Auto 8327 de julio 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8327

Consejero Ponente:

Doctor Germán Ayala Mantilla

Actor: Internacional Colombia Resources Corporation “Intercor” y Carbocol S.A. C/gobernación del Departamento de la Guajira.

Auto.

Santafé, de Bogotá D.C., dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete.

Consideraciones:

La Sala comparte la decisión del Consejero Ponente Dr. Delio Gómez Leyva ya que en múltiples ocasiones la corporación, al referirse al mismo tema, ha manifestado que el artículo 183 del Código Contencioso Administrativo, señala que “las sentencias y los autos que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, deberán consultarse con el superior, cuando no fuere apelado por la administración”.

Reiteradamente la jurisprudencia de la Sección ha considerado que en materia de impuestos nacionales, como es el caso que aquí se trata, es igualmente, improcedente la consulta. En efecto ya en ocasión anterior con ponencia del Honorable Consejero Dr. Jaime Abella Zárate, expresó la Sala lo siguiente:

“Como en el juicio contencioso de impuestos correspondiente a la acción del artículo 85 ibídem, cuando la pretensión se limita a la nulidad de los actos de liquidación de impuestos o a la modificación de la obligación fiscal, en principio no se decreta ninguna obligación a cargo de la entidad pública, puesto que la sentencia es de carácter simplemente declarativo, no se configura el presupuesto legal para que se someta la sentencia a consulta.

La determinación del monto del impuesto por el juez de lo contencioso administrativo no implica condena en la parte que disminuya el gravamen, simplemente declara que la cuantía que legalmente le corresponde pagar al contribuyente.

Esta tesis que adoptó la Sección desde el 4 de febrero de 1985 (Exp. 10.269, actor: Cervecería Andina S.A., M.P. Carmelo Martínez Conn) y fue reiterada posteriormente (Exp. 1924, feb. 19/88), se había aplicado sólo en materia de impuesto sobre la renta, pero se observa que existen las mismas razones para que se extienda a sanciones que también es un gravamen directo”.

Por lo anterior, sólo tienen grado de consulta las sentencias que impongan una obligación a cargo de una entidad pública, que además no hayan sido apeladas por el apoderado judicial o representante de la misma; estos dos requisitos no se cumplen en el caso objeto de estudio, por lo cual no procederá la consulta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Confírmase el auto de 10 de abril de 1997.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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