Auto 9449 de septiembre 28 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DEFENSA DE LA PROPIEDAD

LEGITIMIDAD DE ACTUACIONES DE HECHO CONTRA INVASORES

EXTRACTOS: «La ley civil colombiana define que el derecho de “dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”, derecho que está íntimamente ligado con el de posesión en cuanto manifiesta la realidad del dominio porque su ejercicio pone de presente la existencia material de aquel.

Ahora bien, pero tal como de vieja data lo reconocen la jurisprudencia y la doctrina, cuando de dominio y posesión se trata, la referencia incluye dos derechos diferentes, ligados sí, pero claramente diferenciables, pues se puede ser propietario sin posesión o poseedor sin ser propietario, aunque esta última sea una de las maneras de acceder a la calidad.

Como la posesión es una de las formas que la ley civil colombiana reconoce para adquirir el dominio y a tal situación —la de poseedor— puede llegarse de manera regular o irregular y dentro de esta categoría de forma viciosa, ya sea por violenta o por clandestina, todas las cuales encuentran amparo en la misma legislación, resulta natural que el poseedor actual de un bien tenga igualmente herramientas legales para defender su derecho de los ataques de terceros que buscan despojarlo no sólo de su condición de poseedor, sino sobre todo mutar la propiedad que ejerce sobre el predio.

Para tal efecto la legislación nacional ha previsto desde las acciones policivas como la establecida en el Decreto 992 de 1930, hasta las judiciales que contemplan diferentes ordenamientos, hallándose en el Civil la acción reivindicatoria del artículo 946 de tal código y las acciones posesorias y posesorias especiales de los artículos 972 y siguientes del mismo ordenamiento; y, en el derecho penal las acciones por usurpación de tierras e invasión de tierras o edificaciones.

Pero ese enorme arsenal de recursos legales que el poseedor o el propietario de un bien tiene para defender sus derechos sobre el mismo, no puede dejar de reconocer el derecho que tiene todo poseedor o propietario para reaccionar frente al acto de perturbación mediante procedimientos idóneos y razonablemente proporcionales al daño que se le trata de irrogar, impidiendo la consolidación de un hecho capaz de producir efectos jurídicos.

Es de la esencia del ser humano su natural instinto de conservación que se manifiesta en la protección de sus bienes, o a su integridad personal, mediante reacciones que aunque primarias, por responder a una necesidad, no pueden ser desconocidas por los ordenamientos jurídicos, so pretexto de que el único comportamiento supuestamente racional es la apelación a la autoridad competente para que resuelva el conflicto que genera la agresión.

La racionalidad que debe esperarse de quien pertenece a la especie humana y responde a una agresión injusta, actual o inminente, no es la de soportar la agresión (aunque haya corrientes filosóficas que así lo sostengan), sino la de repelerla con la misma actualidad y, aquí es donde debe aparecer la racionalidad, con la proporcionalidad adecuada a la naturaleza del ataque injusto. No se justifica entonces la diferencia entre hombre y bestia en la negación al primero del instinto de conservación común a todos los seres vivos, sino en el control de ese instinto, de manera que, parafraseando a Platón, no se desborde sino que sea controlado por el auriga de la razón.

(...).

Es esta entonces una actuación que se inscribe dentro del más primigenio derecho de cualquier ser humano, el de repeler por propia mano el ataque actual de que está siendo objeto de su integridad personal o sus bienes, haciéndolo además dentro de límites de proporcionalidad al ataque y de racionalidad que tanto la naturaleza del bien que se defiende —una finca— como la del medio de ataque que se utiliza, una invasión familiar, imponían para obtener el restablecimiento del derecho que había sido perturbado por la actuación del agente invasor.

Ni siquiera resulta necesario para reconocer la legalidad absoluta de la conducta de G... echar mano de las causales de justificación de la misma y específicamente de la legítima defensa que si bien se reconoce para defender un derecho propio o ajeno de una agresión actual o inminente, no tiene cabida en este caso, por cuanto tal construcción jurídica tan cara a los más elementales principios del derecho, sólo puede predicarse cuando sea menester justificar la violación de un derecho ajeno, bajo el entendido que su afectación era necesaria e ineludible para la defensa del propio, obvio con todas las adiciones teóricas de proporcionalidad, actualidad, inminencia, injusticia, etcétera.

Si lo que G... hizo fue simplemente desalojar de su predio S..., ningún derecho de éste violó, por cuanto éste ningún derecho había construido habida cuenta de la rapidez con la que se reaccionó ante la invasión, de donde se deduce que si no hay ningún derecho en cabeza del repelido, resulta entonces improcedente su afectación y por tanto nada hay para justiticar».

(Auto de septiembre 28 de 1998. Radicación 9449. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

___________________________________