Auto 9151 de junio 27 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

TRANSACCIÓN

NO ESTA AUTORIZADA EN EL CONTENCIOSO LABORAL

Consejero Ponente:

Dr. Diego Younes Moreno

Ref.: Expediente 9151

Santafé de Bogotá, D.C., junio veintisiete de mil novecientos noventa y cuatro.

En memorial visible a folios 51 y 52 del cuaderno principal del expediente, suscrito por el gobernador del departamento del Cauca y el mandatario judicial del demandante en este proceso manifiestan a la Sala que, con fundamento en los artículos 340 y 341 del C. de P.C., “ha transigido la litis sobre la cual recayó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 16 de septiembre de 1993”, y que en consecuencia, es su deseo dar por terminado el aludido proceso por transacción.

El asunto llegó a esta Corporación en apelación de la sentencia de primera instancia, mediante la cual el a-quo accedió a las súplicas de la demanda.

Para resolver, se

Considera:

1. En materia contencioso administrativa, y por excepción, la transacción, como una de las formas de terminación del proceso, está instituida en el Código Contencioso Administrativo (artículo 218) para procesos relativos a contratos y asuntos de reparación directa, pues dicho artículo está ubicado en el capítulo II, bajo el epígrafe “De los procesos relativos a contratos y de los de reparación directa”.

2. La transacción, dentro del contexto restrictivo antes señalado, se consagró en el artículo 218 del Decreto 01 de 1984, en los siguientes términos:

“Allanamiento de la demanda. Transacción. Cuando el demandado sea persona de derecho privado, sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, podrá allanarse a la demanda en los términos de los artículos 93 y 94 del Código de Procedimiento Civil.

La Nación requerirá autorización del gobierno nacional, las demás entidades públicas solo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde que las represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas.

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente la sentencia.

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción” (sublíneas fuera del texto).

La disposición antes transcrita fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 29 de noviembre de 1984, de la cual fue ponente el Dr. Carlos Medellín Forero.

3. Posteriormente, el legislador extraordinario, mediante Decreto 2304 de 1989, modificó el artículo 218 del Decreto 01 de 1984, en los siguientes términos:

“Artículo 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

El artículo 55 del Decreto 2304 de 1989, que modificaba el 218 del C.C.A., fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 20 de junio de 1990, magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz, de la cual la Sala se permite transcribir los siguientes apartes:

“La transacción —en cambio— es un negocio jurídico de composición mediante el cual las partes ponen fin a un litigio o evitan uno eventual, renunciando recíprocamente a pretensiones alegadas. De lo anterior resulta que le asiste razón al actor cuando afirma que la capacidad que el artículo 218 del C.C.A., modificado, le reconocía a las entidades públicas para celebrar transacciones judiciales, previas las autorizaciones correspondientes, desborda los límites de lo procesal, y por tanto las atribuciones conferidas al Presidente de la República, pues el verdadero sentido de la transacción es el de ser un contrato.

Como quedó visto, no puede predicarse lo mismo del allanamiento de la demanda que comporta una naturaleza sustancialmente diversa de la de la transacción, y darles tratamiento semejante, como se hace en la demanda, constituye un error de valoración jurídica”.

Y luego concluyó:

“Esta Corporación estima que con la norma acusada lejos de respetar el fin indicado por la ley de atribuciones, el Presidente de la República impide que ese fin se logre, con lo que contraría los mandatos del artículo 118-8, en concordancia con el numeral 12 del artículo 76 de la C.N., y por lo tanto debe declararse su inexequibilidad”.

4. No está pues autorizada, en el Código Contencioso Administrativo, la terminación del proceso en restablecimiento del derecho de carácter laboral mediante la figura de la transacción, y en consecuencia se deberá negar la solicitud y en su lugar se ordenará proseguir el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

DENEGAR la solicitud de terminación del proceso por transacción, formulada por el señor Gobernador del Cauca y por el demandante, por las razones antes expuestas, y ordenar proseguir la apelación.

Cópiese y notifíquese.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión del día dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Dolly Pedraza de Arenas, Presidente—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Carlos Arturo Orjuela Góngora, aclara voto—Diego Younes Moreno.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con todo respeto me permito consignar algunas inquietudes en relación con el tema de fondo de este proceso, a saber:

1. La Ley 23 de 1991 introdujo el mecanismo de la conciliación en los juicios contencioso administrativos de carácter laboral, sobre el supuesto de que era viable que la administración pudiese llegar a un acuerdo de esa naturaleza con los particulares afectados por la ilegalidad de sus actos, que evitara el adelantamiento de un proceso largo, dispendioso y costoso para el Estado y sus gobernados.

2. El Decreto 2651 de 1991 aplazó o suspendió la vigencia del procedimiento conciliatorio en esta clase de asuntos, por un lapso de cuarenta y dos (42) meses.

3. Así las cosas, no parece ostensible la imposibilidad de que la administración pueda celebrar transacciones en esos mismos casos. Sin embargo, frente a la certeza de que por ahora y mientras se cumple el plazo señalado en esa disposición no le es dable conciliar a las entidades oficiales, acepto en gracia de discusión que no puedan, tampoco, transigir. Empero, lla-mo la atención sobre el hecho de que una vez recobre vigencia el trámite conciliatorio de que trata la Ley 23, probablemente no sólo podrán hacerlo, sino que éste debe convertirse en un instrumento para agilizar la solución de las controversias entre el Estado y los particulares, y evitar la proliferación de juicios y por supuesto, la congestión de los estrados judiciales.

Con todo acatamiento,

Carlos Arturo Orjuela Góngora 

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