Auto 9694 de diciembre 1º de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 9694

Consejero Ponente:

Dr. Doctor Delio Gómez Leyva

Actor: Mike Baracaldo Ramírez

Decreto Gobierno Nacional

Auto

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil.

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el actor, actuando en nombre propio, demandó a la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se declare la nulidad parcial del parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto 676 de 1999, “por el cual se ordena la emisión de los títulos de deuda pública interna denominados “bonos de solidaridad para la paz”, se fijan las características de su emisión, los plazos de suscripción y se dictan otras disposiciones”.

Se demanda en nulidad el aparte subrayado de la disposición en comento, que en lo pertinente es del siguiente tenor:

“DECRETO NÚMERO 676 DE 1999

(Abril 17)

Por el cual se ordena la emisión de los títulos de deuda pública interna denominados “Bonos de solidaridad para la paz”, se fijan las características de su emisión, los plazos de suscripción y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegatario de las funciones presidenciales mediante Decreto 654 del 13 de abril de 1999, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 1º a 7º de la Ley 487 del 24 de diciembre de 1998,

DECRETA:

ART. 3º—Obligados a suscribir los bonos de solidaridad para la paz. De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 487 del 24 de diciembre de 1998, están obligados a suscribir los “Bonos de solidaridad para la paz”.

(...).

PAR. 1º—Para el cálculo del valor que se deba invertir, se descontará del patrimonio líquido aquella proporción que, dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades y, tratándose de personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios efectuados a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez durante la respectiva vigencia fiscal.

(...)”.

Como fundamento de la demanda aduce la violación de los artículos 113, 150 numeral 1 y 189 numeral 11 de la Carta y el artículo 4º de la Ley 487 de 1998, pues la última norma en comento otorgó la posibilidad de descontar los aportes voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez, del patrimonio líquido base para el cálculo de la inversión forzosa que deben efectuar las personas naturales.

Sin embargo, la norma acusada previó que sólo se pueden descontar de su patrimonio líquido los aportes a los fondos durante la respectiva vigencia fiscal, límite último que no está previsto por el legislador, pues de acuerdo con la norma en mención, con el fin de calcular la inversión forzosa a la cual se encuentran sometidas, las personas naturales pueden descontar del patrimonio líquido el valor de los aportes voluntarios y obligatorios efectuados a los fondos en mención, sin importar cuándo fueron realizados.

En el mismo escrito de demanda, solicita se suspendan provisionalmente los efectos del acto acusado por flagrante violación del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, la cual salta a la vista de la sencilla comparación de dicha norma y el acto que se demanda, como quiera que éste último está militando el descuento de los aportes a aquéllos efectuados durante la respectiva vigencia fiscal, para el cálculo de la inversión forzosa de los bonos de solidaridad para la paz, en tanto que la norma legal no estableció tal limitante.

Consideraciones de la Sala

El escrito que contiene la demanda reúne los requisitos exigidos por los artículo 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia, procede su admisión como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En relación con la petición de suspensión provisional la Sala Considera que debe ser despachada en forma favorable, dado que se advierte la flagrante violación del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, pues la misma se observa de la sencilla confrontación de esta disposición y el acto acusado, los cuales, a la letra dicen:

DECRETO NÚMERO 676 DE 1999

(...)

ART. 3º—Obligados a suscribir los bonos de solidaridad para la paz

(...)

PAR. 1º—Para el cálculo del valor que se deba invertir, se descontará del patrimonio, líquido aquella proporción que, dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades y, tratándose de personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios efectuados a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez durante la respectiva vigencia fiscal.

LEY NÚMERO 487 DE 1998

“Por el cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el fondo de inversión para la paz”.

ART. 4º—Cálculo de la inversión forzosa:

(...)

Para el cálculo de la inversión de que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades. Tratándose de personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios efectuados a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez.

Pues bien, de la sencilla confrontación de los textos parcialmente transcritos, salta a la vista que el acto acusado introduce una limitante para el cálculo de la inversión forzosa a la cual están sometidas las personas naturales, pues de acuerdo con su texto, sólo pueden descontar de su patrimonio líquido los aportes voluntarios y obligatorios hechos a los fondos de pensiones durante la respectiva vigencia fiscal, al paso que la norma legal que reglamenta no consagra ese límite en cuanto a los aportes que pueden ser descontados del patrimonio líquido.

Lo anterior pone en evidencia, se repite, la flagrante violación del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, motivo que llevará a la Sala a decretar la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Admítese la demanda.

Notifíquese personalmente la presente providencia al señor Agente del Ministerio Público ante la corporación.

Notifíquese la presente providencia a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Fíjese en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar la práctica de pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

Solicítese a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los antecedentes administrativos que dieron origen a la expedición del acto acusado. Término 5 días.

Decrétase la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Téngase a Mike Baracaldo Ramírez como parte demandante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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