Auto 9358 de octubre 18 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PARTE CIVIL

PROCESOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXTRACTOS: «4. Dentro del proceso penal, en el que la acción civil se dirige particularmente a obtener el resarcimiento de los perjuicios tanto morales como materiales ocasionados con el hecho punible, le corresponde al titular de ese derecho darle legitimidad sustancial a su vinculación al proceso punitivo, concretando los daños de una u otra índole que haya tenido que afrontar como consecuencia de la realización de la conducta ilícita.

5. Teóricamente, cualquier delito que atente contra la administración pública, la perjudica desde diversas ópticas; pero, como lo ha aceptado la Sala en reciente pronunciamiento (mayo 29/96, M.P. Páez Velandia), bien puede ocurrir que, en la práctica, la transgresión a la ley no produzca un detrimento patrimonial o moral que justifique el ejercicio de la acción civil por parte de la entidad oficial afectada con el hecho punible. Ante esa eventualidad, cuando se trata demandar el pago de perjuicios causados por un delito, no basta pregonar el daño patrimonial o el daño moral, es necesario concretarlos, individualizarlos, precisarlos, en orden a estimar su valor.

6. De lo anterior se desprende que, la obligación a que se refiere el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, a cargo de toda persona jurídica de derecho público para constituirse en parte civil cuando ha sido afectada con un hecho punible, no es absoluta; por el contrario, se encuentra condicionada a que se vislumbre o evidencie la efectiva causación de perjuicios.

7. En pasada oportunidad, la Sala expresó su criterio sobre el mismo tema, en los siguientes términos:“...tiénese que para el caso que se examina esos requisitos en la demanda no se cumplen, pues cuando en ella se alude a los perjuicios materiales tan sólo advierte que la conducta perseguida los causa a la administración pública, pero sin expresar razones de esa afirmación, ni mucho menos precisar en qué consisten, cuáles son, ni cómo se derivan, lo que implica un claro incumplimiento de la más elemental de las obligaciones del actor, cual es la de justificar su interés para acceder a la constitución de parte.

Otro tanto sucede en lo que toca con los perjuicios morales, porque al aludirlos en el aparte pertinente de su escrito, dice el demandante que ellos serán lo que en el momento debido fijen los expertos, pero tampoco en este caso dice en qué consisten, ni de otro modo justifica su existencia, ni mucho menos un interés por perseguirlos.

Por el contrario, tratándose de personas jurídicas como es el caso aquí de la Nación, ni de modo remoto se vislumbra la posibilidad de que los hechos hayan podido generar un “pretium doloris ” que justifique su resarcimiento...”. (Auto, agosto 22 de 1996. M.P. Torres Fresneda).

8. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el apoderado del Ministerio del Interior no especificó los daños sufridos por la Nación con el delito que aquí se investiga y ello significa que no ha cumplido con la exigencia del artículo 46.5 del Código de Procedimiento Penal, aclarando sí que no es indispensable que el demandante cuantifique esos mismos perjuicios, por cuanto es probable que ese dato sólo se pueda obtener con un peritaje que se produzca en desarrollo de la acción.

9. En las condiciones anteriores, a la Sala le compete adoptar la determinación consagrada en el artículo 49 de la codificación anunciada, esto es, inadmitir la demanda y devolverla a su autor para que la subsane y reintente la instauración de la acción civil, si llega a concluir que existe mérito para ello».

(Auto de octubre 18 de 1996. Radicación 9358. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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