Auto 9274 y 9562 de julio 27 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

OPORTUNIDADES PROBATORIAS

EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO

EXTRACTOS: «1. La ritualidad propia de la etapa del juzgamiento se halla prevista en los artículos 444 y ss. del Código de Procedimiento Penal, la que por su trascendencia en la definición del proceso, obliga a su más rigurosa observancia. Por ello, no se puede, como lo pretenden la acusada y su defensor, interpretar las normas que la rigen, bajo la óptica de su mejor conveniencia, sino en forma sistemática.

El artículo 29 de la Carta Política consagra como derecho fundamental de los sujetos procesales el debido proceso, y si bien es cierto que sus preceptivas apuntan especialmente al amparo de los derechos de quien resulta sindicado (presunción de inocencia, derecho de defensa técnica, solicitar y controvertir pruebas, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, impugnar la sentencia, etc.), también lo es que a los demás sujetos procesales les asiste igual derecho, esto es, que el juicio se adelante y concluya con acatamiento pleno de su rito.

2. Así las cosas, calificado el mérito del sumario por el funcionario instructor competente, en el evento de proferirse resolución de acusación, como ocurre en este caso, una vez ejecutoriada, los sujetos procesales cuentan con el término común de treinta (30) días hábiles (art. 446) para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción y no resueltas. Finalmente, solicitar las pruebas que sean conducentes.

En cuanto se refiere a esto último —solicitud de pruebas— es claro que las demandadas en el término ya dicho, deben ser conducentes, es decir, relacionadas con los cargos elevados en la resolución acusatoria, pues es allí donde el funcionario instructor los concreta, con indicación precisa de la norma infringida y sus modalidades, grado de participación y circunstancias específicas de agravación y atenuación punitiva. Entonces, aquellas que no conduzcan a desvirtuar o ratificar la comisión del hecho y a demostrar la responsabilidad o la inocencia del acusado, o la existencia de perjuicios, etc., serán inconducentes.

3. Siendo así que la ley otorga a los sujetos procesales un amplio término para detectar cualquier nulidad, verificar la necesidad de practicar una determinada prueba y, finalmente, para preparar su intervención en el debate público, no resulta lógico que durante el desarrollo de la audiencia, hasta momentos antes de su conclusión, puedan las partes en forma caprichosa y desordenada estar demandando la práctica de nuevas pruebas.

Los sujetos procesales, con relación a la oportunidad probatoria, deben sujetarse en todo al rito previsto por la ley, pues, según lo establece el artículo 29 de la Carta Política, toda prueba aducida al proceso sin la observancia del debido proceso, será nula de pleno derecho.

Pues bien: el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal enseña que si no hay declaración de invalidez del actuar procesal, el juez dictará auto en el que fijará día y hora para la realización de la audiencia pública, y en la misma providencia decretará las pruebas que considere concernientes y solicitadas por los sujetos procesales, o las que de oficio estime pertinentes.

Ocurre sin embargo que si de las pedidas, alguna debe declararse inconducente, entonces no procederá la citación para su realización, sino entrar a declarar tal circunstancia, mediante auto interlocutorio, susceptible de los recursos ordinarios, como garantía del derecho de defensa. Una vez ejecutoriada la providencia respectiva, podrá el juez fijar día y hora para la realización del debate público, dentro del cual, solamente se evacuarán las pruebas decretadas y, desde luego las que resulten de éstas.

Tampoco podrá el juez ordenar la realización de la audiencia pública cuando las pruebas decretadas deban cumplirse fuera de su sede, es decir, practicadas por comisionado, o aquellas que requieran estudios previos y especializados, cuyos resultados deben ser puestos previamente en conocimiento de los sujetos procesales (objetar, solicitar adición o aclarar), como es el caso de los dictámenes periciales, pero en todo caso, dentro del término que determine el juez, que no podrá exceder de quince (15) días (art. 448 del C. de P.P.).

Agotada la actuación con la garantía de los derechos de los sujetos procesales, el juez citará para la audiencia pública que se realizará dentro de los diez (10) días siguientes (art. 447 id.). En su desarrollo, se repite, se practicarán las pruebas que el juez haya decretado para ese momento procesal y, también, aquellas que surjan de las realizadas durante el juicio, puesto que dentro de la audiencia, una vez conocido el resultado de las anteriores, el legislador otorga una nueva oportunidad a las partes, única y extraordinaria, para solicitar la práctica de las que resulten conducentes. Las demás, son necesariamente extemporáneas.

4. La audiencia pública se divide en dos etapas: en la primera, se dará lectura a la resolución de acusación y a todas aquellas piezas del proceso que soliciten las partes o que el juez considere pertinentes; se interrogará al procesado si se halla presente, acerca del hecho imputado y sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad. Concluida su intervención, se abre paso a la actuación probatoria, en la forma ya dicha. La segunda etapa, será la prevista en el artículo 451 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la intervención de los sujetos procesales en el orden allí establecido, quienes se referirán libremente a los hechos, pruebas, circunstancias genéricas y específicas que agraven, atenúen o excluyan la responsabilidad del acusado, mas no podrán solicitar nuevas pruebas como consecuencia de las alegaciones de quienes le han precedido, así las consideren pertinentes, no solamente porque ello desconoce el derecho de igualdad, sino que pugna con el debido proceso que garantiza a los sujetos procesales la oportunidad de con-trovertirlas. Esto, por cuanto no es posible en el desarrollo de la audiencia pública, otorgar el uso de la palabra a los sujetos procesales por más de una vez, según lo establece la disposición en cita.

5. Tan cierto es lo anterior que es el artículo 456 del estatuto procesal penal, el que finalmente determina los dos momentos procesales ya descritos, al consagrar que “Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez decidirá dentro de los diez días siguientes”, es decir, que la oportunidad probatoria precluye para todos los sujetos procesales, sin excepción, una vez se inician sus intervenciones, donde cada uno concreta sus pretensiones, de lo cual, si es su deseo, podrán al concluir la audiencia, depositar en la secretaría un resumen de sus alegaciones.

En síntesis, las únicas oportunidades para que los sujetos procesales puedan pedir pruebas, serán en primer término el traslado previsto en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal y luego, en la audiencia pública, una vez concluida la práctica de las decretadas para evacuar dentro de la misma.

Si ninguno de los intervinientes considera que como consecuencia de las anteriores surjan otras, entonces precluye la oportunidad legal para solicitar pruebas. Las que demanden las partes en el momento de su intervención de fondo, no podrán ser consideradas por el juez, ya que por su extemporaneidad, de ser atendidas, se violaría ostensiblemente el mandato constitucional ya visto.

Entonces, el criterio expuesto por el Tribunal sobre el momento preclusivo que tienen las partes para la solicitud de pruebas y la práctica de las mismas, es el correcto, sin que pueda ser aceptada la posición de la procesada y su defensor, consistente en que hasta faltando unos segundos para la terminación del debate público, la ley (art. 448, inc. 2º) los autoriza para solicitar pruebas y obtener del juez su decreto inmediato».

(...).

CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO

SOLICITADA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

EXTRACTOS: «En providencia de fecha 4 de mayo del corriente año, el Tribunal Superior de Buga, negó a la doctora M... la cesación de procedimiento y como consecuencia de ello, la revocatoria de la medida de aseguramiento y la libertad incondicional, afirmando que

“Sorprende a la Sala que a estas alturas del proceso, es decir cuando éste se encuentra en la fase final procesal de la primera instancia, como es la celebración de la audiencia pública, y con argumentos especulativos sobre pruebas, muchas de las cuales han sido varias veces debatidas para negar libertades y nulidades impetradas por la procesada M..., ahora y de nuevo, pretenda hacer finiquitar la actuación con un cese de procedimiento, previa la revocatoria de la detención preventiva y la concesión de su libertad incondicional”.

El Tribunal no ha debido hacer pronunciamiento alguno respecto de la petición de cese de procedimiento, pues el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, faculta al juez para diferir cualquier decisión relativa a la valoración probatoria que incida en la responsabilidad del acusado, para el momento del fallo, luego no resulta práctico para los fines del proceso que sin haber concluido las intervenciones de los sujetos procesales, la audiencia se suspenda para que en forma anticipada, se califiquen las pruebas sobrevinientes a la resolución de acusación, so pretexto de atender peticiones de la naturaleza ya indicada.

La solicitud de cesación de procedimiento que se presente en el desarrollo de la audiencia pública, con base en las pruebas sobrevinientes a la resolución de acusación, el juez debe mirarla como el sustento de una pretensión que debe resolverse en el fallo. Además, en los casos donde se juzga a más de un procesado, ninguno de ellos puede ser afectado con la suspensión del proceso para que el juez atienda, con relación a uno, peticiones de cesación de procedimiento, ya que según el mandato constitucional previsto en el artículo 29 de la Carta Política, les asiste el derecho a ser juzgados sin dilaciones injustificadas.

El artículo 36 del Código de Procedimiento Penal impone al fiscal en el sumario y al juez en la etapa del juicio, la declaración de cesación de procedimiento cuando aparezcan plenamente demostradas las causales allí previstas. En cambio, una vez concluido el debate público, en la sentencia, tal requisito no resulta perentorio, ya que basta con la presencia de la duda sobre la responsabilidad del procesado, para que éste sea favorecido con un fallo absolutorio. Esta la razón para que el legislador faculte al juez para diferir al momento de dictar el fallo, peticiones de tal naturaleza.

Ante la improcedencia de la petición principal, la revocatoria de la medida de aseguramiento y la consecuente libertad incondicional reclamadas, tampoco pueden ser atendidas sin que ello implique el desconocimiento de la excepción prevista en el artículo 454 del estatuto procesal penal, pues no podrán los sujetos procesales, se repite, en forma caprichosa y desordenada, elevar solicitudes que lejos de favorecerlos apuntan a entorpecer el desarrollo de la audiencia pública, con detrimento del debido proceso».

(Auto de julio 27 de 1994. Radicaciones 9274 y 9562. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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