Auto 8660 de agosto 27 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTIA

DE FUNCIONARIOS EN PROCESOS CONTRA EL ESTADO

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 8660

Actor: Olga Cecilia Saavedra Bernal y O. Demandada: Municipio de Villavicencio.

Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintisiete de mil novecientos noventa y tres.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Cuarenta y Nueve en lo judicial adscrita al Tribunal Administrativo del Meta, contra el auto de 21 de mayo de 1993 proferido por ese Tribunal, según el cual “no se accede a lo solicitado por la procuradora”, esto es al llamamiento en garantía de los señores Juan Carlos Sánchez y Álvaro Niño Morales, funcionarios del municipio de Villavicencio, que intervinieron en el otorgamiento de la licencia de construcción Nº 030 del 27 de febrero de 1991, acto administrativo fuente de la demanda.

Antecedentes

Según la demanda impetrada por Olga Cecilia Saavedra Bernal y Rafael Pedraza González, en ejercicio de la acción de reparación directa se pretende condena pecuniaria contra el municipio de Villavicencio, ente público que a través de sus funcionarios Juan Carlos Sánchez y Alvaro Niño Morales, expidieron la licencia Nº 030 de 27 de febrero de 1991 en favor de la Compañía “Construcciones C. y C. Ltda.” para adelantar construcciones en la manzana Z de la urbanización Madrigal, en donde se construyeron varias casas, una de las cuales fue adquirida, a título de compraventa, por los hoy demandantes. Estos consideran que el municipio otorgó indebidamente dicha licencia y que por lo mismo deberá indemnizárseles de los perjuicios sobrevinientes para ellos por tal anomalía.

La demanda fue admitida el 5 de marzo de 1993 (fl. 18). La Procuradora 49 en lo judicial acreditada ante el Tribunal, mediante escrito que ocupa los folios 27 a 29, oportunamente hizo llamamiento en garantía para que se vincularan al proceso a los señores Juan Carlos Sánchez y Alvaro Niño Morales, quienes en su calidad de funcionarios públicos del municipio demandado expidieron la licencia de construcción antes citada.

El Tribunal para no acceder al llamamiento en garantía deprecado por el Ministerio Público consideró que “el solo dicho de la Procuradora Delegada es insuficiente para vincular a las personas naturales por ella mencionadas. Es necesario acompañar con el escrito, al menos prueba sumaria que acredite la causa para citar al proceso a los demandados que pretende la Procuraduría vincular” (fl. 36).

Uno de los miembros del tribunal salvó voto, por considerar que en la citación o llamamiento en garantía no se requiere la prueba que echa de menos el auto impugnado, dado que el artículo 57 del CPC no la exige.

La Procuradora 49 en lo judicial sustentó el recurso de apelación en escrito que ocupa los folios 38 a 42. Comienza por resaltar la procedencia del recurso de apelación; prosigue con la legitimación para hacer el llamamiento en garantía con miras a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los agentes del estado cuando hubieren procedido con dolo o culpa grave; para en últimas, concluir que de acuerdo con lo estatuido por el artículo 57 del C. de P.C., que menciona a los dos inmediatamente anteriores, su petición se ajusta a derecho aun sin allegar la prueba sumaria exigida por el Tribunal, mas no por la ley.

Consideraciones de la Sala

1. La Sala, desde el auto de febrero 11 de 1993, expediente Nº 8034, actores Carmen E. Samur de Samur y otros contra el municipio de Sincelejo, consejero ponente doctor Daniel Suárez Hernández, ha reiterado el siguiente punto de vista:

“1. Hizo bien el Tribunal al concluir que el auto de 28 de octubre de 1992, por su naturaleza y por cuanto así lo dispone el artículo 56 del CPC, aplicable al proceso Contencioso Administrativo, es de los apelables.

2. El artículo 90 de la nueva Carta Política al consagrar la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos causados por acción y omisión de autoridades públicas, estableció que “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

Por su parte el artículo 277 de la misma Carta Constitucional atribuye al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, entre otras, las funciones de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes; defender los intereses de la sociedad; intervenir en los procesos ante las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

3. El Ministerio Público como parte IMPARCIAL en los procesos en que según la ley ha de intervenir, velará por el estricto cumplimiento de las normas legales y constitucionales, fuere quien fuere la parte interesada que resulte favorecida con su intervención. Dicho de otra manera, en cada caso, tal funcionario optará por abogar en favor de la parte demandante o de la parte demandada, pero en todo caso conforme a la legalidad.

Por ello, no resulta exótico que el delegado de la Procuraduría General de la Nación, en determinado proceso, tomando en consideración las funciones que ésta debe cumplir, como quedó visto a voces del artículo 277 de la Carta Política, opte por abogar por la defensa de los intereses del ente público demandado, en condiciones y términos previstos por la última parte de la preceptiva contenida en el artículo 90 de la referida Carta Política, todo con miras a repetir del funcionario público que hubiere dado lugar a la condena por su proceder doloso o gravemente culposo. Se entiende que el Ministerio Público así procederá por razones de unidad y economía procesales, para defender intereses económicos del ente público respectivo. Así, con esta interpretación integral o sistemática de las disposiciones legales, o constitucionales atrás referidas, los señores agentes delegados de la Procuraduría, que intervienen en los procesos contencioso administrativos, sí están legitimados para hacer llamamiento en garantía en condiciones y términos previstos por los artículos 217 del CCA, 57 y 58 del C. de P.C.”.

2. En un caso similar al que aquí se resuelve, concretamente mediante auto de 1º de julio de 1993, expediente Nº 8451, actor: Rosana Vargas de Quintero vs. Mindefensa Ejército Nacional, con ponencia de quien ahora proyecta ésta, la Sala dijo:

“1. La denuncia del pleito o llamamiento en garantía impetrado por el señor apoderado de la Nación, visible a folios 1 a 3, reúne íntegramente los requisitos de carácter legal y por lo mismo debió ser admitido. En efecto, en varios capítulos se identificó al llamante, se indicaron los lugares para notificar al llamado, se precisaron los hechos y fundamentos para hacer tal llamamiento y finalmente se hizo una solicitud de prueba documental para reiterar las razones que motivaron dicho llamamiento.

2. El Tribunal echa de menos la prueba sumaria de las razones, hechos y derechos que el demandado esgrime para hacer el llamamiento en garantía y por ello rechazó tal figura. Pero no tuvo en cuenta que la prueba sumaria es la que no ha sido controvertida, vale decir, que no ha gozado de la posibilidad de discutirse. De haber tenido en cuenta este criterio hubiera encontrado que el solo documento contentivo de la demanda, originada naturalmente en la parte actora, resulta suficiente para satisfacer la exigencia de la prueba sumaria y que por consiguiente no debía aportarse nada adicional para satisfacer tan elemental requisito.

La Sala reitera su criterio consistente en que el exceso de formalismos, propios del extinto procedimentalismo, es lo que permite críticas al procesalismo y que conforme al artículo 228 de la Carta Política, que elevó a canon constitucional lo señalado en el artículo 4º del CPC de 1970, se propugna porque las formas no sacrifiquen los derechos sustanciales”.

3. Se recurre al Código de Procedimiento Civil, en materia de llamamiento en garantía, dado que tal institución no se encuentra regulada por el CCA, aunque sí autorizada por el artículo 54 del Decreto 2304 de 1989, “siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. De tiempo atrás, la Sala ha interpretado el alcance de los artículos 55, 56 y 57 del Código de Procedimeinto Civil, para afirmar que “si se leen con detinimiento estas normas, se impone concluir que en parte alguna se manda que al hacer el llamamiento en garantía se acredite, así sea sumariamente la exigencia del derecho. Esto último se ordena para la denuncia del pleito (CPC., art. 54), pero el artículo 57 de la misma obra sólo dispone la sujeción a lo dispuesto en los dos artículos anteriores, es decir, que el 54 queda excluido”, como bien lo recuerda la recurrente al invocar el auto de 5 de septiembre de 1991 con ponencia del consejero doctor Julio César Uribe Acosta.

4. Como el escrito de los folios 27 a 29, presentado por la Procuradora 49 en lo judicial ante el Tribunal Administrativo del Meta, desde el punto de vista formal, reúne todas las exigencias consagradas en los artículos 55, 56 y 57 del C. de P.C., en concordancia con lo prescrito por el artículo 217 del CCA, se impone la admisión del llamamiento en garantía que la citada agente de la Procuraduría hace de los señores Juan Carlos Sánchez y Alvaro Niño Morales, a quienes se dispondrá vincular al proceso.

Lo que aquí se decide, se limita, exclusivamente, al fenómeno procesal del llamamiento en garantía, por así imponerlo la competencia restringida que hoy presenta la Sala, sin que con ello se vislumbren eventuales responsabilidades patrimoniales del municipio demandado o de los que aquí se llaman en garantía, como tampoco sobre la procedencia de la acción impetrada ni el fenómeno de caducidad de la misma.

Por lo expuesto la Sala RESUELVE:

REVÓCASE el auto materia de apelación, esto es el de 21 de mayo de 1993 proferido por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar se dispone:

1. Llámese en garantía a los señores Juan Carlos Sánchez y Alvaro Niño Morales, de las condiciones civiles y ubicables en las direcciones suministradas por el Ministerio Público quien hizo tal llamamiento. Cíteseles personalmente, notificándoles este proveído y el de 5 de marzo de 1993, proferido por el a quo, haciéndoles entrega de sendas copias de la demanda y sus anexos.

2. Suspéndase la actuación principal hasta cuando se cumpla lo anterior y venza el término de cinco (5) días, contados desde la notificación del auto que admite el llamamiento en garantía, sin que dicha suspensión exceda de noventa (90) días.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993).

Juan Montes Hernández, Presidente de la Sala—Daniel Suárez Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio César Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

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