Auto 9501 de junio 24 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PORTE DE HEROÍNA

COMPETENCIA DE LOS JUECES REGIONALES

EXTRACTOS: «La asignación que la ley hace entre funcionarios judiciales, jueces y tribunales de asuntos judiciales, señalándole a cada uno lo que corresponde para su decisión, origina lo que se denomina la competencia, conocida como la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en un caso determinado.

Para efectos de la fijación de la competencia en punto al factor objetivo, que hace referencia a la naturaleza del hecho a juzgar, el legislador tiene en la mira el mayor daño o impacto social que el hecho causa para, dadas sus repercusiones, disponer jerárquicamente su conocimiento.

En el caso sub lite, los tribunales promotores del conflicto se han manifestado incompetentes para conocer de los hechos materia del proceso señalando, en síntesis, el Tribunal Superior de Cartagena, que el artículo 9º-3 de la Ley 81 de 1993 le asigna la competencia privativamen-te a los jueces regionales y consiguientemente la segunda instancia corresponde al Tribunal Nacional, en tanto que éste la niega apuntando que el precepto alude al cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la amapola o su látex o de la heroína, de cuyas conductas alternativas se sustrae el porte, que es la que aquí se juzga, recayendo por tanto la competencia en el juzgado penal del circuito por virtud de lo dispuesto por el artículo 10-c de la Ley 81/93, al no estar su juzgamiento atribuido a otra autoridad, del cual es la corporación de Cartagena superior.

Para mejor comprensión, es necesario transcribir el artículo que ha dado lugar a disparidad de criterios entre los tribunales colisionantes. Dice así el artículo 9º de la Ley 81 de 1993, en lo pertinente:

“Los jueces regionales conocen:

En primera instancia:

1. De los delitos señalados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la cantidad de plantas exceda de dos mil unidades, la de semillas que sobrepase los diez mil gramos y cuando la droga o sustancia exceda de diez mil gramos si se trata de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es de hachís, sea superior a dos mil gramos si se trata de cocaína o sustancia a base de ella y cuando exceda los cuatro mil gramos si es metacualona, o cantidades equivalentes si se encontraren en otro estado.

2. De los procesos por los delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, cuando se trate de laboratorios, o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada exceda de diez mil gramos de marihuana, sobrepase los tres mil gramos si es de hachís, sea superior a los dos mil gramos si es de cocaína o sustancia a base de ella, o exceda de los cuatro mil gramos si es me-tacualona o cantidades equivalentes si se encontraren en otro estado.

3. De los delitos descritos en los artículos 35, 39, 43 y 44 de la Ley 30 de 1986 y de los que se deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la amapola o su látex o de la heroína...”.

Examinado con detenimiento este precepto, fácilmente se advierte que en la fijación de la competencia a los juzgados regionales, el legislador tuvo en cuenta varios factores, a saber:

a) La naturaleza de la sustancia y su cantidad (numeral 1º);

b) La naturaleza de la sustancia, su cantidad y la índole de la conducta incriminada (que se trate de laboratorio, que se almacene, transporte, venda o use);

c) La actividad comportamental (art. 35), la calidad del agente (art. 39), elementos empleados para el procesamiento (art. 43), la pluralidad de conductas y de agentes (art. 44), y

d) La naturaleza de la sustancia (amapola o su látex o heroína).

Así las cosas, queda averiguado que cuando la ley alude, para modos de fijar competencia en los juzgados regionales, que “de los que se deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la amapola o su látex o de la heroína”, no está condicionando su conocimiento a factor diferente a que se trate de esas sustancias, pues si la acepción “derivar” significa tanto como traer su uso de una cosa, sacar una cosa de otra, conducir, llevar una cosa, nunca podrá pensarse en el porte, si previamente a él no ha habido un cultivo, producción o procesamiento, ya que no habría ninguna razón lógica, jurídica, política o filosófica para que el legislador hubiera dejado fuera de la competencia de la justicia regional conductas parejas a aquellas, con relación a la amapola, su látex o la heroína, como transportar, suministrar, pues ni en una ni en otra ha hecho distingo de cantidad para su diferenciación.

El tratamiento especial que en materia de juzgamiento le da la ley a todas las conductas punibles relacionadas con la heroína, en su calidad de “droga que produce dependencia” prescindiendo de la cantidad, resulta de que es el alcaloide que, por encima de todos, está causando mayores estragos en la sociedad dado su alto grado de toxicidad y de ahí para que sea reprimido desde su cultivo hasta su venta.

Tal parece que el criterio de la Sala mayoritaria del Tribunal Nacional obedece a la confusión que tiene sobre la técnica jurídica que emplea el legislador cuando se encuentra en la labor de elevar a delito determinada conducta, a cuando de fijar competencias se trata. En la primera y en desarrollo del principio nullum crimen, nulla poena sine lege, debe dejar plasmado en forma abstracta, pero con todas sus circunstancias, el comportamiento humano al que le da el carácter de criminoso; en la segunda, en cambio, decide qué funcionario quedará a cargo del juzgamiento de la infracción en su género, como cuando determina la competencia en el juez del circuito para conocer del punible de homicidio sin individualizar su especie; pero de igual modo, atendiendo a las circunstancias modales, a la condición de la víctima, etc., puede hacer que ese ilícito sea juzgado por un funcionario judicial especial, como cuando dispone en el artículo 9º-5 de la Ley 81 de 1993 que el homicidio agravado por el numeral 8º del artículo 324 del C.P. sea del conocimiento del juez regional, sin que deba entrar a precisar la noción del homicidio.

De igual modo, razones científicas y de política criminal, han hecho que el conocimiento de los delitos relacionados con la heroína, corresponda a esa justicia, como ya quedó dicho.

Significa lo anterior que la Corte dirimirá el conflicto suscitado atribuyendo la competencia para conocer de este asunto en la justicia regional, y ordenará la devolución del proceso al Tribunal Nacional para lo de su cargo».

(Auto de junio 24 de 1994. Radicación 9501. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velan-dia).

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