Auto 96 de noviembre 28 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LA UNIÓN MARITAL NO GENERA UN ESTADO CIVIL

POR TANTO LA CUANTÍA DEL PROCESO INCIDE PARA CONCEDER LA CASACIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref.: Expediente 0096-01

Bogotá, D.C.; veintiocho de noviembre de dos mil uno.

Decide la Corte el recurso de queja formulado contra el auto de 18 de mayo de 2001, mediante el cual se negó la concesión del recurso de casación que interpuso la parte demandante, respecto de la sentencia de 13 de febrero anterior, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario de Rosalba Pulgarín Orozco contra herederos indeterminados del causante Luis Antonio Orozco Medina.

Antecedentes

1. La denegación del recurso de casación contra la sentencia desestimatoria de la pretensión consistente en la declaración de existencia y disolución de la sociedad patrimonial formada entre Luis Orozco Medina y Rosalba Pulgarín Orozco, fue proferida por el tribunal en consideración a la cuantía del interés para recurrir, pues estimó, de acuerdo con el peritaje practicado al efecto, que la cuota que eventualmente le correspondería a la compañera permanente en la herencia del causante Orozco Medina, “no excede del límite mínimo que señala el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 592 de 2000”.

2. En tal sentido, el sentenciador a consecuencia del recurso de reposición ratificó la denegatoria del recurso, tras de aducir, en contra de la opinión de la parte impugnante de que se trata de una acción de estado civil en la cual no debe tenerse en cuenta el monto del agravio, que la calidad de compañero permanente no constituye un estado civil porque no puede asimilarse al matrimonio, y que lo litigado en estos asuntos es la existencia de la sociedad patrimonial.

3. Con ocasión del recurso de queja y a fin de se revoque la decisión del tribunal, la parte demandante insiste en que el estado civil de compañero permanente fue creado en la Constitución de 1991, y debe tenerse como tal, de conformidad con la definición contenida en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970; sin embargo, advierte que el motivo de su reparo radica fundamentalmente en que el debate versa sobre la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, cuestión que no es susceptible de justiprecio porque lo concerniente a la determinación de los bienes integrantes del haber de esa sociedad debe hacerse en la etapa de su liquidación, cuando se “tendrá en cuenta su valor”; además, el perito optó por asignar unos “valores a unos supuestos bienes” que en ninguna parte se han declarado, es decir, sin tener certeza de que corresponden a una sociedad patrimonial.

Consideraciones de la Corte.

I. En síntesis, son dos los argumentos del recurrente en queja: primero, el proceso versa sobre la declaración judicial del estado civil de compañero permanente, y, por lo tanto, la cuantía no incide para la concesión del recurso de casación; y segundo, en consideración a la pretensión, no hay manera de determinar la cuantía ni tampoco existe dato cierto que le permitiera a un perito determinarla.

II. Para dar respuesta a lo anterior, y sobre el inicial argumento, se observa lo siguiente:

1. En el ordenamiento jurídico colombiano no se ha establecido constitucional, ni legalmente, el estado civil de compañero permanente derivado de la unión marital de hecho. En efecto, no se puede deducir semejante consagración de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política, por el hecho de que en él se diga que la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, aspecto éste, aquí subrayado, que corresponde a un mero enunciado, huérfano aún de reglamentación legal.

De allí que para darle en la materia de que aquí se trata alcance a tal precepto se requerirá, de conformidad con lo dispuesto en su último inciso, que sea la ley la que determine “lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, la cual en verdad con ese carácter no se ha expedido respecto de la situación de la familia constituida por la mera voluntad de conformarla o dimanante de la unión marital de hecho establecida en ley anterior.

2. En ese sentido, pues, debe decirse que esa orfandad legislativa no se supera con la Ley 54 de 1990, anterior a la Constitución Política, pues ella no tuvo por cometido crear un estado civil, el cual no se puede deducir por el hecho de que se haya denominado y definido la unión marital de hecho “para todos los efectos civiles”, y menos después de definirla como la que se forma entre un hombre y una mujer que, sin estar casados entre sí, “hacen una comunidad de vida permanente y singular”; palmario se ve que no basta la mera voluntad de los miembros de la pareja de conformarla, sino que emerge, además, de unos hechos concretos que la sustentan, susceptibles de demostración; más allá, la ley no regula derechos ni deberes entre ambos, sino esencialmente la presunción de sociedad patrimonial, la imposibilidad de la concurrencia de ésta con la sociedad conyugal, el establecimiento de la misma, su disolución y liquidación.

3. Justamente, la circunstancia de que la unión marital exija hechos materiales constitutivos de la misma, impide que la mera declaración formal de los interesados sea suficiente para conformarla —por lo menos no con respaldo en la citada ley—, por lo que aquellos hechos, entonces, vienen a ser de la sustancia de la institución y no de mera índole probatoria; en ese sentido, la tesis del estado civil por la que propugna el impugnante genera una consecuencia que no se ha previsto en la ley, y que indudablemente requiere de ésta para que se dé; pues no dimana, per se, de la Constitución Política; consistente en que para conformarla basta que un hombre y una mujer inscriban el acto de declaración de la unión marital para que produzca efectos, incluso frente a terceros.

4. Por lo demás, el reconocimiento de la unión por vínculos naturales exige una regulación legal como estado civil, e igual, si se quiere, la hoy conocida como unión marital de hecho, puesto que la voluntad responsable de la pareja no soluciona por sí misma aspectos que atañen con la definición de dicho estado, entendido como la situación jurídica de una persona en la familia y la sociedad, con sus características de ser indivisible, indisponible, imprescriptible y necesariamente asignado por la ley (D. 1260/70, art. 1º).

5. Por último, debe advertirse que la sola circunstancia de que el artículo 1º del Decreto 2158 de 1970 permita en hipótesis inscribir la unión marital en el registro de varios no supera las dificultades comentadas, ni tampoco el hecho de que la inscripción de la convivencia en el mismo libro con antelación no menor de tres años haya sido considerada por el Código del Menor (art. 105) como prueba idónea de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes, puesto que el primero no da pie para incluir, sin más, la unión marital entre los hechos y actos susceptibles de tal inscripción, y el otro no genera el reconocimiento de un estado civil; apenas en el último sí se alude a un instrumento ad probationem del hecho específico de la convivencia extramatrimonial, cuya estructura ni siquiera compagina con la de la unión marital de hecho, tal como fue concebida en la Ley 54 de 1990; tanto que ni siquiera se exige tal inscripción como única prueba, como debería serlo si se tratara de un estado civil, en los términos previstos en el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970.

6. En conclusión: si bien la unión marital de hecho y la constitución de la familia por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha expedido la ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita asimilarlo como tal, ni menos se puede deducir por el reconocimiento de derechos legales específicos de distinto orden hasta ahora conferidos a los compañeros permanentes, incluso algunos por vía jurisprudencial, los cuales, valga decirlo, no se eliminan ni merman por el hecho de no constituir la unión marital el estado dicho.

7. Por consiguiente, por ahora no resulta admisible sostener que con la demanda destinada a que se declare la existencia de una sociedad patrimonial presunta entre compañeros permanentes, su disolución y liquidación, se ejerce una acción de estado civil; menos en este caso donde la demanda contiene como pretensión única la siguiente: “declarar la existencia y disolución de la sociedad patrimonial formada entre Luis Orozco Medina y Rosalba Pulgarín Orozco, desde el primero de marzo de 1991 hasta el día 14 de agosto de 1998, fecha en la cual falleció el señor Orozco Medina”; pretensión ajena a la declaración o constitución de un estado civil.

III. Ya desde la perspectiva de la cuantía, importa anotar que tampoco es admisible el recurso de casación aquí denegado por el tribunal, bajo el argumento de que no hay manera de determinar el monto del agravio que le infiere la sentencia a la parte impugnante, como aduce ésta, pues si se concluye que ni el monto establecido pericialmente —ni tampoco la demanda— dan la base legal mínima para admitir la impugnación, se impone no concederlo; y, si en gracia de discusión, se tratara en este caso de un proceso sin cuantía, habría que concluir que, de serlo, de todos modos sería improcedente el recurso en cuestión, dado que según lo dispuesto en el artículo 366 inciso 1º, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias dictadas en los procesos ordinarios, siempre en consideración a su cuantía, salvo las que versan sobre el estado civil, y esto último, como se explicó antes, no acontece en el presente caso.

IV. En consecuencia, la Corte estimará bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, y así lo dispondrá enseguida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, estima bien denegado el recurso de casación arriba referido, y ordena enviar esta actuación al tribunal de origen para que forme parte del expediente.

Notifíquese.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

SALVAMENTO DE VOTO

Expongo a continuación, las consideraciones por las que, con el debido respeto, me veo compelido a separarme del criterio que resultó mayoritario para decidir el asunto de esta especie.

Mi disentimiento radica en la tajante negación que la Sala Civil ha hecho del carácter del estado civil a la unión marital de hecho, temperamento que, desde mi punto de vista, es claro en el ordenamiento colombiano por las siguientes razones:

1. De la función del juez en el Estado social de derecho se ha dicho, con innegable acierto, por demás, que representa un momento fundamental en la creación del derecho, al punto que, como se suele anotar, más fácilmente se concibe un Estado sin legislador que sin jueces, y que bien entendida su labor, les incumbe a estos complementar la de aquél. Por supuesto que el legislador, por motivos de distinta índole, entre los que vale la pena destacar el mismo grado de abstracción y generalidad en que realiza su función, o, inclusive, su propia voluntad, suele expedir mandatos incompletos, incumbiéndole al juez, en tales casos, la tarea insoslayable de completarlos, misión a la cual no puede rehuir, pues es de tal modo inmanente a su función, que sería tanto como renunciar a su calidad de juez.

2. Por mandato del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. El estado civil de una persona, por consiguiente, no es algo externo a ella, sino, por el contrario, es la persona misma jurídicamente individualizada, es su situación al interior de la familia o la sociedad, y si ello es así la unión marital de hecho no puede menos que dar lugar al estado civil de compañero o compañera permanente.

En efecto, por disposición del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, a partir de su vigencia y “... para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho a la conformada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular... Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forma parte de la unión marital de hecho” (se resalta).

Es patente, entonces, que la trasuntada disposición no se limita tan solo a definir un fenómeno jurídico, sino que va más allá ubicando el objeto de la definición, es decir, la condición de compañeros permanentes, en un contexto de plena eficacia jurídica, la cual comprende, por su puesto, el estado civil, señalamiento que fue, posteriormente, robustecido por el artículo 42 de la Constitución Política, en cuanto dispuso que la familia se “constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

De modo, pues, que si el estado civil es la situación jurídica de una persona en la familia, y la unión marital de hecho es una de las formas como, a la luz de la Constitución y la ley, se constituye la familia, la calidad de compañero permanente es, indudablemente, un estado civil. Negarle tal calidad es tanto como decir que las relaciones de esa especie no dan lugar a una familia, inferencia contraria, a todas luces, al mandato superior.

Pero, además, es innegable que, justamente, por tener ese carácter de estado civil, de la condición de compañeros permanentes se desprenden un conjunto de derechos, deberes y obligaciones de estos entre sí y respecto de los hijos, e inclusive, respecto de la familia misma. Así, en cuanto a los primeros se advierte que, por prescripción del artículo 42 de la Constitución, los vínculos que de ella surgen se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco de sus integrantes; que conforme a la reseñada definición de la Ley 54 de 1990, la relación ha de ser singular motivo por el cual, palpita en ella el deber a la fidelidad; también el de ayuda y socorro mutuos, sobre el cual, al tenor del artículo 3º de la susodicha ley, se erige la necesidad de distribuir por partes iguales, el patrimonio social y así sucesivamente se podrían mencionar otros; respecto de los hijos se encuentra, verbigracia, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de estos; el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos; y, finalmente, en cuanto núcleo familiar todos los derechos y deberes que por mandato constitucional se desprenden de ella, entre los cuales, la misma norma destaca el derecho a la honra, a la dignidad y a la intimidad de la familia (C.P., art. 42).

Si bien puede admitirse que dicho estado civil está sometido, por ahora, a una disciplina normativa incipiente, eso no lo hace en manera alguna, imperfecto ni mucho menos rudimentario; por su puesto que en tales circunstancias, ya habiendo sido considerado por la ley como un estado civil, le incumbe al juez completar la labor que el legislador, por razones de diversa índole, dejó trunca. En esta hipótesis, lo insuficiente es el texto escrito de la ley, más no el estado que ella ha creado.

Son, pues, las señaladas razones, el fundamento de mi disentimiento con el criterio mayoritario de la Sala.

Jorge Antonio Castillo Rugeles.

SALVAMENTO DE VOTO

1. Respetuosamente consigno las razones que me llevan a discrepar de la decisión adoptada por la mayoría de los magistrados, mediante la cual se niega la procedencia del recurso de casación en el presente caso, por cuanto se entiende que no existe el “estado civil de compañero permanente”, como el recurrente lo predica y nosotros, los magistrados disidentes lo admitimos, para por contera concluir que estamos frente a una sentencia de segundo grado dictada por Tribunal Superior en proceso ordinario que “versen sobre el estado civil”, que al tenor del artículo 366 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, admiten el recurso extraordinario de casación.

La pretensión que principalmente se debatió en el presente proceso fue la declarativa de “unión marital de hecho”, por supuesto sin contenido económico, porque se trata de la calificación legal de una persona como “compañero o compañera permanente”. De manera que como bien lo plantea el recurrente, la cuestión por elucidar es si esa pretensión tiene o no por objeto un “estado civil”.

De conformidad con el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es “su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”. Por esto, como lo dicen los hermanos Henry, León y Jean Mazeaud, “El estado civil está, pues, unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona” (Lecciones de Derecho Civil, Parte I, volumen II, EJEA, Buenos Aires, 1959, página 33). De ahí, según explican, los tres caracteres particularísimos del estado civil son: indivisibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad.

No obstante, el estado civil tiene manifestaciones plurales, o “aspectos múltiples”, en consideración a los diversos actos, hechos o providencias que determinan las situaciones jurídicas que la persona tiene en la familia y la sociedad. Esto significa que simultáneamente una persona puede tener el estado de hijo, el de soltero o casado, el de padre matrimonial o extramatrimonial, amén del nombre, la edad, el sexo, el avecindamiento, etc., circunstancias todas que son las que permiten su individualidad.

Una de las características del estado civil, según se anotó, es su indivisibilidad, que como bien se sabe implica que una persona no pueda tener sino un estado derivado de un mismo hecho, acto o providencia, que en fin de cuentas son sus fuentes ontológicas, conforme al artículo 2º del Decreto 1260 de 1970, esto es, que se es hijo legítimo o extramatrimonial o adoptivo, pero no simultáneamente las tres situaciones. En otras palabras, lógica y jurídicamente la característica descarta las situaciones incompatibles.

Por lo demás, como otro punto pertinente para la definición del problema que se le plantea a la Corte, resulta importante recordar que la asignación y calificación del estado civil, así como la indicación de sus fuentes, corresponde a la ley. Siendo esta otra de sus características, prevista de modo expreso por los artículos 1º y 2º del decreto citado, por virtud de la cual el estado civil no queda a la voluntad exclusiva de las personas, puesto que es la ley la que hace su asignación y ella misma la que califica los hechos, actos y providencia que lo determinan.

3. Confrontados los precedentes y someros elementos teóricos con la situación jurídica que emerge de la llamada “unión marital de hecho”, no queda la más mínima duda que la providencia judicial que en los términos de la Ley 54 de 1990, produce una declaración en el sentido pretendido, determina el estado civil de compañero permanente, estado civil que positivamente encuentra su asignación en la citada ley, lo mismo que en el artículo 42 de la Constitución Política, amén de que la Ley 54 califica como fuente la providencia judicial.

Por supuesto que esa situación jurídica otorga la capacidad para que los compañeros permanentes ejerzan ciertos derechos y contraigan ciertas obligaciones. Desde el punto de vista personal, al menos el derecho a que se les nomine o designe como “compañero” o “compañera” “permanente” para todos los “efectos civiles”, a semejanza del de “casado” o “casada” en el matrimonio. Derechos y obligaciones que igualmente se surten dentro del marco del régimen patrimonial de la unión marital de hecho.

Pese a que eventualmente se pudiera ostentar simultáneamente las situaciones jurídicas de casado y compañero permanente, ésta coincidencia en manera alguna desconoce la característica de la indivisibilidad, porque lo que no se podría poseer, a la vez, son dos matrimonios o dos uniones maritales de hecho, razón por la cual ambas instituciones no son incompatibles, excluyentes o contradictorias. Además, la Ley 54 de 1990 en el artículo 2º, literal b, descarta dicha incompatibilidad al exigir como condición de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes con impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros, que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho, pues no debe olvidarse que aparte de la asignación de “compañero” o “compañera” permanente que la mencionada ley hace, lo es también para efectos de los derechos y obligaciones de los compañeros permanentes en el ámbito de la sociedad patrimonial, que la ley presume conformada con ocasión de la unión marital de hecho, según el artículo 1º, ibídem.

4. En ese orden de ideas, si conforme al artículo 42 de la Constitución Política, la familia se constituye “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, resulta errado pensar que sólo quien contrae matrimonio adquiere un estado civil (casado), para, por ende, conformar una familia legítima, sin parar mientes en que por virtud de la unión marital de hecho y de conformidad con el citado artículo constitucional, se constituye una familia igualmente legítima, como también lo ha reconocido la Corte Constitucional cuando ha dicho que la unión marital de hecho “corresponde a una de las formas legítimas de constituir una familia” (C-98/96).

No se trata, desde luego, de asimilar en forma absoluta la unión marital de hecho con el matrimonio, sino de reconocer que una y otro son formas legítimas de constituir una familia, y que como tales ambas instituciones deben gozar de toda la protección legal y aceptación social. De ahí que, por lo menos, la unión marital de hecho deba recibir un tratamiento jurídico equiparable o semejante al que merece la unión conyugal, como igualmente se ha sostenido.

Por supuesto que si el “estado civil” de las personas se deriva de los “hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos”, según se dispone en el artículo 2º del Decreto 1260 de 1970, es indiscutible que así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la “unión marital de hecho” también genera el de “compañero o compañera permanente”. De un lado, porque es la Ley 54 de 1990, artículo 1º, no sólo la que lo nomina, sino la que lo establece “para todos los efectos civiles”, y de otro, porque aunque el artículo 5º del citado decreto no la contempla expresamente como sujeto a registro, la ley no descarta que se pueda hacer en el “registro de varios” (D. 2158/70, art. 1º), entre otras cosas porque para demostrar la “convivencia extramatrimonial” en los procesos de adopción es idónea la “inscripción en el libro de varios de la notaría del lugar del domicilio de la pareja” (C. M., art. 105, par., num. 4º).

Ahora, si bien la Ley 54 de 1990, es anterior al nuevo orden constitucional, vigente desde el 4 de julio de 1991, régimen en el que, repítese, se reconoce que la familia puede constituirse “por vínculos naturales y jurídicos”, su lectura e interpretación no puede ser extraña a los valores y principios que la Constitución consagra. En ese sentido, si el citado artículo 42, in fine, establece que “la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, es claro que el estado civil de “compañero o compañera permanente” se encuentra determinado en la precitada ley, no sólo porque “define las uniones maritales de hecho”, sino porque, al menos en lo que al campo económico concierne, admite la posibilidad de “presumir” la existencia de una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, amén de establecer los “derechos y deberes” de ese “régimen patrimonial”.

5. De otro lado, también resulta importante anotar que la Corte Constitucional en sentencia C-174 de 29 de abril de 1996, ya había llegado a conclusión similar a la que ahora exponemos, pues a propósito de demanda de inconstitucionalidad formulada contra varias normas del Código Civil concernientes a los derechos de los cónyuges, calificadas de inconstitucionales por el accionante por desconocer la unión libre o la unión marital de hecho, consideró que de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política, “tal unión, en determinadas circunstancias, establece o modifica el estado civil de quienes hacen parte de ella, y la ley en consecuencia, acorde con la Constitución, determina en estos casos el estado civil, lo asigna, lo mismo que los “consiguientes derechos y deberes”. Derechos y deberes entre los miembros de la unión marital de hecho, y entre estos y los hijos, si los hubiere”.

Lo anterior para concluir, que las normas demandadas no eran contrarias a la Constitución por dar trato diferente a los cónyuges y a los compañeros permanentes, pues no obstante este último constituir “un estado civil diferente”, reitera el tribunal constitucional, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, los derechos y deberes que éste trae consigo los fija el legislador, según la evolución social.

Por todo lo expuesto, que son las razones de la disidencia, considero que la providencia de la cual me separo es contraria a la Constitución (art. 42), a la (L. 54/90), y por supuesto a una realidad social que históricamente la Corte Suprema ha reconocido desde la década del treinta del siglo pasado.

José Fernando Ramírez Gómez. 

SALVAMENTO DE VOTO

Por compartir las razones que expone el magistrado José Fernando Ramirez en el salvamento de voto que antecede, disiento de la mayoría que adoptó la decisión de la que ahora me aparto. Ciertamente la unión marital de hecho, como lo ha sostenido esta misma corporación, es una emanación de la llamada familia natural como la llama el artículo 42 de la Constitución Política, que a su vez consagra la igualdad de derechos y deberes de la pareja, haciendo incapie en que las relaciones familiares se basan en la igualdad y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes y que el Estado y la sociedad garantizan su protección integral. En consecuencia, si éste es el amparo constitucional, no se ve cómo se le pueda negar a la unión marital ser fuente de estado civil, por cuanto, insisto, la familia se constituye también por la voluntad de un hombre y una mujer de constituirla, y la calidad de compañero permanente por consiguiente origina una situación jurídica en la sociedad, protegida por el ordenamiento jurídico, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, siendo indivisible, indisponible e imprescriptible, habiéndole correspondido a la ley su asignación, tal cual lo indica el artículo 1º de Decreto 1260 de 1970.

En lo demás, comparto las razones del magistrado Ramirez.

Jorge Santos Ballesteros. 

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