Auto 9045 de enero 24 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE EXTORSIÓN

COMPETENCIA SEGÚN LA CUANTÍA

EXTRACTOS: «1. El artículo 5º transitorio del CPP actual (Decreto 2700 de 1991), mantuvo la competencia de los juzgados y del Tribunal Superior antes de orden público y hoy regionales y nacional, respectivamente, para continuar conociendo de los hechos punibles de los cuales tenía competencia hasta su fecha de entrada en vigencia —julio 1º de 1992—, pero supeditó ésta a la aprobación que de los decretos que la atribuían, hiciera la Comisión Especial o “Congresito”, manteniéndole así a esta legislación en lo relativo a juzgados y Tribunal antes de orden público, la categoría de leyes especiales que traían, aunque integrantes del ordenamiento procesal.

2. Por su parte, el artículo 2º transitorio del mismo estatuto delimitó a diez (10) años a partir de su vigencia la competencia que ese ordenamiento les atribuye a los mismos jueces regionales y Tribunal Nacional; e implícitamente durante ese mismo lapso extendió la competencia reiterada a esos mismos despachos en los decretos aprobados por la Comisión Especial.

3. No obstante, ahora, un precepto posterior de igual jerarquía normativa, que tal es el artículo 63 de la Ley 81 de 1993, modificatorio del C.P.P., deroga y subroga las disposiciones a él contrarias, sea que estén incluidas en el código propiamente dicho o que se encuentren en los decretos convertidos en legislación permanente en virtud del artículo 8º transitorio de la C.N. La norma reza:

“La presente ley rige a partir de su sanción, deroga y subroga todas las disposiciones que le sean contrarias, tanto del Código de Procedimiento Penal, como de las disposiciones adoptadas como legislación permanente conforme a lo establecido en el artículo 8º transitorio de la Constitución Política”.

Así, al ocuparse concretamente de los decretos en alusión junto al C. de P.P., es obvio que el legislador ha optado también por abolir las normas de ellos, contrarias a las previsiones contenidas en la Ley 81 de 1993; no otra intelección resulta de la especificidad que hace al código en sí mismo y a los mencionados decretos, independientemente de la naturaleza que puedan tener de normas especiales.

Así la situación, débese reconocer que efectivamente existe contrariedad entre el artículo 71 numeral 4º último aparte del C.P.P.; tal como quedó reformado por el 9º de la Ley 81 de 1993, y el artículo 9º del Decreto 2790 de 1990 tal como fue modificado por los Decretos 099 y 1676 de 1991, que fueran convertidos en legislación permanente, en lo relativo a la competencia de los hoy juzgados regionales.

En efecto: La norma de la Ley 81 de 1993 citada (modificatoria del art. 71, C.P.P.) atribuye competencia a esos despachos para conocer de los procesos por delitos de extorsión en cuantía igual o superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales (mandato idéntico al del artículo del código, derogado, el 71-4), mientras que el Decreto 2790 de 1990, convertido con sus modificatorios en legislación permanente por Decreto 2271 de 1991, fijaba la competencia a esos despachos para el mismo delito en suma igual o superior a cinco millones de pesos, cuantía esta que resulta ser inferior a la de la Ley 81, y por consiguiente, contraria a ésta.

Si como se observa, ninguna modificación introduce la ley al artículo 71-4 del código respecto de la cuantía de esa competencia —ambos la fijan en ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales—, es evidente que la derogatoria sobre el particular está dirigida al decreto convertido en legislación permanente en virtud del artículo 8º transitorio de la C.N., sin perjuicio de su categoría de norma especial, que la Corte le había reconocido en providencias del 22 de julio y 2 de septiembre de 1992, al dirimir conflictos de la misma naturaleza del que aquí se estudia pero contando entonces con presupuesto legislativo diferente, como que para entonces ninguna derogación con la amplitud de la del artículo 63 de la Ley 81 de 1993 se había hecho».

(Auto de enero 24 de 1994. Radicación 9045. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

________________________________________