Auto 8996 de mayo 19 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ASISTENTES DE CONGRESISTAS

DESEMPEÑO DE FUNCIONES FUERA DE BOGOTÁ

EXTRACTOS: «Al haberse hecho evidente que dos de las empleadas, integrantes de la unidad legislativa del doctor S..., siendo empleadas del Congreso de la República, prestan sus servicios en una oficina particular del senador, en la ciudad de Manizales, situación, que, eventualmente, podría configurar un delito de peculado por uso de servicios, se procedió a establecer la real existencia de esa sede laboral. La inspección judicial practicada en dicho lugar, da la certeza de que efectivamente el procesado tiene una oficina en su ciudad de origen, para atender asuntos propios de su cargo de representación nacional.

Diluciado este punto, resulta pertinente volver a las normas constitucionales que regulan la función legislativa, para determinar si los parlamentarios tienen o no facultad para asignar a los empleados de su unidad legislativa una sede de trabajo que no sea la del Congreso.

Es así como el artículo 7º de la Carta proclama que los miembros del Congreso representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Son por consiguiente, responsables ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

De otra parte, los numerales 6º y 8º del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 autorizan a los congresistas para que directamente o a través de apoderado puedan adelantar acciones ante el gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales, e intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana.

Por lo demás, el artículo 388 de la citada ley que crea la unidad de trabajo legislativo, dispone que “cada congresista contará, para el logro de una eficiencia labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada congresista postulará, ante la mesa directiva, en el caso de la Cámara y, ante el director general, o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato”.

Al revisar estas normas que regulan las funciones de los congresistas y dado que sus cargos son de origen y de representación popular, resulta forzoso concluir que un representante a la Cámara o un senador de la República deben convivir con su región, enterarse directa y personalmente de los problemas sociales y políticos y escuchar las inquietudes y requerimientos de sus electores, para poder presentar proyectos de ley que solucionen tales problemas, por lo que, para ellos es indispensable contar con los instrumentos mínimos que requiere esa parte de su tarea oficial.

Así lo demuestra, por ejemplo, la actividad que ha desplegado el doctor S... para que las necesidades de los trabajadores de su región, esto es, los caficultores, algodoneros y ganaderos, lleguen a los estrados del Congreso y se dicten normas que mejoren sus ocupaciones; y el contacto directo con los problemas sociales y económicos y sus protagonistas, indudablemente brinda una mayor claridad sobre la forma de enfocar las soluciones.

En síntesis, cada miembro del Congreso, puede destinar asistentes de su unidad legislativa a colaborarle en el cumplimiento de los deberes que nacen de su investidura, aun fuera de la sede del Congreso.

Pese a las consideraciones precedentes, se debe precisar que lo anterior no constituye una patente de corso para que los honorables miembros del Congreso contraten personal pagado con dineros públicos, para desempeñar funciones en sus respectivas regiones, y los dediquen a la realización de actividades particulares, que los conviertan en activistas políticos o constituyan verdaderas becas, en cuanto los beneficiarios no realizan actividad diversa que la de cobrar los correspondientes sueldos.

De lo anterior, se debe concluir que cuando estos funcionarios se dedican a colaborar en la región para prestar un mejor servicio a la comunidad, o cuando sirvieren de puente entre los electores y el congresista, se ha de entender que realizan una actividad lícita y a contrario sensu, en las hipótesis anteriormente planteadas o en casos similares, estaremos en presencia de una posible infracción a la ley penal.

En el sub júdice no es ese el caso y en tales circunstancias se ha de concluir que la destinación de tales funcionarios a la realización de actividades relacionadas con la función congresional es atípica.

La misma afirmación surge de las comunicaciones dirigidas a esta Corporación por el director general administrativo del Senado de la República, quien responde a ese punto señalando que la regulación laboral de los asistentes y asesores corresponde exclusivamente a los senadores, atribución que, bajo esos parámetros, le permite al parlamentario indicar el lugar en donde los empleados de su unidad de trabajo deben prestar su colaboración.

Por lo demás, es indudable que la discrecionalidad de un congresista para indicar el sitio de trabajo de sus subalternos emerge del entendimiento exacto de la preceptiva contenida en el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, por cuanto ella creó para cada congresista una unidad de trabajo a su servicio, con el propósito de que logre una eficiente labor oficial, que de acuerdo al tenor de los ya memorados numerales 6º y 8º del artículo 283 de la ley reglamentaria del Congreso, incluye deberes con la comunidad colombiana, en general, y la circunscripción electoral que lo eligió, en particular.

Una razón más para admitir que los legisladores tienen facultad para tener empleados en las regiones a las cuales representan, y que ese es el entendimiento y alcance que se ha dado a las normas de la Ley 5ª de 1992, se encuentra en el hecho de que la Contraloría General de la República, al practicar la auditoría integral al Senado de la República en el año de 1992, encontró múltiples irregularidades en el funcionamiento de las dependencias de esa célula legislativa, pero en ningún momento mencionó que de parte de los empleados de las unidades legislativas existiera la obligación de prestar sus servicios exclusivamente en la sede del Congreso».

(Auto de mayo 19 de 1995. Radicación 8996. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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