Auto 825 de octubre 26 de 1992

CONSEJO DE ESTADO 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SECCIÓN CUARTA

SUSPENSIÓN PROVISIONAL

EXTRACTOS: «Sin embargo, cabe la excepción si los documentos aducidos por quien pretende la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, han sido conocidos por otras partes interesadas en el asunto, pues en tal caso la prueba es susceptible en ese momento procesal de ser controvertida. Y es esto precisamente lo que ocurre en el sub lite, pues se observa que lo que la Sala decide hoy es el recurso de apelación propuesto por el curador ad-litem de los señores Marcelo Lozano Serrato y Luis Eduardo Chinchilla Bocanegra, a quienes se ordenó notificarles el auto admisorio de la demanda por haber sido candidatos inscritos para la elección de alcalde del municipio de Ambalema, recurso que sustenta impugnando la calidad de documentos públicos de las fotocopias aportadas por el demandante para efectos de la suspensión. El representante legal de aquellos ciudadanos no impugna el origen y contenido de los documentos sino la carencia de un requisito formal para su expedición.

CONFRONTACIÓN MEDIANTE DOCUMENTOS PÚBLICOS

Como en este caso la prueba aportada ha sido conocida por las partes que pudieran resultar afectadas con el resultado del proceso y no han sido tachadas de falsedad, procede dar aplicación al mencionado artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, aceptando como válidas las fotocopias que, según quedó establecido. tienen estampado sello del Juzgado correspondiente y certificación del Secretario del mismo, en el sentido de corresponder tales fotocopias al original que reposa en el despacho judicial.

EXTRACTOS: «Como de acuerdo con el artículo 168 del CCA en los procesos de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se aplicarán “... en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlos y criterios de valoración”, para la aplicación del artículo 152 del CCA, en cuanto en su numeral 2° se dispone que la confrontación se hará “...mediante documentos públicos...” es necesario acudir a las normas correspondientes del precitado Código de Procedimiento Civil, concretamente a las que éste contiene sobre el régimen probatorio. En su artículo 253 dicho estatuto establece que “...los documentos se aportarán al proceso originales o en copia” la cual “podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”. Y de acuerdo con el artículo 254 cuando las copias son de actuaciones judiciales, tendrán el mismo valor probatorio del original si han sido expedidas por “...secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada”.

Como tales documentos demuestran que contra el señor Joaquín Rondón Martínez existía resolución de acusación para la fecha en que fue elegido alcalde del municipio de Ambalema el 8 de marzo de 1992, hecho este que a tenor de lo dispuesto en los artículos 5º, literal c) de la Ley 78 de 1986 y 6º, literal a), de la Ley 49 de 1987, surge de manera ostensible, prima facie, de la comparación de los documentos —fotocopias— y las normas mencionadas, la suspensión del acto electoral decretada por el a-quo debe mantenerse».

En el sub-lite fueron aportadas, como se vio, fotocopias—reproducción mecánica— de autos pronunciados por un Juez de la República, sin que su expedición fuera autorizada por ese juez, por manera que, en principio, tales documentos aducidos como pruebas para demostrar la existencia de la resolución acusatoria proferida contra Jorge Rondón Martínez y vigente al momento de la inscripción de la candidatura de éste, lo que supuestamente lo inhabilitaba para ser elegido alcalde, no tendrían valor probatorio en lo relacionado con la suspensión provisional de los efectos del acto electoral cuya nulidad se pretende.

(Auto de octubre 26 de 1992. Expediente 0825. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

De otra parte, el Decreto 2651 de 1991, con fuerza de ley, por medio del cual se expidieron normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales, en su artículo 25 dispone:

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“ART. 25.—Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

El Decreto en mención “...suspende durante su vigencia todas las normas que le sean contrarias y complementa las demás”.

Así las cosas, se hace necesario examinar si para efectos de la suspensión provisional de que trata el artículo 152 del CCA, es aplicable el transcrito artículo 25, en el sentido de que el cotejo o comparación puede hacerse con documentos no autenticados. Es decir, verificar si lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 152 del CCA es contrario a lo dispuesto en el Decreto sobre documentos aportados por las partes para ser incorporados a los expedientes judiciales.

Al respecto, la Sala encuentra indispensable referirse a la finalidad y características propias del instituto de la suspensión provisional en procesos de nulidad. La suspensión provisional no tiene finalidad distinta a la de evitar los perjuicios que pudieran derivarse de la aplicación de un acto administrativo presunta o supuestamente contrario a la Constitución o la ley.

La medida, sobre la base de un supuesto de ilegalidad desconoce la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo cuyos efectos suspende. También la suspensión provisional afecta el poder del que está investida la administración para “...ejecutar de inmediato...” lo necesario para el cumplimiento del acto afectado con la medida.

Es decir, que la suspensión provisional es medida de excepción que priva al acto administrativo impugnado de atributos propios de su esencia sin los cuales no produce los efectos que la ley le reconoce. Con otras palabras, la medida es de tal manera generadora de consecuencias, que su aplicación procede únicamente de la manera prevista en el tantas veces citado artículo 152 del CCA .

Y es por sus consecuencias tan importante y excepcional, que el legislador consideró que para su viabilidad era necesario que el cotejo o comparación se hiciera no con “las pruebas aportadas”, como lo disponía el artículo 152 del CCA antes de la modificación que sufrió con la expedición del Decreto 2304, artículo 31, sino con “documentos públicos”, como lo prescribe esta última disposición, porque indudablemente esta clase de documentos ofrecen respecto de otras pruebas mayor seguridad sobre su origen y contenido. No puede perderse de vista que la suspensión provisional es medida que debe ser resuelta en el auto admisorio de la demanda, decisión esta que se produce cuando la prueba aún no ha tenido la posibilidad de someterse a los requisitos de publicidad y contradicción, con base en documentos aportados únicamente por el actor, por lo que tanto el Ministerio Público como quienes pueden estar interesados en el litigio ignoran su existencia y por consiguiente no han tenido la oportunidad de intervenir.

Considerado todo lo anterior, es decir la excepcionalidad de la medida, los efectos que produce y la oportunidad procesal para decretarla, que impide generalmente la controversia de la prueba, la Sala encuentra que lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 no es aplicable al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo para la suspensión provisional.

Sin embargo, cabe la excepción si los documentos aducidos por quien pretende la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, han sido conocidos por otras partes interesadas en el asunto, pues en tal caso la prueba es susceptible en ese momento procesal de ser controvertida. Y es esto precisamente lo que ocurre en el sub-lite, pues se observa que lo que la Sala decide hoy es el recurso de apelación propuesto por el curador ad-litem de los señores Marcelo Lozano Serrato y Luis Eduardo Chinchilla Bocanegra, a quienes se ordenó notificarles el auto admisorio de la demanda por haber sido candidatos inscritos para la elección de alcalde del municipio de Ambalema, recurso que sustenta impugnando la calidad de documentos públicos de las fotocopias aportadas por el demandante para efectos de la suspensión. El representante legal de aquellos ciudadanos no impugna el origen y contenido de los documentos sino la carencia de un requisito formal para su expedición.

Como en este caso la prueba aportada ha sido conocida por las partes que pudieran resultar afectadas con el resultado del proceso y no han sido tachadas de falsedad, procede dar aplicación al mencionado artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, aceptando como válidas las fotocopias que, según quedó establecido, tienen estampado sello del Juzgado correspondiente y certificación del Secretario del mismo, en el sentido de corresponder tales fotocopias al original que reposa en el despacho judicial.

Como tales documentos demuestran que contra el señor Joaquín Rondón Martínez existía resolución de acusación para la fecha en que fue elegido alcalde del municipio de Ambalema el 8 de marzo de 1992, hecho este que a tenor de lo dispuesto en los artículos 5°, literal c) de la Ley 78 de 1986 y 6°, literal a), de la Ley 49 de 1987, surge de manera ostensible, prima facie, de la comparación de los documentos—fotocopias—y las normas mencionadas, la suspensión del acto electoral decretada por el a-quo debe mantenerse».

(Auto de octubre 26 de 1992. Expediente 0825. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

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