Auto 9357 de junio 2 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD

EXTRACTOS: «El Tribunal inadmitió la demanda, por considerar que se ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

“De conformidad con los fundamentos de hecho narrados en la demanda, el Juzgado 67 de Instrucción Criminal profirió contra Edwin José Reina Ascanio detención preventiva por el delito de estafa, el día 23 de julio de 1982, estando privado de la libertad hasta el día 23 de abril de 1985 en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

Para la Sala es indudable que la actuación administrativa de la cual se derivan las pretensiones de la demanda, es decir la privación de la libertad del señor Reina Ascanio terminó el día 23 de abril de 1985, fecha en la cual quedó en libertad, razón por la cual esa fecha se toma como máximo día a partir del cual empieza a correr el término de caducidad para intentar la acción indemnizatoria derivada de los hechos del libelo. Así las cosas y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 136 del CCA, el plazo para efectos de caducidad vencía el 23 de abril de 1987 y la demanda se presentó el 28 de octubre de 1993, habiendo transcurrido más de 6 años, lo que indica que la respectiva acción caducó hace mucho tiempo.

No se puede aceptar el planteamiento esbozado por la parte actora en el sentido de que el término de caducidad empieza a correr a partir de la fecha en que se dictó sentencia definitiva proferida por el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en la que se confirmó la sentencia absolutoria a favor del señor Reina Ascanio, ya que la actividad jurisdiccional según la demanda, no fue la causante del perjuicio aquí reclamado.

Por otra parte la actora afirma en forma inequívoca que los daños reclamados por sus representados se ocasionaron por la detención preventiva del señor Reina Ascanio en la Cárcel Nacional Modelo, hasta el día en que fue concedida su libertad, el día 23 de abril de 1985, por consiguiente la demanda se debió presentar a más tardar el 23 de abril de 1987”.

La Sala no comparte la decisión del a quo, toda vez que el fenómeno jurídico de la caducidad es una institución procesal que ataca el derecho de acción cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Si bien es cierto que cualquier persona puede demandar mediante la acción de reparación directa, cuando se le haya causado un daño con fundamento en un hecho, una omisión, operación administrativa o por la ocupación temporal o permanente de un inmueble de su propiedad por causa o con ocasión de trabajos públicos, también es cierto que la persona goza de un término legal para ejercer ese derecho subjetivo. Para esa clase de acciones, el artículo 136 del CCA, prevé un término de dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, de la omisión, la operación administrativa o la ocupación temporal, teniendo en cuenta para ello el conocimiento cierto del perjuicio causado. Para el caso sub examine el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal prevé:

“Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Como en el caso sub examine se hace referencia a una relación de hechos sucesivos conca-tenados y que hacen parte de un todo como lo es un proceso penal, la actividad judicial que pueda comprometer la responsabilidad del Estado comprende desde el auto de detención preventiva dictado por el Juez 67 de Instrucción Criminal de Bogotá, hasta la última providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en la cual se determina la responsabilidad de carácter penal que tenga o no el implicado.

De lo anterior se colige que el término de caducidad de la acción de reparación directa que pueda caber en caso de falla del servicio judicial, debe contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso con tránsito a cosa juzgada. En el caso sub examine la fecha de la providencia del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá (fl. 69) es del 7 de noviembre de 1991 y de aquí debe empezar a contarse el término de caducidad de la acción. Como la demanda fue presentada el 28 de octubre de 1993, se impone su admisión por estar dentro del término legal previsto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVOCAR la providencia del 18 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.

2. ADMÍTESE la demanda de reparación directa instaurada por Edwin José Reina Ascanio y otros contra la Nación - Ministerio de Justicia - Rama Judicial.

3. Notifíquese, en los términos de la ley al representante legal de la Nación y al señor agente del Ministerio Público».

(Auto de junio 2 de 1994. Expediente 9357. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

_______________________________