•Auto 9411 de mayo 21 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CAUCIÓN EN PROCESOS DE IMPUESTOS

CASOS EN QUE NO ES NECESARIA

EXTRACTOS: «Se centra la controversia en determinar si en el caso de autos es necesario, previa a la admisión de la demanda, presentar caución que garantice el pago de la obligación discutida y la procedencia del rechazo de la demanda motivado en el incumplimiento de la providencia que dispuso su otorgamiento.

Observa la Sala que en este evento se atacan las Resoluciones 1639 de octubre 3 de 1997 y 112 del 30 de marzo de 1998, mediante las cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales le impuso sanción a la sociedad demandante por no suministrar información en medios magnéticos, demanda que fue presentada el 31 de julio de 1998.

Para resolver se considera:

En primer lugar advierte la sección, que en tratándose de discutir asuntos relacionados con los impuestos sobre la renta y ventas, la exigencia de prestar caución tenía su fundamento en la disposición especial contenida en el artículo 867 del estatuto tributario y particularmente de su inciso 2º que la disponía en materia del impuesto sobre las ventas en cuantía del 10% de la suma discutida, norma que reiteradamente la corporación había aplicado en forma prevalente por su carácter especial frente a las previsiones generales del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

En reiterada jurisprudencia la corporación había dicho que en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, debe darse aplicación al artículo 867 del estatuto tributario, norma especial frente a las previsiones generales del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y que la disposición especial debe observarse no sólo frente a las liquidaciones de impuesto sobre la renta sino también a sanciones de él derivadas y que se impongan mediante resolución independiente. Además que en relación a los demás impuestos diferentes a renta y ventas, se debería prestar la caución en los términos del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y por la cuantía que determinara el ponente, salvo que existiera norma legal que dispusiera otra cosa (ver en este sentido, providencias de la Sección Cuarta, del 28 de febrero de 1992, 10 de abril de 1992 y del 15 de noviembre de 1996).

Así las cosas, bajo la normatividad especial tributaria no era necesario para acudir a la jurisdicción contenciosa contra una sanción impuesta en resolución independiente por no suministrar información en medios magnéticos relacionada con el impuesto de renta y complementarios, prestar caución pues esta normatividad no lo exigía.

Pero aún más, a la fecha de presentación de la demanda, julio 31 de 1998, la Corte Constitucional ya se había pronunciado mediante Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998 sobre la constitucionalidad del artículo 867 del estatuto tributario, declarando su inexequibilidad total. En esta sentencia dijo:

“La Corte considera que no es admisible, y que va en contravía del artículo 229 de la Carta Política, exigir una condición para llevar a la justicia, la controversia de un ciudadano con el Estado: no es posible a la luz de los principios contenidos en la nueva Constitución, desechar de plano la admisión de una demanda, por no cumplir con un requisito de esta naturaleza. Efectivamente, mientras el demandante esté en capacidad de constituir la garantía que exige la norma cuestionada, no se estarían vulnerando sus derechos; pero requerir la constitución de un respaldo de este tipo, sin tener en cuenta las condiciones de un gran número de posibles demandantes, es un atentado contra su derecho de acción; no todas las personas tienen acceso al mercado financiero, o cumplen con la cantidad de requisitos que exigen las compañías de seguros para constituir una póliza como la que exige esta disposición. Por tanto, la exigencia de una condición imposible o muy difícil de cumplir, afecta el núcleo esencial del derecho al acceso a los jueces y tribunales y, por contera, del derecho a una tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y, por supuesto, del derecho a la igualdad (...).

En principio, considera la corporación que las medidas que tiendan a evitar la evasión tributaria o, en general, el fraude a la ley fiscal, así como las que pretendan racionalizar la prestación del servicio público de la justicia, encuentran franco respaldo constitucional; pero éstas no pueden instrumentarse en perjuicio de los derechos que contiene la Carta Política.

No es justificable la restricción del acceso a la administración de justicia ni la igualdad en estas condiciones, máxime cuando existen otras opciones, igualmente proporcionales y acordes con los fines de la ley tributaria, que implican un menor sacrificio de las garantías constitucionales”.

De lo hasta aquí dicho se colige entonces, que declarada inexequible en su integridad la disposición especial contenida en el artículo 867 del estatuto tributario, en la forma como había sido modificada por el artículo 7º de la Ley 383 de 1997, en materia de cauciones se impone la observancia de la norma general contenida en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

Disposición sobre la cual resulta pertinente transcribir lo dicho por la Corte Constitucional:

“La Corte considera que con la medida que contiene el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo se da una solución adecuada a este problema; se cumple la intención del constituyente de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas por igual, y la del legislador, de asegurar el funcionamiento del aparato judicial contencioso, y el pago de un porcentaje de las obligaciones que se adeudan al fisco.

18. En consecuencia, habiendo encontrado una solución legal que respeta los derechos constitucionales involucrados y consulta los fines de la ley tributaria y, por ende, consciente de que no existirá un vacío legal en el procedimiento en cuestión, la Corte declarará la inconstitucionalidad de la norma demandada; en su lugar, el juez contencioso deberá regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, y fijar la cuantía y tipo de garantía que debe constituir el demandante para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda, y en caso de un fallo adverso a sus intereses, garantizar en parte el pago de su obligación tributaria”(1).

(1) Corte Constitucional, sentencia C-318 de junio 30 de 1998, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, Expediente D-1888, Actor: Maximiliano Echeverri Marulanda y Francisco Prieto Uribe.

En el asunto concreto que ocupa la atención de la Sala, la demandante controvierte los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales le impuso sanción por no presentar información en medios magnéticos relativa al impuesto a la renta. Cabe establecer si a la luz del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo se requería prestar caución para garantizar el pago de la sanción impuesta.

El artículo 140 del Código Contencioso Administrativo prescribe que “si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”.

De la disposición transcrita palmariamente se evidencia que la misma establece la caución para el evento de que lo impugnado sean actos administrativos que impongan “multas”, sin mencionar las sanciones en materia tributaria, en la forma como lo precisó la sección en providencia del 9 de octubre de 1998, expediente 9185, consejero ponente Daniel Manrique Guzmán, y como lo que aquí pretende controvertir la demandante es una sanción por no enviar información relacionada con el impuesto sobre la renta, resulta obligado concluir la improcedencia de la garantía dispuesta por el tribunal mediante el auto del 10 de diciembre de 1998.

Lo anterior sería suficiente para disponer la revocatoria de la providencia atacada, como en efecto se hará. Sin embargo, adicionalmente advierte la sección que conforme a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita, en el caso de requerirse prestar caución, tal disposición deberá efectuarse en oportunidad posterior a la admisión de la demanda, pues de otra manera se estaría denegando el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad, cuando el juez tiene otras opciones igualmente proporcionales y acordes con los fines de la ley tributaria que implican un menor sacrificio de la garantía constitucional del acceso a la justicia.

En efecto dicha corporación expresó:

“Si bien como se ha visto, la imposición de una caución para garantizar el pago de una deuda tributaria, es una medida idónea y acorde con los fines constitucionales, la Corte considera que se debe estudiar con más cuidado la opción alternativa mencionada, que contiene el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

Conferir al magistrado encargado de la demanda contenciosa, la facultad de determinar el monto de la caución que habrá de pagar el contribuyente-deudor, significa que cada persona, de acuerdo con su situación individual, tendrá la oportunidad de ser evaluada por el juez. Va de la mano del principio de igualdad, y garantiza —en mayor medida que la norma atacada— que se tendrá en cuenta la capacidad económica del demandante en el momento de exigir de él un depósito temporal de dinero que respalde, al menos en parte, el pago de la deuda existente, y demuestre la seriedad de su pretensión.

Visto así, no se vulneran los derechos constitucionales del demandante; pero es imperativo que la caución, garantía o condición, sea fijada, no de antemano sino luego de admitida la demanda y repartido el proceso, para que el magistrado la ordene de acuerdo con cada caso. De lo contrario —es decir, como dice la norma demandada—, si se exige como un requisito para iniciar un proceso, se está obstaculizando el acceso de una persona a la administración de justicia”(2).

(2) Ibídem.

Así las cosas y de conformidad con los términos de las jurisprudencias anteriormente transcritas, que ahora reitera la sección, durante la vigencia del artículo 867 del estatuto tributario y ahora con la declaratoria de inexequibilidad de esta norma, no es necesario prestar caución para acudir a la jurisdicción contenciosa a controvertir las resoluciones independientes, expedidas por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que le imponen una sanción por no enviar información en medios magnéticos, relacionada con el impuesto sobre la de renta, pues de otra manera se estaría denegando el acceso a la justicia y al derecho a la igualdad, cuando el juez, como lo dice la sentencia transcrita tiene otras opciones, igualmente proporcionales y acordes con los fines de la ley tributaria, que implican un menor sacrificio de la garantía constitucional del acceso a la justicia pudiendo señalar, en caso de requerirse, dicha carga procesal con posterioridad a su admisión.

En este orden de ideas, se impone revocar la providencia apelada para en su lugar ordenar proveer sobre la admisión de la demanda instaurada por la sociedad accionante».

(Auto de mayo 21 de 1999. Expediente 9411. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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