Auto 9636 de abril 15 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CARRERA JUDICIAL

SE SUSPENDE EL ACUERDO 87 DE 1993

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Ref.: Expediente 9636

Santafé de Bogotá, D.C., abril quince de mil novecientos noventa y cuatro.

El ciudadano Luis Fernando Caicedo ha formulado demanda de nulidad contra el Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, “mediante el cual legisló sobre el sistema de méritos para el ingreso, ascenso, permanencia y retiro del servicio en los cargos de carrera de la rama judicial”.

Como la demanda reúne los requisitos formales habrá de admitirse; y para su trámite se dispone:

1. Notifíquese personalmente el auto admisorio a la Procuradora Quinta Delegada, así como también a los señores Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y Directora de Administración Judicial.

2. Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para su contestación y demás efectos pertinentes.

Suspensión provisional

En el escrito correspondiente se solicita la suspensión provisional, para lo cual se plantean sintéticamente los siguientes argumentos:

El acto acusado contradice, prima facie, los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 125, 150 y 152, y en el 21 transitorio de la Carta Política de 1991.

Sobre el particular, se aduce que según estas disposiciones la carrera judicial será fijada por la ley y que por tanto, le compete al Congreso adoptarla.

El Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993 pretende legislar sobre ingresos, permanencia, ascenso y retiro en cargos de la carrera judicial, lo cual solamente puede hacer la ley.

Al tenor del artículo 150 de la Carta, le corresponde al Congreso hacer las leyes. Así mismo, el 152 le señala a este organismo la competencia exclusiva para expedir las leyes estatutarias; y no cabe duda de que la concerniente a la carrera judicial tiene o debe revestir el carácter de estatutaria.

En ese orden de ideas, es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura usurpó esa facultad del Congreso Nacional, y por consiguiente, el acto acusado está afectado en su validez, por manera que resulta ser injurídico “a nivel de la legalidad interna y externa”.

Para resolver,

Se considera:

El artículo 238 de la Carta Fundamental de 1991 le atribuyó a la jurisdicción contencioso administrativa la facultad de suspender, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por la vía judicial.

Así mismo, el artículo 152 del CCA(modificado por el 31 del Decreto 2304 de 1989), prescribe que la medida será procedente cuando se “solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado” (en el numeral 1º) y cuando se trata de la acción de nulidad, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud” (en el numeral 2º).

Las disposiciones que se citan como violadas, como ya se anotó, son los artículos 125, 150, 152 y 21 transitorio de la Constitución Política de 1991.

Respecto del artículo 125, se indica que allí se contempla el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en la misma, “previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley” (se subraya); como también, que el retiro se hará por calificación insatisfactoria en el desempeño del empleo, violación del régimen disciplinario “y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley” (se subraya).

En lo que hace con el artículo 150, ibidem, se arguye que es tarea del Congreso hacer las leyes y además, que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene competencia para legislar sobre carrera judicial.

En cuanto al artículo 152, ibidem, se aduce que es el Congreso el órgano autorizado para expedir leyes estatutarias y la de carrera judicial es de esta naturaleza.

En resumen, sostiene el actor que el estatuto de carrera judicial es de resorte y potestad exclusivos del Congreso Nacional, por medio de leyes, por manera que el Consejo Superior de la Judicatura usurpó, con el acto acusado, dicha facultad.

De igual manera, afirma el demandante que mediante el acto impugnado se transgreden, adicionalmente, los mandatos y previsiones de los artículos 238 de la ley superior y 157 (sic) del Decreto Nº 01 de 1984.

Es sabido que la rama judicial del poder público está integrada hoy en día por los órganos señalados en el artículo 116 de la Carta, bien sea de manera regular o permanente, ordinaria o excepcional, y que su finalidad es la de administrar justicia, actividad calificada en el canon 228 como “función pública”, que debe ser regulada por el Congreso de la República mediante ley estatutaria, como lo prevé el artículo 152, literal b), del mismo ordenamiento.

Las autoridades, en general, están obligadas en el ejercicio de sus potestades a la normatividad existente (Constitución y ley, art. 6º, C.N.); y, desde luego, así ocurre con el Consejo Superior de la Judicatura, según las voces de los artículos 256 (“... de acuerdo a la ley...”) y 257 (“con sujeción a la ley...”) del mismo estatuto.

Entre esas funciones se encuentra la de “administrar la carrera judicial” —art. 256, numeral 1º, C.N.—, y las de “dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia ...” —art. 257, numeral 3º, C.N.—, y “proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia...” —art. 257, numeral 4º, C.N.—.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 125, inciso primero, de la Carta Constitucional, “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley” (se subraya). A su vez, el inciso segundo determina que el ingreso y ascenso en los cargos de carrera se hará previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones “que fije la ley...”; así mismo, de conformidad con el inciso tercero el retiro se hará, además de las circunstancias expresamente fijadas en esa norma, “por las demás causales previstas en la Constitución o la ley” (se subraya).

Es evidente, entonces, que las funciones de administrar la carrera judicial y la de dictar reglamentos para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, debe cumplirlas el Consejo Superior de la Judicatura con estricta sujeción a la Constitución y la ley.

El artículo 21 transitorio de la Carta de 1991 le asignó al Congreso la tarea de desarrollar los principios consignados en el canon 125 dentro del año siguiente a su instalación; empero, no le impuso como condición sine qua non, la de expedir un estatuto de carrera global o genérico. De modo previsivo, señaló en su inciso cuarto que “Mientras se expiden las normas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución”. Por consiguiente, en lo relacionado con carrera judicial las normas preexistentes continuaron rigiendo porque la Ley 27 de 1992 (29 de diciembre), a la par que expidió el estatuto de carrera administrativa, dispuso en su artículo 2º, inciso tercero, que “Los servidores del Estado que presten sus servicios en la Presidencia de la República, Congreso de la República y por virtud de la ley, Ministerio de Defensa, organización electoral y demás entidades y sectores con carreras especiales o sistemas especiales de administración de personal, continuarán rigiéndose por las normas vigentes para ellos consagradas en la Constitución y la ley” (se subraya).

Esto significa, como ya se puso de relieve, que en el campo relacionado con la rama judicial, que corresponde precisamente a una de las carreras especiales a las que se refirió y contempló esta ley, lo concerniente con la materia —carrera judicial—, estaba regulado de manera completa por el Decreto-Ley 052 de 1987. Por ende, no puede decirse o afirmarse, válidamente, que existiera un vacío legislativo o que el Congreso hubiese incumplido el mandato del artículo 21 transitorio; por el contrario, ya se puso de presente cómo sí lo cumplió, con la expedición de la Ley 27 del 29 de diciembre de 1992.

Otra cuestión bien distinta es que algunas disposiciones de ese ordenamiento pudiesen resultar contrarias al texto de la Carta de 1991 o incompatibles con éste; empero, de darse este supuesto lo que ocurre es que aquellas serían inaplicables; mas no todo el texto del decreto, si no es contrario, íntegramente, a la nueva doctrina constitucional.

Diferente es que el Consejo Superior de la Judicatura tenga iniciativa legislativa respecto de la administración de justicia y los códigos sustantivos y procedimentales (art. 257, numeral 4º, C.N.); pero de allí no se desprende que pueda invocar poderes legislativos en esas materias. Antes bien; para administrar y reglamentar la carrera judicial debe respetar la Constitución y la ley de carrera correspondiente. Por ello, es de una claridad meridiana que no podía reemplazar al Congreso Nacional, para expedir un estatuto de carrera judicial en lugar suyo, como se sostiene en los considerandos del acto acusado, donde se afirma, inexplicablemente, que “la ausencia de previsión del legislador debe ser suplida mediante el ejercicio de la facultad que a tal efecto atribuye al Consejo Superior de la Judicatura el art. 257 numeral 3º de la Constitución Política, a fin de evitar a la función de administrar justicia los graves trastornos que seguirían a la suspensión de la carrera judicial”; como también, más adelante, que “para permitir la correcta administración de personal de la Rama Judicial y hasta tanto se expida la ley correspondiente es necesaria la expedición de una reglamentación de carrera judicial”.

Así las cosas, si el acto acusado se basa en ese pretendido vacío, es incuestionable que deviene contrario, prima facie, esto es, por la simple confrontación con los artículos 125 y 21 transitorio de la Constitución, y con el artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 27 de 1992 —normas todas de categoría superior a dicho acuerdo—, a tales disposiciones. Porque, como, ya se anotó, el Decreto-Ley Nº 052 de 1987 —al tenor de las normas mencionadas y transcritas—, que revisó, reformó y puso en funcionamiento la carrera judicial, continúa vigente en todo aquello que no resulte contrario o incompatible con la Carta Política de 1991.

En ese orden de ideas, siendo ostensible que el acto acusado viola las normas superiores invocadas en el libelo de demanda y en el acápite relacionado con esta medida provisoria, deberá accederse a su decreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

Decrétase la suspensión provisional del Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, “Por el cual se reglamenta el sistema de méritos para el ingreso, permanencia y retiro del servicio en los cargos de carrera de la Rama Judicial”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del día 14 de abril de 1994.

Dolly Pedraza de Arenas, Presidente—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Diego Younes Moreno—Carlos Arturo Orjuela Góngora.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Ref.: Expediente Nº 9636.

Santafé de Bogotá, D.C., abril veintinueve de mil novecientos noventa y cuatro.

Reconócese personería al doctor Roberto Arturo Montes Mathieu, con T.P. Nº 10.394 del Ministerio de Justicia, como apoderado especial del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder que le fue conferido (fl. 39).

Se tiene que esta Sala mediante auto del 15 de abril del año en curso suspendió provisionalmente el Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Contra dicho proveído, interpuso recurso de reposición el apoderado del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que se revoque.

El recurso

En el escrito de sustentación del recurso, se plantean dos argumentos, que se dicen subsidiarios, a saber:

a) El primero, desarrolla la capacidad normativa del Consejo Superior de la Judicatura, bajo el presupuesto de que el Decreto-Ley 052 de 1987 no es actualmente aplicable porque contradice el espíritu de la Constitución Política de 1991 y cesó en su vigencia por mandato del artículo transitorio 21 de la misma Carta.

b) El segundo, se desarrolla sobre la base de la supervivencia del Decreto 052 de 1987.

En relación con el primero de ellos pone de presente que el cambio constitucional de 1991 estuvo inspirado por la voluntad de establecer la autonomía administrativa para la rama judicial, mediante la transferencia de funciones que antes ejercía el Gobierno, que le dieran independencia frente a los demás poderes públicos, que liga con el texto constitucional del numeral 3º del artículo 257, y como consecuencia, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para expedir reglamentos, como califica “todas aquellas normas jurídicas expedidas por órgano del Estado distinto del legislativo”.

Prosigue diciendo que el texto constitucional habilita al Consejo Superior de la Judicatura “para dictar reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con su organización y los relativos a las funciones internas asignadas a los distintos cargos. Por otra, la norma habilita al Consejo Superior de la Judicatura para regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”, lo que lo lleva a reafirmar la potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Para la recurrente el Constituyente tuvo como propósito distanciarse de la asociación corriente entre reglamento y rama ejecutiva y por ello utilizó el verbo “regular”, por lo cual el Consejo puede entonces reglamentar y regular. Con aquella se desarrolla y complementa la ley, con la regulación, que llama “reglamento constitucional o supletorio” suple los vacíos legislativos, “en el trámite judicial y administrativo que deba surtirse ante los despachos judiciales y el mismo no haya sido desarrollado por el legislador, su regulación corresponde al Consejo Superior de la Judicatura”.

Además, sostiene el recurrente que “en ambos casos debe actuar con sujeción a la ley, en el primero porque el reglamento no puede contrariar la ley que desarrolla, en el segundo porque las regulaciones o reglamentos constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura tienen un rango inferior al legal en la jerarquía normativa”.

En cuanto a las últimas, describe sus características así:

“a) Desarrollan directamente con capacidad normativa autónoma la Constitución o las leyes sustantivas.

b) No pueden alterar las leyes preexistentes.

c) Pueden ser sustituidas o modificadas por leyes posteriores.

d) Se orientan a la regulación de los trámites judiciales y administrativos que deban adelantarse en los despachos judiciales por virtud de un mandato superior.

e) Sólo operan en la medida en que exista un vacío legislativo que impida la efectividad de la norma superior que le sirve de sustento”.

Por último, el argumento recae sobre el aspecto político de esta clase de reglas para evitar la frustración de normas constitucionales que se produciría por la inacción legislativa. “El constituyente —dice— como desarrollo del principio de autonomía de la rama judicial estableció un mecanismo para que la rama, de manera autónoma, asuma la regulación del trámite que permita la eficacia de las disposiciones sustantivas de la Constitución”, cuya importancia destaca el momento de transición institucional que se vive.

A partir del análisis de los artículos 125 y 21 transitorio de la Constitución, de la competencia dispuesta en el segundo de ellos para expedir las reglas que desarrollaran el primero y de la vigencia transitoria de las reglas de carrera precedentes, concluye que rigieron “hasta el 1º de diciembre de 1992, si el desarrollo normativo se hacía por el Congreso; hasta el 1º de marzo de 1993 si el desarrollo se realizaba por parte del Gobierno. (...) Si vencidos estos términos no se ha producido desarrollo legislativo alguno, las normas preconstitucionales cesan en su vigencia y se genera un vacío legislativo sobre la materia, en la medida en que no sea posible la aplicación directa de las disposiciones constitucionales”.

Por ello, afirma que el D.L. 052 de 1987, sobre carrera judicial, dejó de regir. Si el Constituyente estableció una carga al Congreso “no puede entenderse que el Congreso ha desarrollado el art. 125 con relación a cierto sector del servicio público cuando de manera genérica dispone que continuarán rigiendo las normas vigentes”, punto del cual parte para combatir la providencia recurrida en cuanto señala que el inciso tercero del artículo 2º de la Ley 27 de 1993 (sic) “que no hace sino reiterar lo dispuesto en el inciso quinto del art. transitorio 21 y para nada afectaba la competencia del Ejecutivo para producir los desarrollos que considerara del caso en los citados sectores”.

Más adelante agrega: “En el caso de la carrera judicial es claro que había necesidad de ese proceso de adecuación y por la magnitud de las transformaciones casi que parecía imperativo un nuevo estatuto que regulase de manera completa la materia”, por lo cual, la providencia sería inexacta al afirmar que en virtud de la remisión realizada por la Ley 27 de 1992 debe entenderse que la materia de carrera judicial está regulada de manera completa por el Decreto-Ley 052 de 1987.

Luego sostiene que:

“Dicho estatuto dejó de regir, en el momento en que se venció el término constitucional que le otorgaba vigencia transitoria, en aquello que no contrariase la Constitución, sin que se produjesen las normas de desarrollo previstas en la Carta.

No puede el Congreso pretender haber cumplido con la carga legislativa que le imponía el art. 21 transitorio de la Constitución mediante la remisión genérica e indiscriminada a la legislación anterior sin producir desarrollo constitucional alguno. Una interpretación de este tenor implicaría frustar la voluntad constituyente. El Constituyente quiso establecer un nuevo régimen de carrera y diseñó un mecanismo para que esa voluntad se llevara hasta su cabal culminación en un término fijo. El ejercicio simple de la función legislativa, sin producir nuevos desarrollos, no agota el mandato constitucional”.

Refuerza su tesis con el contraste particular de mandatos del D.L. 052 de 1987, tales como el período de los jueces, los requisitos, la falta de referencia al Consejo Superior de la Judicatura, su peso fundamental en los nominadores en la celebración de concursos y evaluación de servicios, y su vocación regionalista. Por ende, aduce que “no es posible afirmar que el Decreto 052 de 1987 regula de manera completa la carrera judicial. Si se establece la vigencia del Decreto 052 de 1987, el fundamento de la carrera requiere de unas normas de adecuación que suplan los vacíos normativos que presenta y complementen sus disposiciones”.

La perspectiva del segundo argumento destaca el presupuesto de la vigencia del D.L. 052 de 1987 contenido en la providencia, y dice que a la luz del citado decreto se concluye que el Acuerdo 87 de 1993 no es, en su conjunto, violatorio ni de la Constitución ni de la ley, ni se cumplen las previsiones del C.C.A., pues no es posible hacer una confrontación directa entre el acto acusado y las normas superiores que la demanda considera violadas, en atención a que es preciso hacer un proceso interpretativo.

De allí que eslabone y justifique el acto en cuestión como desarrollo legislativo y censure que la providencia atacada sólo contempló la parte considerativa y no su resolutiva, que pese a que puede contener disposiciones reglamentarias, cuya competencia de expedición el Consejo de Estado no cuestiona, las mismas quedarían excluidas del universo jurídico sin que se pudiesen reproducir, aun cuando el mismo Decreto 052 defiere en la autoridad administradora de la carrera la reglamentación de la mayor parte del sistema de méritos.

Expresa, así mismo, que en vía de discusión existen normas de rango legal que sustentan el acto acusado y como no han sido declaradas inconstitucionales pueden servir como fundamento para la expedición del citado acuerdo. Así, tanto el Decreto 052 de 1987 —en el evento de que conserve vigencia—, como el decreto especial 2652 de 1991, otorgan al Consejo Superior de la Judicatura, como ente rector de la carrera judicial, claras facultades para dictar los reglamentos orientados a la correcta administración de la carrera.

Y finaliza expresando que:

“Al expedir el Acuerdo 87 de 1993 el Consejo Superior de la Judicatura pretendió articular en un sistema coherente y armónico con la Constitución, las normas que regulan la carrera judicial. Se trata de un claro ejercicio de sus deberes constitucionales como autoridad administrativa de la rama judicial, función que no puede cumplir en ausencia de un instrumento normativo que defina con claridad el ámbito de su acción y elimine la incertidumbre del vacío normativo o las disposiciones fragmentarias y sujetas a interpretaciones contradictorias por sus destinatarios, con mengua de la autoridad del Consejo y de su capacidad rectora en materia de carrera judicial”.

Para resolver, SE CONSIDERA:

Es sabido que la suspensión provisional es una medida sujeta a condiciones y requisitos asaz exigentes, como son la flagrancia del agravio a los textos superiores, por regla general, y la prueba sumaria del perjuicio, en tratándose de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por consiguiente, no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos, pues en los casos en que la materia ofrece dudas o exige examinar el fondo del asunto, no resultaría procedente esa medida.

En el asunto en estudio la Sala decretó la suspensión provisional del Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, porque encontró, prima facie, que transgrede los artículos 125 y 21 transitorio de la Carta Constitucional de 1991, como también el artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 27 de 1992.

En efecto, esos textos establecen, en su orden, el régimen de carrera, la subsistencia de las disposiciones anteriores y por último, la continuidad de los regímenes, carreras o sistemas especiales vigentes en la fecha de promulgación de la Ley 27 de 1992.

Esto es, que a la luz de esas normas es ostensible, palmario y evidente que el Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993 resulta contrario a su contenido y por tanto, las viola.

Así las cosas, la revocación de la medida provisoria no podría fundarse sino en un error o una equivocación manifiestos del juzgador en cuanto a la letra o identificación de los estatutos legales considerados, y su verdadero ámbito.

A contrario sensu, si para deducir que las normas acusadas pudieran estar ajustadas a la legalidad por virtud de la ideología, filosofía o fines que la inspiraron, fuese necesario hacer razonamientos extensos, prolijos y complejos, es claro que ese análisis no puede darse sino en la sentencia respectiva y con el panorama que ofrezca el adelantamiento total del proceso.

Y es lo que acontece con el enfoque que le da la parte recurrente al medio de impugnación invocado, habida cuenta de que el primer cargo se sustenta en los denominados “reglamentos constitucionales”, cuya naturaleza ha sido y es cuestionada tanto por la jurisprudencia como por la doctrina.

Ciertamente, para poder arribar a la conclusión de que el acuerdo demandado es un reglamento constitucional autónomo que quiso atribuirle el constituyente al Consejo Superior de la Judicatura es indispensable un estudio de fondo, propio de la sentencia. O sea, que en esta fase procesal resulta prematuro e improcedente.

Y en lo que hace con el segundo cargo, en el cual se sostiene ahora que el organismo expedidor del acto no partió de esos supuestos sino que quiso llenar sus vacíos, debe la Sala formular las siguientes observaciones:

Como ya tuvo la ocasión de dejarlo sentado en su providencia del 15 de abril de 1994, “las funciones de administrar la carrera judicial y la de dictar reglamentos para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, debe cumplirlas el Consejo Superior de la Judicatura con estricta sujeción a la Constitución y la ley”.

Naturalmente, se trata de dos funciones distintas:

La del numeral 1º del artículo 256, relacionada con la atribución de “Administrar la carrera judicial”; y la del numeral 3º del artículo 257, atinente a la función de

“Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (se subraya).

En ese mismo proveído se recordó que:

“Las autoridades, en general, están obligadas en el ejercicio de sus potestades a la normatividad existente (Constitución y ley, art. 6º C. N.); y, desde luego, así ocurre con el Consejo Superior de la Judicatura, según las voces de los artículos 256 (“...de acuerdo a la ley...”) y 257 (“Con sujeción a la ley...”) del mismo estatuto” (se subraya).

Más adelante, se dijo:

“Diferente es que el Consejo Superior de la Judicatura tenga iniciativa legislativa respecto de la administración de justicia y los códigos sustantivos y procedimentales (art. 257, numeral 4º, C.N.); pero de allí no se desprende que pueda invocar poderes legislativos en esas materias. Antes bien; para administrar y reglamentar la carrera judicial debe respetar la Constitución y la ley de carrera correspondiente. Por ello, es de una claridad meridiana que no podía reemplazar al Congreso Nacional, para expedir un estatuto de carrera judicial en lugar suyo, como se sostiene en los considerandos del acto acusado, donde se afirma, inexplicablemente, que “la ausencia de previsión del legislador debe ser suplida mediante el ejercicio de la facultad que a tal efecto atribuye al Consejo Superior de la Judicatura el art. 257 numeral 3º de la Constitución Política, a fin de evitar a la función de administrar justicia los graves trastornos que seguirían a la suspensión de la carrera judicial”; como también, más adelante, que “para permitir la correcta administración de personal de la rama judicial y hasta tanto se expida la ley correspondiente es necesaria la expedición de una reglamentación de carrera judicial”” (se subraya).

Así las cosas, es claro que de conformidad con las pautas de interpretación establecidas en el artículo 4º de la Carta Fundamental, toda “norma jurídica” debe sujetarse y guardar armonía con lo dispuesto en aquella y en la ley.

Por consiguiente, como el Consejo Superior de la Judicatura no podía legislar en materia de carrera judicial sustituyendo en esa tarea al Congreso de la República, o eventualmente al Presidente, es lógico concluir, como lo hizo la Sala en el auto impugnado, que el Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, dictado por la Sala Administrativa de dicho organismo, viola “prima facie” las disposiciones citadas en el libelo de demanda como objeto de esa vulneración.

Ante esta verdad incontrastable, deberá confirmarse el auto recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

Confírmase el auto proferido el 15 de abril de 1994 en el presente asunto, mediante el cual se suspendió provisionalmente el Acuerdo Nº 87 del 23 de noviembre de 1993, dictado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del día 28 de abril de 1994.

Dolly Pedraza de Arenas, Presidente—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna—Diego Younes Moreno—Carlos Arturo Orjuela Góngora.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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