Auto 9257 de abril 14 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTIA

QUIÉN DEBE CUBRIR LOS GASTOS QUE OCASIONE

EXTRACTOS: «Dentro del proceso de reparación directa promovido por Jorge Luis Restrepo Montoya y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, el señor agente del Ministerio Público radicado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, oportunamente hizo llamamiento en garantía para que en la sentencia definitiva se resuelva si los agentes de policía Conrado Castillo Orozco, Oscar Agudelo Ladino y Roberto Zuluaga Gutiérrez, resultan responsables y deben devolver lo que la parte demandada deba pagar a los actores, por cuanto los referidos agentes pudieron obrar con dolo o culpa grave en ejercicio de sus funciones.

El a quo mediante auto de 25 de agosto de 1993 dispuso admitir el llamamiento en garantía y consiguientemente citar al proceso a los mencionados agentes de policía, para lo cual señaló el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de tal proveído, y adicionalmente ordenó la suspensión del proceso sin que tal suspensión excediere de noventa (90) días. Por último, estableció que los gastos que implique el llamamiento en garantía, “serán cubiertos por quien lo solicitó”.

El señor Procurador 32 ante lo judicial recurre la última parte del auto de agosto 27 de 1993 “para que este inciso sea revocado y en su lugar se ordene que sea la parte demandante quien corra con las expensas del llamamiento en garantía”.

Para resolver SE CONSIDERA:

1. La providencia impugnada es de aquellas que conforme a la ley es pasible del recurso de apelación.

2. No se encuentra normativa expresa en las disposiciones legales de orden procesal que señale a cargo del Ministerio Público costas, gastos o emolumentos que deban sufragar como sí resulta frecuente que lo haga con respecto a las partes-particulares.

3. El Ministerio Público de acuerdo con la Carta Política que nos rige, efectivamente cumple diversas funciones, pero específicamente dentro de los procesos que la ley señala interviene en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

4. Los agentes del Ministerio Público al intervenir en los procesos judiciales, lo pueden hacer desde distintas ópticas, a saber: Como actores, como auxiliadores de cualquiera de las partes principales-privadas, patrocinando los puntos de vista del demandante o del demandado, pero siempre en interés de la legalidad, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. En ningún caso pretenden la efectividad de intereses particulares, individuales para sí o para la entidad que representan.

Así las cosas no resulta lógico, justo, ni legal, que se le adscriba al agente del Ministerio Público o a la entidad que ellos encarnan la carga de sufragar dineros indispensables para adelantar diversas etapas procesales, simplemente por la circunstancia de estar cumpliendo con los deberes que la Constitución y la ley le impone. Por estas circunstancias la exégesis que el auto recurrido, hace del artículo 389 numeral 1º del C. de P.C., no se acompasa con la institución del Ministerio Público dentro de los procesos judiciales.

Ante la carencia de norma legal que regule específicamente el caso, resulta lógico y equitativo que sean las partes principales-privadas, quienes en proporciones iguales sufraguen los emolumentos requeridos para el logro de los diversos acometidos procesales, sin perjuicio de lo que en la providencia final se resuelva sobre costas.

Este criterio ya había sido expuesto por la Sala en auto de enero 27 de 1994 (expediente 9017, actor: Lilia C. Pulgarín; Consejero Ponente doctor Juan Montes Hernández).

Por lo expuesto la Sección Tercera del Consejo de Estado,

RESUELVE:

REVOCASE la última parte del auto de agosto 27 de 1993, en cuanto dispuso que los gastos originados en el llamamiento en garantía fueran cubiertos por quien lo solicitó. En su lugar, se dispone: Los gastos que el llamamiento en garantía ocasione, serán cubiertos en iguales proporciones por la parte demandante y por la parte demandada, sin perjuicio de lo que se disponga sobre costas en la sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, devuélvase y publíquese en los Anales de la Corporación».

(Auto de abril 14 de 1994. Expediente 9257. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernán-dez).

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