Auto 8225 de marzo 3 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONGRESISTAS

FUERO PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Ricardo Calvete Rangel

Unica Instancia Nº 8225

Santafé de Bogotá, D.C., marzo tres de mil novecientos noventa y tres.

Han llegado a la Corte las presentes diligencias seguidas contra el doctor J... y otros, en virtud del auto de fecha 17 de febrero del corriente año, emanado de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de la Nación (Fiscal 248), en el que la funcionaria instructora aduce haber perdido competencia para seguir conociendo del proceso, en razón de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en sentencia de fecha 4 de febrero próximo pasado, pues según ella, en esta Sala radica la competencia para investigar y juzgar a quienes ostentan la calidad de Congresistas. Por ello, debe conservarse ‘‘...la unidad procesal de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo 89 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto no se observa ninguna de las causales contempladas en el artículo 90 ibídem, para decretar la ruptura de la unidad procesal’’.

En consecuencia, debe la Corte pronunciarse sobre si asume o no el conocimiento del proceso remitido a su consideración.

Esta Sala, en decisión mayoritaria se pronunció sobre su competencia en providencia de fecha 27 de mayo de 1992, cuando el juzgado 23 de Instrucción Criminal Ambulante de Santafé de Bogotá, ordenó remitir el proceso a la Corporación. En esa oportunidad por considerar que no gozaban de fuero quienes al momento de los hechos, no obstante ser congresistas, actuaron como concejales y luego dejaron de pertenecer al Congreso, ni tampoco quienes posteriormente adquirieron esa investidura, esta colegiatura se abstuvo de asumir el conocimiento del proceso y dispuso su devolución al instructor para que continuara adelantando la investigación.

Posteriormente la Corte Constitucional en sentencia de fecha 4 de febrero del corriente año, resolvió sobre las demandas de inexequibilidad formuladas contra la Ley 5ª de 1992 y en ese proveído se ocupó de analizar los antecedentes y los fundamentos por los cuales la competencia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso es exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. En uno de sus párrafos finales dijo:

«De otra parte, la reserva expresa y absoluta de competencia para ordenar la privación de la libertad de un congresista que la Constitución atribuye única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia —máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria—, independientemente de la etapa del juzgamiento y de la época de la comisión del delito, constituye garantía para el Congreso como institución y para cada uno de sus miembros, que no se interferirá de manera arbitraria e inconveniente en su correcto funcionamiento y en el ejercicio de sus deberes y derechos’’.

En oportunidades anteriores (autos de mayo 20 expediente Nº 7029 y mayo 27 expediente 8225 ambos de 1992), la Sala había sostenido que el fuero sólo amparaba a los congresistas por los delitos cometidos mientras tenían esta calidad, es decir, que por los hechos anteriores a la obtención de la investidura la Corte no tenía competencia para su investigación y juzgamiento en la medida en que el fuero derivado del hecho de llegar a un cargo no podía entenderse con carácter retroactivo.

No obstante ese primer acercamiento al logro de la interpretación más acertada de las nuevas disposiciones constitucionales, resulta muy importante tener presente que al desaparecer la inmunidad relativa de que gozaban los congresistas —artículo 107 anterior Constitución Política— constituye una garantía esencial para el funcionamiento del Congreso y la participación de sus miembros, que únicamente la Corte Suprema de Justicia pueda ocuparse de su investigación y juzgamiento, y solo ella pueda ordenar su detención.

El replanteamiento que aquí se hace del criterio anterior, permite también una gran claridad sobre la competencia, en la medida en que simplemente se debe tener en cuenta que los hechos punibles que se imputan a congresistas son de competencia de la Corte Suprema de Justicia, se hayan cometido estos antes o cuando ya se tenía tal investidura. A partir del momento que el acriminado deja de ser miembro del Congreso, ‘‘el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas’’, tal como lo determina el parágrafo del artículo 235 de la Carta Política. (Así se pronunció la Sala en auto de febrero 19 de 1993 expediente 7582).

Esta interpretación, por lo demás, es plenamente coincidente con la que sobre el mismo punto expresó la Corte Constitucional en la ya citada providencia del 4 de febrero del año en curso, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Así las cosas, la Corte asumirá la investigación en lo que respecta a las conductas presuntamente punibles atribuidas a los imputados que actualmente son congresistas.

Ahora, en lo atinente al tema de la unidad procesal que plantea la Fiscal remitente, el criterio de la Corte no sólo ha sido de antiguo sino reiterado y las bases sobre las cuales descansa son las siguientes:

Según el artículo 250 de la Constitución vigente, corresponde a la Fiscalía General de la Nación ‘‘Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes’’. Una excepción a esta norma la señala la misma Carta en el artículo 235, numeral 3, en cuanto establece que en la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso no interviene la Fiscalía General de la Nación.

Esto significa que por mandato constitucional, cuando se trata de delitos imputables a congresistas la instrucción y calificación del mérito del sumario corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y si se profiere resolución de acusación, el juzgamiento está atribuido a la misma corporación. No ocurre lo mismo tratándose de punibles atribuidos al alcalde y concejales de Santafé de Bogotá que actualmente no son congresistas, ya que no gozan de ese fuero y por lo tanto la investigación es labor asignada a la Fiscalía y el juzgamiento a los jueces de conformidad con las reglas legales de competencia.

El artículo 89 del Código de Procedimiento Penal no puede ser interpretado en la forma como lo hizo la Fiscal, pues si bien es cierto que allí dice que es competente el funcionario de mayor jerarquía cuando deban fallarse hechos punibles conexos sometidos a diversas competencias, y esto mismo se aplicará cuando en la comisión del hecho o hechos punibles hubiere intervenido personas que gocen de fuero, es obvio que su entendimiento es bajo el presupuesto de que se conserva el mismo procedimiento ya que no hay ninguna razón válida para que a quien sólo pueda ser acusado por la Fiscalía, resulte siéndolo por la Corte, o mirado desde otro ángulo, no hay fundamento para excluir a la Fiscalía de la investigación y la eventual participación en el juzgamiento de unos procesados que no son congresistas.

Precisamente sobre este punto es muy clara la providencia de fecha 14 de marzo de 1988, con ponencia del doctor Dídimo Páez, la cual cita la Fiscal y cuyo contenido es evidente que malinterpretó, ya que con ella pretende respaldar su decisión sin advertir que el criterio allí plasmado es totalmente contrario al suyo. Dice así:

‘‘Como puede observarse, la regla que la nueva legislación de procedimiento adopta es la unidad procesal para cada hecho punible así sean varios los sindicados o entre ellos haya alguno con fuero de juzgamiento, al igual que los casos de conexidad en donde es perfectamente posible un solo proceso por varios hechos punibles investigados.

Las excepciones a dicha regla son las que señala la Constitución o la ley, esto es, que a pesar de ser un solo hecho punible con varios sindicados no opera la unidad procesal.

La Constitución establece unos juzgamientos para altos dignatarios del Estado (juicios de responsabilidad por mal desempeño de funciones, por indignidad o por mala conducta, art. 68.7 C.P.P.), en donde exige la intervención del Congreso (art. 97 num. 2 y 3 C.N.) bien para que haga el juzgamiento o para que simplemente permita el que corresponde hacer a la Corte Suprema de Justicia, constituyendo una verdadera jurisdicción especial. En tales condiciones no opera la unidad procesal referida en el artículo 85 del C.P.P.

Entre las excepciones que señala la ley puede citarse, a manera de ejemplo, las siguientes: a) Cuando el juzgamiento exija la intervención del jurado de conciencia, se rompe la unidad pues en las corporaciones no existe lista de jueces populares, y b) El juzgamiento de arzobispos, obispos o cualquiera otra dignidad asimilable a éstos porque la Ley 20/74 establece como su juez natural la curia romana. Por el contrario, los clérigos y demás religiosos juzgables en Colombia con fuero ante los jueces superiores, la unidad procesal se conserva así haya otros procesados por el mismo hecho sin dicho fuero’’ (subraya la Sala).

En igual sentido se pronunció la Sala en julio 1º de 1992 con ponencia del doctor Édgar Saavedra (proceso Nº 7193 contra ...), en cuya parte pertinente se dijo:

‘‘... habida consideración de que en los mismos hechos se encuentran vinculados el alcalde de Cúcuta y otros ciudadanos cuya competencia de juzgamiento no está atribuida a esta corporación, se debe determinar el rompimiento de la unidad procesal, por cuanto el fuero constitucional de los congresistas descarta cualquier intervención de la Fiscalía General de la Nación, la cual reserva la competencia funcional de instrucción y acusación para otros altos funcionarios del Estado, de acuerdo a las previsiones del artículo 251.1 de la Constitución Nacional, en concordancia con el 235.4 de la misma Carta.

Así lógicamente surge el rompimiento de la unidad procesal, puesto que los congresistas deben ser investigados por la Corte; lo que no ocurre con otros ciudadanos o funcionarios, aforados o no, que sólo pueden ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.

En las anteriores condiciones, siendo evidente que existen diversas competencias de instrucción y acusación con respecto a los hechos sometidos a investigación en este proceso, por la calidad de los ciudadanos vinculados a la comisión de ellos, lo que implica la intervención de diferentes categorías de autoridades judiciales, debe disponerse el rompimiento de la unidad procesal, para que quienes cerecen del fuero constitucional de competencia de la Corte Suprema de Justicia sean investigados por la Unidad de Fiscalía correspondiente...’’

Y en septiembre 9 de 1992, con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda (proceso Nº 7582 contra ...) se reiteró el mismo criterio así:

‘‘El artículo 186 de la Constitución Nacional asigna a la Corte la competencia para el conocimiento de los delitos cometidos por los congresistas, fuero que la misma Carta extiende tanto para las infracciones relacionadas con el desempeño funcional, como para aquellas ajenas al mismo, condicionando en este último caso la duración de la competencia foral mientras perdure la investidura (art. 235 ibídem).

Del mismo modo procede aclarar, que siendo también principio superior (art. 250) el de la competencia que asiste a la Fiscalía General de la Nación para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, y frente a él la excepción del fuero de los congresistas, mal podría la Corte hacer este último extensivo para ocuparse de la situación de otros posibles autores o partícipes de infracciones atribuidas a senadores y representantes, pues con ello no solamente excluiría indebidamente al no aforado del procedimiento acusatorio que le es propio, sino que además ignoraría que en materia de competencia la asignación debe ser siempre expresa y de origen normativo, ajena por lo mismo a su prolongación por vía de interpretaciones extensivas o analógicas.

Corresponde, entonces, por lo visto, entrar a resolver con exclusividad acerca de la situación jurídica provisional del aforado señor ..., acreditado como se halla que tanto al momento de suscribir la carta de diciembre 3 de 1991 dirigida a la Secretaría de Hacienda Distrital, como al reclamar, hacer efectivas y ejecutar las ayudas educativas cuyo manejo se pone en entre dicho, tenía la investidura de senador de la República y de contera el fuero, así se trate de una gestión ajena al ejercicio propio de sus funciones como congresista’’ (subraya la Sala).

Con fundamento en lo expuesto, el proceso será remitido a la Fiscalía de origen, para lo de su cargo. Por la Secretaría de la Sala se procederá a tomar las copias de las piezas procesales relacionadas con los actuales congresistas, doctores ..., para cuya investigación y eventual juzgamiento la competencia es de la Corte.

Al margen de lo anterior, es oportuno advertir que la Sala no da respuesta a las peticiones de libertad que han formulado ante esta corporación los defensores de algunos procesados no aforados, pues carece de competencia para ello. En similar sentido se pronunció en el proceso Nº 7138 contra..., en auto de julio 10 de 1.992, en donde por unanimidad se abstuvo de resolver la reposición sobre la medida cautelar impuesta a los no aforados y la remitió para que el Fiscal competente se pronunciara.

La situación que se vive en este proceso no es la misma que contiene el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, pues allí otorga competencia para resolver sobre las medidas cautelares al funcionario que tenga el proceso mientras se dirime la colisión, incidente que ciertamente no existe en este caso.

Entender esa norma con un alcance mayor implicaría, que en todos los casos en que llegue al despacho de un funcionario un expediente, aún en los que la incompetencia es ostensible, debe resolver sobre las peticiones que se le formulen mientras remite las diligencias a quien le corresponde, fórmula peligrosa que se prestaría para que, si por ejemplo, un proceso contra un congresista es remitido erróneamente a un juez o Tribunal y allí le solicitan su libertad, en lugar de enviarlo rápidamente a la Corte, se dedique a resolver primero esa petición .

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Juan Manuel Torres Fresneda—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez— Édgar Saavedra Rojas—Dídimo Páez Velandia—Jorge Enrique Valencia. 

Rafael I. Cortés Garnica, Secretario.

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