 135 y 136 del Código Contencioso Administrativo dependa de la vigencia de los artículos 1º y 3º del Decreto 2304 de 1989, que modificaron los artículos 40 y 51 del original Código Contencioso Administrativo.

Si bien es cierto que durante la vigencia del original artículo 135 del Decreto 01 de 1984, para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, era necesario recurrir en la vía gubernativa el acto presunto, con la expedición del Decreto 2304 de 1989 (art. 22) se dio al administrado la posibilidad de demandar directamente el acto ficto en relación con la primera petición o interponer contra éste los recursos ante la administración para proceder a entablar la acción contra los actos resolutorios de esos recursos o contra los actos presuntos de resolución de los mismos, si la administración no se pronunció.

Pero en uno u otro caso el accionante está sometido al término de caducidad del artículo 136, que comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio negativo, bien sea frente a la primera petición que también agota la vía gubernativa (art. 135, inc. 2º C.C.A.), o frente a la interposición de los recursos contra el acto ficto producido por la no contestación de la petición inicial.

Diferente es que el administrado no esté sometido a término alguno en la vía gubernativa para interponer los recursos contra el acto ficto, conforme lo dispone el inciso 1º del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo y que la administración conserve la competencia para pronunciarse hasta cuando se interpongan los recursos, toda vez que si el administrado decide esperar el pronunciamiento de la administración es libre de hacerlo, pero si elige la vía jurisdiccional, debe hacerlo observando el término de caducidad que señala el citado artículo 136, cerrando así la posibilidad de que la administración resuelva, porque en el momento en que el administrado pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional, la administración pierde la competencia para pronunciarse (art. 60 C.C.A.).

La armonización de las normas, en sentir de la Sala, no es atentatoria de los derechos subjetivos de los administrados, toda vez que en el evento de que transcurra el plazo de caducidad, el interesado puede interponer los recursos de ley para obtener la decisión gubernativa o provocar el silencio respecto a los recursos, caso en el cual nuevamente empieza a correr el término de caducidad.

De manera que presentada en el sub judice la petición el 28 de septiembre de 1992 el silencio administrativo negativo se configuró el 28 de diciembre del mismo año y, por lo tanto, el actor tenía hasta el 29 de abril de 1993 para instaurar la acción. Como sólo lo hizo hasta el 6 de mayo de 1993, cuando la acción había caducado, tuvo razón el Consejero Ponente para inadmitir la demanda en la providencia suplicada que, habrá de confirmarse.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión

RESUELVE:

CONFIRMASE el auto de 2 de julio de 1993, proferido por el consejero ponente dentro del presente proceso.

Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al Despacho de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Diego Younes Moreno—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna—Dolly Pedraza de Arenas. 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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