Auto 9808 de agosto 29 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN

CONSECUENCIAS SOBRE EL TRÁMITE ADELANTADO

EXTRACTOS: «La Sala estima que en el sub lite no existe conflicto de jurisdicción por resolver, si se tiene en cuenta que el que se suscitó entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la civil quedó resuelto y definido conforme con el artículo 216 del CCA. Conviene, para hacer claridad, transcribir la norma regu-ladora del fenómeno:

“ART. 216.—Los conflictos entre la jurisdicción en lo contencioso administrativo y la ordinaria no se suscitarán de oficio, podrán proponerse ante el juez o tribunal que esté conociendo del asunto, o ante el que a juicio del peticionario sea el competente y serán tramitados y decididos por el Tribunal Disciplinario.

Si el conflicto se propone ante el juez o magistrado que está conociendo del proceso y éste declara su falta de competencia, ordenará remitirlo al que estime competente, mediante auto contra el cual no procederá recurso alguno. Si el juez o magistrado que reciba el expediente se declara a su vez sin competencia, solicitará que el conflicto se decida por el Tribunal Disciplinario, al que enviará la actuación.

Si el conflicto se propone ante el otro juez o magistrado, y éste se declara competente, solicitará a quien lo esté conociendo el envío del proceso. Si éste insiste, lo comunicará así al primero y enviará la actuación al Tribunal Disciplinario para que decida el conflicto”.

Entendido que el “Tribunal Disciplinario” a que alude la norma fue reemplazado o sustituido por el Consejo Superior de la Judicatura (art. 256 de la Carta), se ve cómo esta corporación decide el conflicto sólo cuando los despachos judiciales que discuten la “competencia” no la ceden o la rechazan. Así, el segundo inciso de la regla alude al llamado conflicto negativo en el sentido de que ambos despachos se declaran sin jurisdicción sobre el asunto. Si esto sucede, el conflicto pasa a otra instancia, vale decir, el Consejo Superior de la Judicatura. Pero si el juez o magistrado que recibe el proceso se declara competente, ahí concluye la controversia sobre ese importante extremo de la litis.

Por igual, el tercer inciso del artículo 216 prevé la intervención del Consejo Superior de la Judicatura cuando, en el conflicto positivo, el juzgado requerido para despojarse del caso insiste en someterlo a su fuero. Pero si éste no insiste y acepta desprenderse del asunto, culmina el conflicto. En conclusión, el conflicto de jurisdicción puede resolverse por parte de los despachos trabados en él, o por un tercer órgano, según la actitud que asuman los jueces interesados en la controversia sobre el fuero del caso concreto.

En el sub judice, el Tribunal Administrativo de Santander, a instancias de una de las partes, desencadenó el conflicto conforme con lo previsto en el inciso tercero del artículo 216 del CCA, según se observa en el auto ejecutoriado del 25 de octubre de 1993 (fl. 98, cdno. ppal). Se declaró competente para conocer del proceso promovido por José Israel Hidalgo Urrego ante el juez 5º civil del circuito. El despacho judicial requerido no insistió en tener jurisdicción sobre el caso sino que remitió al tribunal primero el proceso donde era actor José Israel Hidalgo Urrego y luego su acumulado, esto es, el de José Miguel Valenzuela.

Por ende y según se indicó, no hay actualmente conflicto alguno por resolver. El así presentado se solucionó conforme a derecho. Ahora bien, como ya se dijo, la Sala considera que la litis es del conocimiento de esta jurisdicción.

De la nulidad declarada. 

Como ya se advirtió, el tribunal luego de aceptar su competencia declaró nulo lo actuado ante la justicia ordinaria, desde la admisión de los dos procesos acumulados, inclusive, y declaró caducadas las acciones propuestas por los mismos demandantes.

La Sala no prohíja ninguna de las soluciones dadas por el a quo. La primera, porque en eventos como el aquí tratado cuando un juez de otra jurisdicción reclama para sí la competencia y el otro la cede sin reparo alguno, no sólo no se da el conflicto, ya que el asunto deberá gobernarse en la norma prevista en el inciso final del artículo 216 del CCA, sino que el competente asumirá su conocimiento, tomando como válido lo actuado, siempre y cuando sea compatible con la acción propuesta, porque aunque formalmente figuran en el ordenamiento distintas jurisdicciones (la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional, etc., etc.) para una mejor y más técnica distribución del trabajo judicial, la jurisdicción como función pública es una sola.

Tan consciente de esto fue el legislador que el mismo art. 216 del CCA le permite a los jueces que acepten ser los competentes, luego de propuesto el conflicto, que asuman el co-nocimiento del proceso. Así, si el conflicto se propone ante el juez o magistrado que viene conociendo el proceso y éste manifiesta su incompetencia, deberá remitirlo al que estime competente, quien podrá aceptar la competencia o enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura para su definición. Igualmente, si el conflicto se propone ante otro juez o magistrado y éste se declara competente, solicitará a quien lo esté conociendo el envío del proceso; evento en el cual éste, si encontrare viable la propuesta, hará la remisión correspondiente; en caso contrario, se dará el conflicto positivo, que deberá ser resuelto por el competente para dicho efecto.

Aunque la ley no lo diga expresamente, la aceptación de competencia por el juez o magistrado tendrá dos efectos de trascendental importancia: a) Que el competente asumirá el proceso en el estado en que se encuentre y continuará su trámite, si estima que lo actuado es compatible con el proceso que debe seguir. De lo contrario ordenará las medidas de adecuación necesarias para garantizar el debido proceso. En otras palabras, no deberá declarar la nulidad de lo actuado ante el juez que declaró su incompetencia; y b) Que si la acción se propuso ante el primer juez en forma oportuna, el que tomó el conocimiento deberá, en principio, respetar lo actuado por aquél.

Se exponen las conclusiones precedentes luego de la interpretación racional de las normas que rigen los conflictos de competencia y de jurisdicción; los cuales, dada la unidad de jurisdicción que rige, como principio general, en el derecho colombiano, no ameritan trato sus-tancialmente diferente. Refuerzan esa interpretación finalista tanto el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo o formal (art. 228), como el de la economía procesal, porque no tendría sentido que la formulación del llamado conflicto de jurisdicción solo tuviera como efecto definir el juez competente, dejando sin efecto todo lo actuado, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero para los litigantes.

En este orden de ideas, estima la Sala que cuando el juez, de entrada, antes de la admisión de la demanda, define que el asunto es de otra jurisdicción no deberá limitarse, como se ha hecho hasta ahora, a declarar la falta de jurisdicción, sino que deberá remitir el asunto al juez competente para lo de su resorte. Igual solución podrá darse cuando el juez declare la nulidad del proceso por pertenecer el asunto a jurisdicción distinta de la suya».

(Auto de agosto 29 de 1996. Expediente 9808. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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