Auto 880012331000200400010 01 (30320) de septiembre 28 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 880012331000200400010 01 (30320)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Consorcio Pedro Gómez Ingenieros & CIA. Ltda. - Dicon Ltda.

Demandada: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas

Asunto: Interlocutorio

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil seis.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto proferido el 15 de diciembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio del cual decretó la perención del proceso con fundamento en el no aporte de la suma requerida para gastos ordinarios del proceso (fls. 37 a 39, cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1. La demanda.

En ejercicio de la acción contractual prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, el Consorcio Pedro Gómez Ingenieros & Cía. Ltda. – Dicon Ltda., por intermedio de apoderado judicial, demandó a la gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de que, por vía judicial, se proceda a la liquidación del contrato 170 de 1997, celebrado entre dichas partes, cuyo objeto consistió en la construcción de las redes de alcantarillado del distrito 1, que corresponde a la Avenida Newball y Punta Hansa, Sector del North End, en la Isla de San Andrés (fls. 1 a 14, cdno. 2).

Según se desprende del escrito introductorio, las partes contratantes decidieron, de común acuerdo, dar por terminado el referido contrato, pero la administración incumplió su obligación de proceder a la liquidación del mismo, razón por la cual el contratista acude a la vía judicial para que se cumpla ese efecto.

2. El auto apelado.

Para decretar la perención del proceso, el tribunal hizo el siguiente razonamiento:

“En el caso concreto, observa la Sala que en el auto admisorio de la demanda la honorable magistrada conductora del proceso impuso a la parle demandante la obligación de depositar la suma de $ 80.000.00 para pagar los gastos ordinarios del proceso, dentro de los cuales se cuentan las expensas requeridas para la notificación al demandado, publicaciones, copias necesarias para el diligenciamiento del proceso, edictos, comunicaciones telegráficas y correo aéreo, según lo dispuesta en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2867 de 1989.

El referido auto admisorio fue notificado a los demandantes por estado en fecha 5 de mayo de 2004, no obstante lo cual no se ha dado cumplimiento a dicha orden judicial, de acuerdo con la constancia expedida por el secretario general de la corporación el 30 de noviembre del mismo año, en el que se consigna: ‘revisado el libro de gastos ordinarios de los procesos que cursan en esta corporación, se comprobó que la parte demandante dentro del presente expediente aún no ha consignado la suma señalada por el despacho para gastos ordinarios del proceso mediante auto de fecha cinco (5) de mayo de dos mil cuatro (2004)’. En virtud de lo anterior, el pluricitado proveído no ha sido fijado en lista para que el demandado pueda ejercitar su derecho de defensa y, en consecuencia, el proceso ha permanecido desde entonces en la secretaría de la corporación.

Estando el proceso pendiente de una actuación procesal a cargo de los accionantes y que tiene como objeto dar impulso al juicio, y habiendo transcurrido a la fecha más de seis (6) meses desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, actuación que se surtió el 13 de mayo de 2004 según consta en el anverso del folio 21 del expediente, estima la Sala que se cumplen los presupuestos necesarios para que proceda la declaratoria de perención del proceso, lo cual hará en la parte resolutiva de esta providencia” (fls. 37 y 38, cdno. ppal. – resaltado de la Sala).

3. El recurso de apelación.

Esta decisión fue apelada oportunamente por la parte actora y está encaminada a obtener su revocatoria, para que, en su lugar, se declare que la parte demandada fue debidamente notificada de la admisión de la presente demanda y que, en consecuencia, debe procederse a su fijación en lista para que ejerza su derecho de defensa.

Para fundamentar este aserto manifiesta que en el presente asunto no ha existido la inactividad que alega el tribunal, en consideración a que el 17 de mayo de 2004 la parte demandada fue notificada del auto admisorio de la demanda y contra esta decisión no interpuso ningún recurso, luego la litis entre demandante y demandado se ha trabado.

Por ello critica la actuación de su contraparte, en el sentido de que si conoció de la existencia de la demanda y se notificó de su admisión, como pudo solicitar la perención del proceso antes que su fijación en lista para ejercer su derecho de defensa y así darle al proceso el trámite correspondiente para resolverlo en la sentencia?

Finalmente indicó que la notificación de la admisión de la demanda a su contraparte el 17 de mayo de 2004 constituye presencia activa dentro del proceso, luego el pago o no pago de las expensas no puede oponerse al principio de eficacia de los actos procesales (fls. 45 a 49, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

La Sala revocará la providencia recurrida y en su lugar ordenará que el proceso siga su curso, habida cuenta que la fijación en lista es un acto procesal de carácter oficioso, que no está sujeto al pago de las expensas para gastos ordinarios del proceso, sino que se debe cumplir cuando se haya practicado la notificación del auto admisorio de la demanda al sujeto pasivo.

Previo a hacer la declaración en tal sentido, es necesario referir a algunos aspectos básicos de la perención como forma anormal de terminación de un proceso:

El artículo 148 del Código Contencioso Administrativo establece la figura de la perención en los procesos contencioso administrativos como mecanismo de terminación anticipada del proceso y tiene por finalidad sancionar la inactividad de la parte demandante cuando a esta corresponda el impulso del proceso, pero opera solo en tanto efectivamente el desarrollo y la continuación del debate judicial dependan exclusivamente de la actuación de esa parte y no del juez.

El texto de la norma es el siguiente:

ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

De dicho texto se pueden extraer los presupuestos de procedibilidad de esta figura, los cuales se resumen así:

a) Inactividad del proceso en la secretaría por el término de seis (6) meses.

b) Inactividad por causa distinta al decreto de suspensión del proceso emitido por el juez.

c) Que el proceso se encuentre cursando la primera o única instancia.

d) Que el demandante incumpla, en dicho término, con las actuaciones procesales de impulso del proceso a su cargo.

e) Que el proceso no obedezca al ejercicio de la acción de nulidad.

En ese contexto, ahora debe determinarse si la razón que adujo el tribunal para decretar la perención del proceso, esto es, que el proceso no se pudo fijar en lista porque el demandante no aportó las expensas para los gastos ordinarios del proceso, se ajustó a derecho.

Para ese cometido lo primero que se advierte es que la demanda fue admitida por auto de 5 de mayo de 2004, el cual fue notificado por estado de fecha 10 de mayo siguiente y allí se ordenó a la parte actora depositar, en el Banco Popular y a órdenes del tribunal, la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000.00) para cubrir los gastos ordinarios del proceso.

Al respaldo de esa misma providencia aparecen las constancias de su notificación por estado, al igual que las realizadas al procurador judicial ante el tribunal el 5 de mayo de 2004 y a la gobernadora del departamento demandado el 17 de mayo siguiente (fI. 21, cdno. 2).

Posteriormente, mediante escrito presentado el 16 de noviembre del mismo año, el apoderado de la parte demandada solicitó el decreto de la perención del proceso con fundamento en la presunta inactividad de la demandante, relativa al no aporte de las expensas para los gastos ordinarios del proceso, hecho que había impedido que el mismo fuera fijado en lista y que, por ende, hubieran podido ejercer sus derechos de contradicción y de defensa (fl. 22, cdno. 2).

La orden de depositar los dineros para gastos ordinarios del proceso se cumplió el 1º y 2 de diciembre de 2004, según escritos que en tales fechas presentó el apoderado de la parte actora, a los que anexó el respectivo comprobante de consignación (fls. 31, 35 y 36, cdno. 2).

El caso concreto

De acuerdo con los antecedentes fácticos que quedan descritos, la Sala no abriga ninguna duda en el sentido de que si el impulso del proceso hubiera dependido necesariamente de que la parte actora aportara las sumas para gastos ordinarios del proceso, la perención decretada por el tribunal ameritaría confirmación, habida cuenta que el incumplimiento por parte del demandante respecto de esta orden superó el límite de los seis (6) meses a que alude el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, pues independientemente de la fecha de mayo que deba tomarse como referencia para contabilizar dicho plazo, esto es, si la del día 13 como lo indicó el tribunal o la del día 17 como lo sugiere el recurrente, lo cierto es que entre una y otra fechas y las del 1º ó 2 de diciembre de 2004, cuando la sociedad actora aportó el recibo de consignación de los referidos gastos, el plazo de los seis meses había transcurrido en exceso.

Sin embargo, de la disposición transcrita se desprende que el abandono o descuido del proceso con capacidad para generar su perención tiene que ver, única y exclusivamente, con la inactividad a quien le corresponde dar impulso al proceso y no cuando dicha tarea corresponda al juez, tal como sucede en este caso, en el cual la actuación a ejecutar era la de fijar el proceso en lista para los efectos del numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, carga que es del resorte exclusivo del juez y que debe cumplirse una vez se surta la notificación del auto admisorio de la demanda al sujeto pasivo.

En esas condiciones, si de acuerdo con la constancia de folio 21 vuelto, el 17 de mayo de 2004 la parte demandada fue notificada del auto admisorio de la demanda y en el mismo acto se le hizo entrega de copia de tal escrito y de sus anexos, tal circunstancia resultaba suficiente para que el tribunal procediera a fijar el proceso en lista para los fines legales pertinentes y no dejar el expediente en secretaría a la espera de que el demandante aportara unos dineros que no eran necesarios para cumplir con esa actuación procesal, dado que la esencia de pagar los gastos ordinarios del proceso radica en que las actuaciones que demandan alguna inversión económica se practiquen y que el proceso siga su trámite legal, pero, en ningún caso, dejar de practicar una actuación que no requiere de inversión económica sino del simple impulso oficioso del juez como es el caso de la fijación en lista.

En consecuencia, como la actuación surtida hasta este momento no ha requerido de inversión económica a cargo de la parte demandante, para no sacrificar principios como el de acceso a la administración de justicia y de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, el tribunal deberá fijar el proceso en lista para los efectos de ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto apelado, esto es, el proferido el 15 de diciembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, en su lugar, se dispone:

Continúese con el trámite del proceso.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Mauricio Fajardo Gómez, Presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra, Ausente.

_________________________________________________