Auto 8306 de julio 26 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DOCUMENTOS DIRIGIDOS AL JUEZ

ENVÍO POR FAX

Ref.: Expediente 8306

Apelación sentencia. Actor: Édgar Alonso Cano Ruiz.

Santafé de Bogotá, D.C., julio veintiséis de mil novecientos noventa y tres.

Para efectos del auto de junio 18 de 1993 que ordenó correr traslado para sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de febrero del presente año proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la apoderada de las Empresas Públicas de Medellín en memorial que fuera transmitido por vía telefax sustentó el recurso en tiempo y posteriormente allegó, aunque extemporáneamente, el original del escrito, como destacan los informes visibles a folios 131-132 vuelto del expediente.

Sobre el particular conviene puntualizar que si bien el envío o remisión de documentos por tal medio no se encuentra regulado en forma expresa, al existir una notable similitud entre el utilizado por la empresa y el dispuesto en el artículo 107 del C. P. C., resulta procedente dar aplicación a la norma, en cuanto consagra la posibilidad para las partes de transmitir los escritos telegráficamente. Señala a este respecto el precepto:

“Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual va dirigido, el original podrá transmitirse por telégrafo después de haber sido autenticado como se expresa en el inciso anterior; en este caso se aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84”.

Consagra el estatuto según se advierte, la posibilidad de remitir o transmitir los escritos de manera rápida a efectos de asegurar su presentación oportuna, dada la perentoriedad de los términos procesales, los que pueden ser recibidos en el lugar de su destino en tiempo, atendiendo además al desarrollo tecnológico de las comunicaciones, al cual no puede ser ajeno el campo de las ciencias jurídicas, las que permiten hoy utilizar en la actividad diaria modernos sistemas como el telefónico, el radio y el más reciente del telefax, por el cual se transmiten facsímiles mediante una red telefónica de comunicaciones.

Ciertamente no ha sido la Corporación extraña a estos avances tecnológicos y por el contrario, en reciente pronunciamiento ha dicho sobre tal aspecto en este aparte:

“No puede la ciencia jurídica ignorar o colocarse al margen de las innovaciones y progresos que la tecnología moderna y especialmente en el terreno de la electrónica imponen en materia de concreción y transmisión del pensamiento. El derecho como tal es expresión de una cultura y al establecer las reglas que han de regular la conducta y las formas de manifestación de ésta, tanto para los gobernantes como para los gobernados, no puede deshacerse, olvidar o relegar los descubrimientos o invenciones provenientes de la tecnología y que como tales hacen parte de dicha cultura”. (En extractos, sentencia del 23 de octubre de 1990, Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero, Exp. Nos. 729-730).

En el caso concreto sometido a estudio se advierte, que al original del escrito no aparece nota de presentación personal o autenticación alguna como lo exige el citado artículo 107 del estatuto, lo cual daría para adoptar una decisión en el sentido de no tener por sustentado el recurso. No obstante lo anterior, la reforma introducida en el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, “Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales” es claro al disponer sobre tal punto:

“Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

De la anterior disposición así como de las constataciones consignadas al inicio de esta providencia, resulta que habiéndose recibido la sustentación del recurso en tiempo y al no requerirse de presentación personal del documento original que lo contiene, como se contempla en el precepto, habrá que pronunciarse en el sentido de admitir el recurso por ajustarse a derecho.

En tal virtud, se dispone:

Admítese el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de las Empresas Públicas de Medellín (fls. 125 y 130-131, 133-134), contra la sentencia del 26 de febrero de 1993 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 90-119).

Notifíquese y cúmplase.

Carlos Arturo Orjuela Gongora. 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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