Auto 8600 de mayo 31 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL DESPIDO COLECTIVO

SE DEMANDA EN ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD

EXTRACTOS: «El acto administrativo demandado en nulidad —en cada proceso acumulado— es de carácter general, impersonal u objetivo, pues no se refieren a personas determinadas; en efecto, el acto expedido por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social autoriza a Avianca a hacer un despido colectivo de trabajadores, con fundamento en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, sin determinar en concreto a ninguna persona.

Avianca, con base en ese acto administrativo de autorización, procedió a ordenar el despido de trabajadores, entre ellos, a cada uno de los actores de los procesos en mención, mediante actos inherentes a su naturaleza jurídica, esto es, de carácter privado, a través de los cuales puso fin al contrato de trabajo que la relacionaba con los respectivos actores. Por tanto, el acto de despido expedido por Avianca, es el que presuntamente lesionó en forma directa los derechos laborales que reclaman los actores a través de sus respectivas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y de la jurisdicción contencioso administrativa. Dichos derechos laborales tienen como fuente o provienen de un contrato de trabajo y por tal razón, solamente pueden ser reclamados ante la jurisdicción competente para conocer las controversias que se derivan de dicho contrato, vale decir, la jurisdicción laboral ordinaria.

Si bien es cierto, como ya se dijo, que el acto de despido de Avianca tiene su fundamento en una autorización impartida por una autoridad administrativa a través de un acto administrativo, también lo es que de demostrarse la ilegalidad de éste se proyecta o produce efectos sobre aquél.

Con base en los razonamientos anteriores estima el despacho que los referidos actos están sujetos a control judicial diferente.

En efecto, las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que autorizaron el despido colectivo de trabajadores son susceptibles de enjuiciamiento ante esta jurisdicción, a través de la acción de simple nulidad que consagra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por ser actos administrativos de carácter general y no producir directamente efectos particulares.

En cambio, el acto de despido de Avianca y las pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de derechos laborales conculcados, por tener su origen o ser provenientes de un contrato de trabajo entre particulares, sólo pueden controvertirse ante la jurisdicción laboral ordinaria.

Se pone de presente que, como las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fueron el fundamento del acto de despido de Avianca, de establecerse judicialmente la ilegalidad de aquéllas tal situación repercute o produce efectos respecto de éste. Y en caso de demandarse o haberse demandado ante la jurisdicción laboral ordinaria bien pudo plantearse la suspensión del proceso por prejudicialidad.

Valga resaltar que esta corporación, cuando avocó el conocimiento de cada uno de los procesos acumulados, dejó a salvo las pretensiones en materia de perjuicios cuando sostuvo que no es posible que a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puedan ser resarcidos los perjuicios que surgen para los trabajadores afectados con las resoluciones cuestionadas, en atención a que los mismos sólo podrían ser solicitados ante la jurisdicción ordinaria laboral, por tratarse de un relación contractual entre Avianca, empresa de carácter privado, y los trabajadores.

De otro lado, no sobra a resaltar que la jurisdicción, de antaño, ha sostenido que cuando en una demanda se encuentran acumuladas pretensiones, donde una o algunas no son acumulables o son impertinentes, el juez debe adelantar el proceso con aquellas que son compatibles con el control que ejerce, teniendo en cuenta la verdadera naturaleza de la acción, para evitar rechazos iniciales de la demanda o sentencias inhibitorias. En esas condiciones, se entiende que actuó la jurisdicción, al conocer las pretensiones de las demandas, donde observó algunas impertinentes y, en lo demás, las admitió pero teniendo en cuenta la verdadera naturaleza del control y la corporación competente para ello.

Así, esta corporación es competente para conocer los procesos acumulados, por versar sobre actos administrativos nacionales de carácter general, carecer de cuantía y corresponder su impugnación por la vía de la acción de simple nulidad. La mayoría de procesos acumulados se inició en ejercicio de la acción de simple nulidad; otros que se iniciaron en acción de nulidad y restablecimiento del derecho fueron modificados por los interesados que dejaron al final sólo la pretensión anulatoria de los actos acusados; por último, en aquellos incoados por la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra que el juez, al observar la clase de acto acusado y la situación jurídica de los demandantes, consideró que sólo era competente para enjuiciar los actos en ejercicio de la acción de nulidad simple para no hacer nugatoria totalmente la protección judicial impetrada. Entonces, se repite, tanto la corporación, como el despacho, no están modificando la demanda sino haciendo uso de los poderes de interpretación de ésta, en orden a la salvaguarda del principio de la previdencia del derecho sustancial y del derecho al debido proceso, que postulan los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, así como también de los poderes que le asisten de adecuación del proceso, por virtud del artículo 86 del Código de Procedimiento Civil».

(Auto de mayo 31 de 2001. Expediente 8600-93, Consejero Ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro).

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