Auto 9638 de septiembre 17 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AGENCIA OFICIOSA

EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente Nº 9638

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

La Previsora Compañía de Seguros S.A., a través de su apoderado debidamente reconocido, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la nulidad de los actos administrativos en virtud de los cuales la DIAN le practicó liquidaciones oficiales de revisión en relación con las declaraciones de impuesto a las ventas por los bimestres 3º al 6º de 1995, y le impuso sanciones por inexactitud.

Mediante auto del 4 de septiembre de 1998, el tribunal dispuso admitir la demanda y reconocer personería al doctor Francisco Bravo González, como apoderado de la actora, en los términos y para los efectos del poder otorgado.

A través de sentencia del 25 de mayo de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, anuló parcialmente los actos acusados, en el sentido de levantar las sanciones por inexactitud impuestas en los mismos.

La sentencia en mención fue recurrida por la parte demandada y por el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, “obrando como apoderado especial de la parte actora en el juicio de la referencia” (fl. 188 del expediente).

Mediante auto del 24 de junio de 1999, el tribunal dispuso conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y rechazar el recurso de apelación interpuesto según escrito visible a folio 188, dado que “el recurrente no tiene personería adjetiva para actuar en el proceso de la referencia”.

Contra el referido auto, el apoderado reconocido, doctor Francisco Bravo González, interpuso recurso de reposición, y en subsidio, la expedición de copias de las piezas conducentes del proceso.

En providencia del 22 de julio de 1999, se resolvió mantener la decisión recurrida y expedir las copias para el recurso de queja.

El apoderado reconocido, doctor Francisco Bravo González, interpuso ante la corporación recurso de queja contra la decisión del tribunal de rechazar el recurso de apelación, con el fin de que le sea concedido el aludido recurso.

Como fundamento de su inconformidad manifiesta que si el doctor Juan Rafael Bravo no es apoderado hay que concluir que está actuando como agente oficioso, actuación que encuadra dentro de los términos de lo establecido en el artículo 557 del estatuto tributario, norma que, por su parte, también es aplicable en la etapa contencioso administrativa.

En consecuencia, el agente oficioso podía interponer el recurso de apelación contra la sentencia del 25 de mayo de 1999.

Por último, ratificó expresamente la actuación del agente oficioso, consistente en la interposición del recurso de apelación.

Consideraciones de la Sala

El recurrente en queja sostiene que quien instauró el recurso de apelación lo hizo en su calidad de agente oficioso de la actora, figura esta admisible con base en el artículo 557 del estatuto tributario, aplicable, a su juicio, al proceso contencioso administrativo.

Al respecto precisa la Sala que la figura de la agencia oficiosa prevista en el estatuto tributario, y en cuya virtud sólo los abogados pueden actuar como agentes oficiosos, esto es, sin poder, para contestar requerimientos e interponer recursos, no puede ser aplicable al proceso contencioso administrativo, pues, en primer lugar, dicha norma, ubicada en el libro quinto del estatuto tributario, denominado “procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, tiene cabida en el procedimiento tributario, es decir, en el trámite ante la administración de impuestos. Adicionalmente, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo prevé que en los aspectos no contemplados en esa normatividad debe aplicarse el Código de Procedimiento Civil “en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Lo anterior significa que ante la ausencia de previsión expresa de la agencia oficiosa, en el proceso contencioso administrativo, es perfectamente aplicable la agencia oficiosa procesal, consagrada en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, argumento que a su vez ratifica la no aplicación de la agencia oficiosa prevista en el estatuto tributario para el procedimiento administrativo tributario, que, obviamente, es distinto del proceso contencioso administrativo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, en el sub judice, sin embargo, no es posible la existencia de la agencia oficiosa procesal, pues, a términos del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, la figura en mención cabe en relación con la demanda, dado que “se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder”. En el presente caso, empero, se está alegando agencia oficiosa, y por lo mismo, falta de poder, cuando ya existe apoderado reconocido de la parte actora respecto del cual no ha operado ni la revocatoria del mandato judicial, ni su sustitución, motivo por el cual, mal puede alegarse que procesalmente no existe apoderado.

En este orden de ideas, precisa la Sala que la decisión de rechazar la apelación interpuesta, a la postre confirmada por el tribunal al resolver el recurso de reposición, sustentado éste en la calidad de agente oficioso del apelante, se ajusta a derecho, pues como bien lo estimó el a quo al resolver el aludido recurso, mediante providencia del 22 de julio de 1999, las razones expresadas por el apoderado de la parte actora no son suficientes para revocar el auto recurrido, esto es para conceder el recurso, dado que ni la agencia oficiosa tributaria resulta viable ante la jurisdicción, ni es aplicable tampoco la agencia oficiosa procesal cuanto ya existe apoderado reconocido.

Por último, y respecto de la ratificación de la actuación del “agente oficioso”, hecha por el apoderado reconocido en el proceso, la Sala, con base en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, encuentra que la misma es improcedente, pues además de que no hay agencia oficiosa, como a espacio se demostró, quien puede ratificar la actuación del que interviene sin poder en nombre de otro, es únicamente el agenciado, esto es, el demandante, por cuanto es el directamente interesado en el proceso.

De acuerdo con las precisiones expuestas, la Sala estima bien denegado el recurso de apelación al haber sido éste rechazado, y así lo declarará en la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Estímase bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, en su calidad de agente oficioso, contra la sentencia del 25 de mayo de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Devuélvanse las presentes diligencias al tribunal de origen para que formen parte de expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Julio Enrique Correa R., Presidente—Germán Ayala Mantilla—Delio Gómez Leyva—Daniel Manrique Guzmán.

Judith Esther López Díaz, Secretaria (E)

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