Auto 9033 de septiembre 14 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN

EL JUSTIPRECIO REALIZADO POR EL TRIBUNAL NO OBLIGA A LA CORTE

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Referencia: Expediente 9033-97

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil (2000).

Decide la Corte sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el demandante Gabriel Perdomo Saíz contra la sentencia del 22 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario adelantado por el recurrente contra el Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop”, antes Financiacoop.

Antecedentes

Mediante demanda cuyo conocimiento correspondió al Juez Once Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, Gabriel Perdomo Saíz, por conducto de apoderado judicial, promovió proceso ordinario contra el Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop”, antes Financiacoop, impetrando declararlo responsable de los perjuicios materiales y morales recibidos por no haber sido indemnizado por la pérdida del vehículo de su propiedad, de las características que detalla, debido a que la demandada no mantuvo vigente la póliza de seguros que lo amparaba contra todo riesgo. Consecuentemente pidió condenarlo al pago de tales perjuicios, que estima en cifra superior a veinte millones de pesos ($20.000.000), discriminados así: a) por concepto de daño emergente, la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), valor del vehículo de su propiedad; b) a título de lucro cesante, cantidad superior a diez millones de pesos ($10.000.000), en la cual se comprenden el interés corriente moratorio de la suma anterior, desde el día de la pérdida del automotor, hasta cuando reciba la indemnización; los valores que debió sufragar para movilizarse, tras el hurto del mismo y los gastos realizados en las diligencias judiciales llevadas a cabo con el fin de recaudar pruebas para dar inicio este proceso, c) perjuicios morales, “... representados principalmente en que la entidad demandada hizo firmar a mi mandante un pagaré para asegurar el pago de las cuotas que adeudaba. Además, él y su familia han sufrido presiones pues la entidad demandada pretende que se le pague y amenaza con demandarlo”, daño cuyo monto calculó en valor superior a tres millones de pesos, “... según determine su despacho en gramos oro, como es de ley”. Los perjuicios reclamados solicitó reconocerlos en su valor adquisitivo actual. Finalmente impetró condenar a la demandada al pago de las costas procesales.

Notificada la sociedad demandada, se opuso a las pretensiones deducidas en su contra.

La primera instancia concluyó con sentencia del 26 de agosto de 1999, en la cual se acogieron las excepciones propuestas por la demandada “... que apuntan a que para este asunto no se demostraron los elementos axiológicos necesarios para la prosperidad de la acción de responsabilidad civil contractual”. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda, se dio por terminado el proceso y se condenó al actor a sufragar las costas procesales.

Inconforme con la resolución anterior, el demandante interpuso recurso de apelación, decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, en sentencia del 22 de febrero de 2000, confirmatoria de la del a quo. Contra esta decisión, la misma parte interpuso recurso de casación.

Justipreciado el interés para recurrir, el tribunal lo concedió en providencia del 11 de julio del año en curso, considerándolo procedente porque “...de conformidad con el dictamen pericial presentado, se desprende que el interés para recurrir en casación es superior al mínimo legal establecido para el momento en que se interpuso el recurso...”.

Consideraciones

1. Como el recurso de casación es un medio extraordinario y excepcional de impugnación de las sentencias judiciales, el legislador lo ha reservado para aquellos eventos en los cuales la importancia del asunto debatido, deducida de su naturaleza o valor, lo justifica.

2. En desarrollo de tal postulado, el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, prevé que el citado recurso procede contra las sentencias que en él se enuncian, siempre que “... el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente”, sea o exceda del monto fijado por la ley, previsión legal de la cual resulta que el interés para recurrir deviene del quantum del agravio que la sentencia proferida por el ad quem le irroga al censor, interés que se debe establecer en el momento en que se causa, esto es, cuando se profiere el pronunciamiento que lo determina.

Como lo ha señalado la Corte, “... la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés” (Auto 064 de 15 de mayo de 1991).

3. En el presente asunto, la cuantía del interés para recurrir en casación se justipreció en el dictamen visible a folios 24 al 27 cuaderno 7, aclarado en el escrito obrante a folio 32 del mismo cuaderno, en la cantidad de $76.368.038, a la cual asciende el monto de los perjuicios presuntamente irrogados al demandante por no haber recibido la indemnización derivada de la pérdida del automotor descrito en el libelo introductor, discriminados así: a) daño emergente, representado en el valor del automotor antes mencionado, actualizado hasta el 8 de mayo de 2000: $6.599.404; b) lucro cesante, constituido por el interés moratorio de la suma anterior, liquidado hasta la misma fecha: $30.676.989; daños morales, estimados en 1.200 gramos oro, que equivalen a $21.885.924, teniendo en cuenta “...la zozobra económica causada con la privación del único medio de sustento del demandante, como quiera que era su herramienta de trabajo...”.

Ahora bien, en la experticia que se elabore con el fin de calcular el monto del interés para recurrir en casación, como se dijo, sólo han de consultarse aquellos factores que como el perjuicio patrimonial son susceptibles de avaluarse por este procedimiento, pero sin que puedan involucrarse conceptos que como el valor del daño moral están reservados al arbitrio del juez, respecto del cual esa forma de tasación se torna inadecuada, pues este, precisamente por ser inconmensurable es extraño al avalúo de peritos, razón por la que se ha dejado al prudente y soberano juicio del fallador, pues ha considerado la jurisprudencia de la Corte, que “...ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19).

Por tal razón, como la fijación de la suma que como compensación a los citados daños pueda reconocerse al reclamante, es asunto librado al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación, mal podía el experto arrogarse una atribución de la cual no está provisto, para cuantificar el daño moral sufrido por el demandante e incluirlo como factor determinante de la valoración solicitada, adicionalmente sobre bases distintas de las invocadas por el propio interesado, como “...la zozobra económica causada con la privación del único medio de sustento del demandante, como quiera que era su herramienta de trabajo...”, que ni siquiera fue insinuada por éste.

4. El tribunal, como ya se mencionó, concluyó que “...de conformidad con el dictamen pericial presentado, se desprende que el interés para recurrir en casación es superior al mínimo legal establecido para el momento en que se interpuso el recurso”, juicio al cual arribó porque se abstuvo de apreciarlo en la forma ordenada por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de constatar, con el esmero debido, su conformidad con los postulados supracitados, labor que de haber desplegado en forma apropiada le habría permitido detectar la intromisión del experto en campo reservado al juzgador, e inferir que los factores que podían ser valorados pericialmente, que corresponden al daño emergente y lucro cesante reclamados por el demandante, tan sólo arrojan un guarismo de $54.482.114, insuficiente para el efecto anotado, si se tiene en cuenta que para tal momento la cuantía del citado interés debía ser igual o superior a $75.310.000. Esto, aun sumándole el máximo valor que por perjuicio moral ha señalado la Corte.

5. Desde luego que la calificación que sobre la procedencia del recurso hizo el tribunal, al considerar que “…de conformidad con el dictamen pericial presentado, se desprende que al interés para recurrir en casación es superior al mínimo legal establecido para el momento en que se interpuso el recurso…”, no vincula a la Corte, dada la manifiesta inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil en cuanto declara que, “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”, que consecuentemente inaplica la Corte en este caso concreto, fundada en el artículo 4º de la Constitución Política y habida consideración de que la incompatibilidad con la Constitución, surge al primer golpe de vista y de una simple confrontación del texto mencionado con los principios constitucionales que gobiernan las administración de justicia.

6. Según el artículo 234 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y dentro de sus atribuciones se encuentra la de servir de “tribunal de casación” (art. 235, num. 1º, ibídem), para cuyo efecto se ordenó el recurso de casación. Esta potestad, desde luego, no debe entenderse limitada a los fines que la propia ley asigna a ese medio extraordinario de impugnación, en tanto está llamado a reparar el agravio inferido por la sentencia a la ley y restablecer los derechos conculcados a las partes, así como a unificar la jurisprudencia nacional (CPC., art. 365), sino que su campo de acción también se extiende a los actos preparatorios a ese propósito, como es lo referente a la admisión del recurso y a la calificación de la demanda presentada para sustentarlo.

7. Siendo, entonces, trascendente al objeto de la casación los actos preparatorios, es innegable que a partir de su interposición, la autoridad judicial de instancia ejerce un control previo y formal de los requisitos exigidos en la ley para su procedencia. Sin embargo, ese control convertido en camisa de fuerza para el “tribunal de casación”, como lo dispone el inciso 2º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, vulnera flagrantemente el principio de independencia funcional en los distintos grados de la administración de justicia establecido por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y a la par el de la jerarquía funcional referido antes.

En efecto, si la Corte Suprema de Justicia es el “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, prima facie dejaría de serlo cuando una autoridad judicial que en la estructura de la rama judicial se encuentra en un grado inferior, resultara imponiendo, sin más, el trámite de un recurso. En este evento la Corte, contrario a la Constitución, tendría que observar sumisión y respeto, por equivocada que sea, a la decisión del inferior sobre la concesión del recurso de casación, no obstante ser el “tribunal de casación”, es decir, el de la especialidad.

No debe perderse de vista que el orden jurídico del Estado descansa en la misma Constitución, porque es ella la que “instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en sociedad” (C. Const., sent. T-006/92). De ahí que todo lo que tienda a desconocer sus principios, entre ellos aquel que señala que la Corte Suprema de Justicia es el “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, debe desecharse como criterio de validez.

El principio de la independencia judicial es uno de los pilares básicos de la administración de justicia y del propio Estado social de derecho. Este principio busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos o presiones ejercidas sobre el funcionario que las adopta, no sólo de las otras ramas del poder público, sino de la misma rama judicial (C. Const., sent. C-037/96). Significa esto que el ejercicio de las funciones judiciales sólo deben estar atadas al imperio de la ley, sin que puedan depender de “ningún otro poder superior, ni de vínculos jerárquicos, aún dentro del ámbito del mismo orden judicial” (Liebman, Enrico Tulio. Manual de Derecho Procesal Civil, EJEA, Buenos Aires, 1980, pág. 7).

Pero así como los “superiores jerárquicos” no pueden imponer a sus inferiores el sentido de las decisiones judiciales, el mismo principio debe ser observado respecto de estos hacia aquéllos. Esto implica que si una norma legal lo autoriza, como la que impone a la Corte la ponderación que realice el juez de instancia sobre el justiprecio para recurrir en casación, su incompatibilidad con la Constitución es claramente manifiesta.

Ahora, si el interés económico para recurrir en casación es el determinado en la ley, pues ella es la encargada de definir la competencia, también se atenta contra el principio de legalidad (C.P., art. 29), cuando como lo consagra el inciso 2º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, indefectiblemente la Corte tiene que admitir el recurso de casación, no obstante la presencia de “factores distintos”, no legales, “como acontece cuando la cuantía es insuficiente y no obstante se concede, ora cuando obedece a la arbitrariedad o al capricho del perito, tal cual sucede en los casos en que desborda el objeto del dictamen, como cuando apartándose de la actualidad y con ella de la “realidad económica” “de la cuestión de mérito desfavorable al recurrente”, emite conceptos extraños a las pretensiones de la demanda o a las condenas impuestas” (Auto Nº 050 de 15 de marzo de 2000).

8. Lo expuesto pone de presente el antagonismo manifiesto del precepto legal con los mandatos de la Constitución, lo que hace procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Constitución Política.

En razón y mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

INADMITIR el recuso de casación interpuesto por Gabriel Perdomo Saíz contra la sentencia del 22 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario adelantado por el recurrente contra el Banco Cooperativo de Colombia “Bancoop”, antes Financiacoop, porque la cuantía del interés para recurrir es inferior al mínimo establecido legalmente.

Notifíquese.

Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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