Auto 9095 de abril 29 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DENUNCIA DEL PLEITO

ES IGUAL AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de 14 de septiembre de 1993, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante el cual se inadmitió la denuncia de pleito propuesta por las Empresas Públicas de Lebrija contra el señor Luis Enrique Gómez Monsalve.

Para tomar la decisión denegatoria sostuvo el a quo:

“Sabido es que la denuncia del pleito es procedente, al tenor del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, norma remisiva del artículo 217 del CCA cuando de acuerdo con la ley sustancial, se tiene ese derecho.

De acuerdo con la doctrina, la denuncia del pleito guarda gran afinidad con el llamamiento en garantía, pues ambas figuras pretenden lograr la intervención de terceros litisconsorciales pasivos, bajo el mismo procedimiento; sin embargo en el desarrollo jurisprudencial se ha circunscrito la denuncia a las diversas hipótesis de reclamación de saneamiento por evicción, en tanto que el llamamiento en garantía a los casos en que exista un riesgo que por ley o contrato deba ser garantizado por el llamado.

Sobre el particular el ilustre procesalista Dr. Hernando Devis Echandía, se expresa así:

“De acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento Civil, debe limitarse la denuncia a los casos de saneamiento de derechos reales, porque cuando se trata de derechos personales y exista una obligación de garantía o una acción revérsica tendrá el simple llamamiento en garantía contemplado en el artículo 57 del C. de P.C. por haberse introducido éste como una institución separada...” (Hernando Devis Echandía, Tratado: Nuevo Procedimiento Civil Colombiano. Tomo II, págs. 355-356).

Por ello, dadas estas claras especificaciones, la Sala considera que en el presente caso no procede la denuncia del pleito, pues ha debido acudirse a la figura del llamamiento en garantía, toda vez que obra un contrato entre la entidad demandada y el tercero que se pretende vincular al proceso, del cual emanan las obligaciones que se alegan”.

Inconforme la parte demandada apeló y sustentó el recurso mediante el escrito que obra a folios 81 y siguientes.

Para resolver, SE CONSIDERA:

El proveído apelado será revocado, ya que la Sala no hace suya la perspectiva que manejó el a quo, el cual apoyado en interpretación simplemente literal de los artículos 54 y 57 del C. de P.C. concluyó que no podía aceptarse la denuncia porque en su lugar debió formularse el llamamiento en garantía, ya que el asunto no tenía que ver con un saneamiento de derechos reales.

Si bien es cierto la jurisprudencia de la Corte distingue desde hace algún tiempo las dos instituciones mencionadas (habida cuenta de la índole de los derechos en juego en una u otra), no es menos cierto, en primer término, que procesalistas tan connotados como el doctor Jairo Parra Quijano insisten en que esa diferenciación no tiene justificación alguna en el derecho colombiano y afirman, incluso, que el artículo 57 del mencionado código procesal sobra por ser en otras palabras repetición del artículo 54 ibídem (“Intervención de terceros en el proceso civil”. Depalma 1986, pág. 202); en segundo, porque la jurisprudencia administrativa, tan pronto empezó a regir el artículo 217 del C.C.A que permite en los procesos de reparación directa y contractuales a la parte demandada y al ministerio público, durante el término de fijación en lista, denunciar el pleito o hacer el llamamiento en garantía, llegó a la conclusión que las figuras eran procesalmente idénticas y referidas fundamentalmente a litigios relacionados con derechos personales, entre otras razones, porque los casos de saneamiento de derechos reales, en principio, eran exóticos en esta jurisdicción.

El tratamiento unificado, pues, no permite rechazos como el que aquí se estudia; y menos cuando una somera interpretación de las normas habría permitido entender cabalmente qué era lo que quería la demandada al pretender vincular a este proceso al señor Luis Enrique Gómez M., quien mediante contrato celebrado con la mencionada entidad, estaba obligado a la recolección de basuras y al barrido de las calles, en cuya ejecución se causaron los daños que originaron la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,

RESUELVE:

Revócase el auto de septiembre 14 de 1993 dictado por el Tribunal Administrativo de San-tander. En su lugar:

Admítese la denuncia de pleito o llamamiento en garantía formulado por las Empresas Públicas de Lebrija contra el señor Luis Enrique Gómez Monsalve».

(Auto de abril 29 de 1994. Expediente 9095. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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