Auto 98 de julio 13 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

NULIDAD DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

PRESUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA

EXTRACTOS: «La Corte comenzará por explicar brevemente la procedencia de la nulidad contra sus sentencias, a fin de determinar si en el caso bajo revisión se cumplen los requisitos para su declaratoria o si, por el contrario, la solicitud carece de fundamento y debe ser desestimada.

Al respecto cabe recordar que según el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” y que “Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el proceso”.

Esta disposición, característica de los juicios de constitucionalidad, ha sido aplicada por la Corte también en materia de tutela para los asuntos que se encuentran en sede de revisión ante la corporación, pues solamente así queda a salvo la integridad del ordenamiento jurídico pues el propio tribunal constitucional asegura la vigencia de los derechos fundamentales y la supremacía de la Carta (2) . En tales casos, la competencia para resolver las solicitudes formuladas está radicada en la Sala Plena de la Corte (3) .

En varias oportunidades (4) , esta corporación ha señalado que por razones de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho, la nulidad de una sentencia únicamente puede ser declarada frente a una grave afectación al debido proceso.

Se debe tratar de situaciones jurídicas de carácter excepcional, que tan solo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega, muestran de manera clara y sin lugar a duda, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido transgredidas con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Tal infracción debe ser de importancia en la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar. (5)

En relación con los presupuestos para la procedencia de la nulidad de sus sentencias, la Corte (6) ha sentado las siguientes sub-reglas:

1. En relación con la oportunidad para interponer la solicitud de nulidad, se debe precisar:

a) Si el vicio se origina por situaciones anteriores al fallo, la nulidad solo podrá ser alegada antes de proferir el fallo, de lo contrario se pierde toda legitimidad para invocarla.

b) Si la vulneración al debido proceso se deriva de la propia sentencia o de su ejecutoria, entonces el vicio deberá ser alegado dentro de los 3 días siguientes a la notificación del fallo.

Por ello, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada, no solo por la carencia de legitimidad para pedirla, sino atendiendo al principio de seguridad jurídica y de la necesidad de certeza en el derecho, lo que hace imponer un término de caducidad para la presentación de la solicitud, ya que esta resulta excepcional en las sentencias de tutela.

2. Quien invoca la nulidad está en la obligación de ofrecer parámetros de análisis ante la Corte y deberá demostrar mediante una carga argumentativa seria y coherente el desconocimiento del debido proceso, sin que sea suficiente razón alegar las diferentes interpretaciones que las Salas de Revisión den a los casos particulares.

3. Los criterios de forma, tanto de redacción como de argumentación que utilice una Sala de Revisión, no configuran violación al debido proceso. (7)

4. Frente a la valoración de pruebas, la competencia de la Sala Plena de la Corte es restringida ante la solicitud de nulidad de una sentencia. Lo anterior se explica porque esta no es una instancia para reabrir debates concluidos ni servir como recurso contra la sentencia revisión en sede de tutela.

5. La nulidad solamente opera cuando surgen irregularidades que afectan el debido proceso. Esa afectación debe ser significativa, es decir, que influya directamente y de forma sustancial sobre la decisión o en sus efectos (8) .

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, esta gravedad extrema se presenta, por ejemplo, en los siguientes casos:

a) Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. El artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con grave violación al debido proceso (9) . Sin embargo, no toda discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa con la razón de la decisión en la sentencia de la cual se predica la modificación (10) .

b) Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley (11) .

c) Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de esta, lo que la hace sin sentido o ininteligible; igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

d) Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso (12) .

e) Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones (13) .

En síntesis, únicamente si quien alega la nulidad demuestra que reúne los requisitos señalados para su procedencia, y si los argumentos planteados por el solicitante se enmarcan dentro de las hipótesis contempladas, la petición está llamada a prosperar (14) . De lo contrario, su carácter excepcional y restrictivo obliga a denegarla (15) ».

(Auto Nº 98 de 13 de julio de 2004. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández).

(2) Cfr. Corte Constitucional, auto 08 de 1993, auto 024 de 1994, auto 022 A de 1998, auto 031 A de 2002, auto 029A de 2002, entre otros.

(3) En el mismo sentido pueden consultarse, Auto 033 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Auto 035 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, Auto 022 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Auto 173 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(4) Ídem.

(5) En este sentido, Auto de 5 de septiembre de 2001, M.P.Clara Inés Vargas Hernández.

(6) Autos 012 de 1996, 050 de 2000, entre otros.

(7) Así lo dijo la Corte en Auto 003A de 2000: “El estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad. Además, en la tutela, la confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda de carácter civil”.

(8) Al respecto, consultar Autos 105 A de 2000 y 031 A de 2002.

(9) Autos 052 de 1997, 003A y 082 de 2000.

(10) Auto 053 de 2001.

(11) Auto 062 de 2000.

(12) Auto 022 de 1999.

(13) Auto 082 de 2000.

(14) Auto 008 de 1993, en donde se declaró la nulidad de la Sentencia T-120 de 1993, porque efectivamente la Sala Séptima de Revisión de tutelas, contrarió la jurisprudencia de la Corte, en sentencia C-592 de 1992.

(15) En este sentido se puede consultar Auto de 15 de octubre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

_______________________________