Auto 9582 de marzo 16 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD CONDICIONAL

SENTENCIADOS POR NARCOTRÁFICO

EXTRACTOS: «1. Según lo ha señalado esta Sala de casación en ocasiones precedentes, una de ellas en providencia de marzo 10 de 1981, el otorgamiento de la libertad condicional cuyo análisis provisional se busca entre a repercutir aquí en la excarcelación del procesado, implica la coincidencia de una doble labor de diagnóstico y pronóstico sobre el penado, recayendo la primera sobre la reunión de las exigencias de personalidad, buena conducta carcelaria y antecedentes de todo orden, y presuponiendo la segunda un juicio de valor sobre la readaptación social y buena conducta futura.

Para el caso que se analiza, sobre el comportamiento carcelario abundan las referencias que acompaña la defensa para indicar que en su adaptación al internado el procesado se merece el calificativo de bueno, avanzando otros criterios que perfilarían rasgos de su personalidad en el momento actual de expectativa por la libertad que invoca.

Sin embargo y como queda visto, siendo de obligatoria referencia el estudio de los “antecedentes de todo orden” que pueda registrar el acusado y que en particular han de revelarse al interior del expediente, no cumpliría la judicatura su función si se mostrase ajena a la necesidad de consultarlos, lo que la obliga a tomar particular interés en el análisis conjunto de los rasgos de personalidad y antecedentes individuales, familiares y sociales de comportamiento, con miras a determinar si ha operado en realidad una rehabilitación y por lo mismo un cambio en los factores que condujeron a la comisión del delito y justificaron la imposición de pena, para animar a la cesación de su efectivo cumplimiento, o si por el contrario esas condiciones permanecen invariables o constituyen todavía un factor de riesgo que interfiera para el reacomodamiento social del procesado con provecho tanto para la comunidad como para él mismo, caso este último en el que se tendría que mantener su status de interno.

Lo anterior, por consiguiente, impide que sobre la sola base de unas bondadosas referencias personales pueda operar esa valoración integral, y sobre todo prescindiendo de las condiciones bajo las cuales se llegó a cometer la infracción juzgada, porque jamás podrá equipararse esta valoración para los casos de un delito pasional u ocasional, con las que se refieren a un delito cuya comisión ha implicado el montaje de una verdadera empresa que no desa-parece por el solo hecho de la entrega o captura de uno o algunos de sus integrantes, dado que en este último caso, es responsabilidad del juez ante la ley y la comunidad, la de tomar certeza y contar con garantía en cuanto aquella organización preparada para la actividad ilícita haya desaparecido real y radicalmente, o distanciado por lo menos e irrevocablemente de su actividad al sentenciado, ya que de otro modo, flaco servicio se le prestaría a la sociedad y al cumplimiento de los fines de la pena, con simplemente anticipar la posibilidad de que el sentenciado se reincorpore a aquel ambiente y retome aquellos medios y propósitos que lo habían llevado a la comisión de su infracción.

Tal situación se advierte cuando el hecho por el cual se le hizo responsable ante la justicia se halla relacionado, por vía de ejemplo y como en este caso se advierte, con el complejo montaje de una actividad de producción, comercia-lización y exportación de sustancias estupefacientes que involucran la actividad de todo un grupo muy bien seleccionado, organizado y disciplinado de individuos que en sus diversas escalas se dedican al cultivo de las plantas, a la recolección de las cosechas, luego al proceso de elaboración e industrialización de los productos vedados, posteriormente a su almacenamiento y transporte, y por último a su dis-tribución y mercadeo, sin descontar —se infiere de la prolongación de esa actividad en el tiempo— el compromiso de autoridades corruptas.

Tan complejas organizaciones y actividades, elaboradas y cuidadosamente concebidas y ejecutadas, es racionalmente comprensible que tengan hundidas profundamente sus raíces, sin que hagan fácil, por lo mismo, su desmonte y desvertebramiento, circunstanciando, obviamente, dentro del análisis de esos “antecedentes de todo orden” la complejidad que represen-ta en casos como el presente la valoración del pronóstico de que se hiciera cita en un inicio.

No es, pues, como el memorialista lo insinúa, que en la decisión tomada por la Corte en providencia precedente, se haya respondido negativamente a la aspiración liberatoria del procesado por un acto de arbitrariedad o un exceso tal vez en el subjetivismo de las apreciaciones, menos aún con intereses retaliativos que jamás han sido el soporte de las decisiones de esta colegiatura, o por una facilista o impropia remisión a la gravedad del delito.

La referencia a la naturaleza de la actividad delictiva cumplida por el acusado distaba de raíz de ser gratuita, y mucho menos podría acusársela de desconocedora de la propia doctrina de la Sala en relación con el subrogado que se invoca. Fruto fue, y por ello se mantiene, de ese legal deber de sopesar, previo a la decisión de anticipar o no la libertad de un penado, el lleno de las exigencias legales correspondientes a una política criminal de tiempo atrás debidamente asentada en el sistema positivo colombiano, que en esta específica materia no consagra un derecho de automático reconocimiento para el procesado, sino el deber de realizar aquellas dos tareas de diagnóstico y pronóstico que se han dejado anunciadas, a fin de concluir en forma razonada sobre la viabilidad o no de proseguir o de cesar el tratamiento penitenciario que para cada caso ha sido oportuna y debidamente dosificado.

No se cumplen, entonces y con fundamento en lo dicho, las exigencias que la ley prescribe para que en el caso presente se pueda conceder la libertad condicional a que aspira el procesado según impetración de la defensa, y como consecuencia habrá de denegar la Sala lo pedido».

(Auto de marzo 16 de 1995. Radicación 9582. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

________________________________