Auto 9360 de mayo 26 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD EN MATERIA CONTRACTUAL

CONTABILIZACIÓN DEL PLAZO DE DOS AÑOS

EXTRACTOS: «Si bien la Sala ha venido sosteniendo que los reclamos provenientes de un contrato ordinariamente caducan dentro del plazo de los dos años contados a partir del vencimiento del mismo, también ha dicho que con posterioridad a ese vencimiento la administración podrá expedir ciertos actos administrativos de carácter contractual, no separables del contrato. Y como tales, sujetos a las acciones propias de éste. Esta jurisprudencia hoy también tiene su apoyo en la Ley 80 de 1993, la que prevé en su artículo 77 que será contractual la controversia que gire en torno a los actos que se expidan con motivo u ocasión de la actividad contractual.

En otros términos, si las partes guardaron silencio durante el bienio siguiente al vencimiento del contrato, cualquier reclamo derivado del mismo estaría caducado.

Es la precedente, la regla general. Pero ¿qué sucede cuando la administración expide un acto derivado del contrato dentro de esos dos años? Incuestionablemente ese acto, controvertible por la vía prevista en el artículo 87 del CCA, tendrá su propio término de caducidad, así mismo de dos años.

No podría, sin afectar los derechos de una parte, y sin violar la regla de la caducidad prevista en el inciso 3º del artículo 136 del CCA, decirse que en tal eventualidad ese término de caducidad sólo sería el que falte para completar los dos años.

Despejado el primer interrogante, cabe preguntar, entonces, ¿qué sucede si la administración luego de vencidos esos dos años, expide un acto contractual, como sucedió aquí, para adoptar y declarar en firme la liquidación final del contrato?

La respuesta, para la Sala no puede ser sino esta: el acto así expedido podrá impugnarse, como los demás de índole contractual, dentro del bienio siguiente a su notificación o desde la notificación del que agote la vía gubernativa.

Se afirma esto porque la caducidad en materia contractual, que tiene el plazo único de dos años, no se cuenta de manera uniforme para todas las hipótesis. Tan cierto es esto que la caducidad de la acción de nulidad absoluta se cuenta desde la celebración del contrato; la de nulidad relativa desde la ocurrencia del hecho generador del vicio (art. 46, Ley 80/93); la de cumplimiento desde la ocurrencia del hecho que ponga de presente el incumplimiento del contratista; la que gire entorno a un acto contractual desde la ejecutoria de éste, etc., etc.

Existe una razón de más para confirmar los asertos precedentes: en litigios gobernados por el Decreto 222 de 1983, la administración contratante no pierde la competencia para expedir actos administrativos derivados del contrato tan pronto venza el término de dos años contados a partir de su vencimiento. En este campo el decreto aludido no delimitó temporalmente el ejercicio de la competencia por parte de la administración en aspectos relacionados con la liquidación del contrato ya terminado. Así la jurisprudencia ha venido aceptando, por ejemplo, que puedan expedirse actos declaratorios de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y todos aquellos tendientes a la liquidación unilateral o bilateral del contrato y sus respectivas aprobaciones.

Fuera de lo dicho, la complejidad del debate mismo planteado amerita que el asunto no se defina de primer intento. Sólo cuando la caducidad sea clara deberá declararse en el primer auto; de lo contrario, el punto deberá reestu-diarse en el fallo definitivo».

(Auto de mayo 26 de 1995. Expediente 9360. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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