Auto 9295 de diciembre 6 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DENUNCIA CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS

APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

EXTRACTOS: «1. No hay duda que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, pero ello no implica que sea aplicada con ausencia de exégesis y con desconocimiento de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina como criterios auxiliadores de la actividad judicial (art. 230 de la C.N.).

Pues bien, el artículo 332 de la Ley 5ª de 1992 dice:

“Apertura de la investigación. Ratificada bajo juramento la denuncia o queja, el representante-investigador proferirá auto de sustanciación, contra el que no procede recurso alguno, ordenando abrir y adelantar la correspondiente investigación, con el fin de esclarecer, los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores y partícipes”.

Dándole un alcance limitativo que la citada norma no tiene, considera el recurrente que inevitablemente impone al representante-investigador la obligación de abrir y adelantar la investigación, por el solo hecho de haber cumplido con el acto de ratificación de la denuncia.

Ciertamente esa interpretación no comulga con el verdadero alcance que establece la ley, pues de la simple lectura de la misma se deduce con clara logicidad que la decisión por parte del parlamentario-investigador de “abrir” investigación está supeditada a que exista mérito para ello y no por el particular hecho de haber cumplido con la ratificación de la queja.

Absurdo sería que siendo evidente que el he-cho no ha existido, o que la conducta es atípica, o que la acción no puede iniciarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad, el funcionario judicial tuviese que ordenar inoficiosamente la apertura de instrucción. Por ello, estos supuestos jurídicos los contempla la ley procedimental penal con el fin de descartar interpretaciones que conduzcan a consecuencias inexactas e igualmente evitar investigaciones innecesarias (CPP, art. 327).

De manera que al ser inexacta la interpretación que del artículo 332 de la Ley 5ª de 1992 hace el recurrente, obvio es concluir que su argumentación en forma alguna ha de prosperar.

2. Que el representante-investigador debió escuchar en indagatoria al denunciado, es otra alegación que el recurrente hace fuera de todo contexto.

Sin transgredir las reglas del debido proceso, ¿cómo podría entenderse que oír en indagatoria al imputado es una actuación judicial atinada, si previamente no se ha ordenado la apertura de instrucción?

Cuando el artículo 334 de la Ley 5ª de 1992 ordena que el “denunciado” será citado para que comparezca a rendir indagatoria, es porque la misma norma prevé que ya hubo apertura de la “investigación” y que el proceso se encuentra en su etapa sumaria o instructiva.

Por consiguiente, mientras no exista formal investigación penal, la que se inicia con la resolución de apertura de instrucción, a ella no podrá vincularse persona alguna en calidad de sindicado.

En fin, al ser infundadas las inconformidades del recurrente por interpretar la Ley 5ª de 1992 con prescindencia de las normas del Código de Procedimiento Penal, aplicable por expreso mandato suyo (art. 366) en todos aquellos aspectos no tratados específicamente por ella, la Sala no repondrá la providencia impugnada».

(Auto de diciembre 6 de 1994. Radicación 9295. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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