Auto 9897 de diciembre 14 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TERRORISMO

DOLO EVENTUAL

EXTRACTOS: «La conducta imputada al acusado Carrión Vargas es haber colocado aproximadamente tres (3) kilos de dinamita en la vía pública y frente a la residencia del señor Carlos P... y su esposa María.... .La explosión produjo daños en las residencias ubicadas hasta una distancia de doscientos (200) metros del epicentro, y la natural alarma y conmoción que un suceso de esta naturaleza conlleva, mucho más teniendo en cuenta que en ese momento el país vivía una delicada situación de orden público, caracterizada, entre otros hechos, por la utilización de bombas y diversos elementos de destrucción general.

Ante el asunto en estudio, es obvio que aun admitiendo la confusa tesis de que la acción iba dirigida contra la familia P..., el medio utilizado llevaba implícito producir el mismo resultado de terror y de zozobra en todos los habitantes del sector, y sobre eso tenía plena conciencia el acriminado, pues no se puede llegar hasta el extremo de pretender que por existir una finalidad directa, esa circunstancia excluya como también previstos y queridos por el autor, aquellos resultados vinculados de manera necesaria o eventual con lo directamente perseguido por él.

Si la conducta terrorista, a la luz del artículo 1º del Decreto 180 de 1988, consiste en provocar o mantener “en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos...”, cómo no inferir el propósito terrorista del comportamiento de un sujeto, que mediante la promesa de recibir a cambio una cantidad de dinero, se comprometió a colocar y hacer explotar tres kilos de dinamita en un sector residencial de la ciudad capital, en el lugar que previamente le indicaron.

Es más, Luis Vicente Carrión no se comprometió a matar a Carlos P..., quien valga advertirlo, no se encontraba en ese momento en la casa, o a algún miembro de su familia, pues él no sabía si a esa hora había allí alguien; su compromiso fue hacer explotar la dinamita frente a esa residencia, asumiendo la responsabilidad que le tocara por los resultados fruto de ese hecho, el primero de los cuales era evidente, un estado de zozobra y alarma colectivas.

Con sobrada razón el juez penal del circuito destaca, que si el criterio del juez regional fuera válido, no sería acto terrorista la destrucción del avión de Avianca en pleno vuelo, pues allí también se trabaja la hipótesis de que la finalidad directa era matar a dos de sus pasajeros; y podemos agregar, que tampoco lo sería el atentado dinamitero contra la sede del DAS, ya que se podría argumentar que el propósito era únicamente eliminar a su director.

El acto terrorista puede ser realizado con dolo indirecto o eventual, y éste se deduce del medio utilizado, del lugar en que se ejecuta el hecho, y de la indiferencia del autor no obstante que es claro, ostensible y evidente, que con esa conducta se generará una situación de terror, zozobra y alarma colectivas.

3. Valga la oportunidad para aclarar, que el interés jurídico que se pretende proteger con el tipo penal de terrorismo y los demás relacionados con él, es la seguridad pública, de modo que no se trata de un delito político, o que deba perseguir fines de esa clase, pues bien puede darse por razones religiosas o raciales, o como enfrentamiento entre la delincuencia común, o simplemente por crear anarquía y desorden. Así las cosas, es posible que con un acto terrorista se persiga atacar a una determinada persona, familia o entidad, sin que por eso el hecho pierda esa especial connotación; o dicho de otra manera, una acción realizada con un fin particular puede llevar implícito el carácter terrorista.

La situación fáctica contenida en la providencia que cita el juez regional para provocar la colisión de competencias es diferente, pues allí la acción no alcanzó a ejecutarse, de manera que no era posible imputarles a los acusados, a título de dolo eventual, resultados que no tuvieron ocurrencia.

4. Por lo dicho, la Sala mayoritaria llega a la conclusión de que la competencia para continuar conociendo del proceso corresponde al juez regional».

(Auto de diciembre 14 de 1994. Radicación 9897. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

SALVAMENTO DE VOTO

Desde hace rato me he esforzado en decir, acaso sin lograr convencer a otros, que frente a supuestos como el que alberga el caso de la especie, estamos en presencia de un acto de delincuencia común y en manera alguna de delincuencia terrorista. Algunas palabras por breves que ellas sean, mostrarán mi discrepancia frente a lo resuelto por la mayoría.

a) He entendido siempre que el delito de terrorismo se construye a través de una clara dirección finalista: la amenaza de la seguridad general o la alteración del orden público. El Decreto Legislativo 180 de 1988 reclama en la conducta del agente propósitos desestabi-lizadores de las instituciones democráticas, caracterizándose por una específica finalidad que lo personaliza: la terrorista. Con relación al contenido de ilicitud de la norma en cuestión y la materia que lo condiciona, insistí en alguna ocasión, con las siguientes proposiciones:

“...Cierto es que este fenómeno carece de definición legal pero sus contornos y alcances pueden determinarse a partir de la descripción del terrorismo abarcada en varios de los artículos del precitado decreto. Por manera tal, un homicidio tendrá fines terroristas —entre otros supuestos— cuando tienda a provocar o mantener en estado de zozobra o temor a la población o un sector de ella, mediante la utilización de instrumentos capaces de producir estragos o cuando se da muerte con fines terroristas a altas personalidades públicas como magistrados, jueces, agentes del ministerio público, gobernadores, miembro principal o suplente del congreso de la República, integrante de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de organismos de seguridad del Estado, etc. Bien se ve, entonces, que la formulación típica de esta figura es comprensiva de los fines teleológicos perseguidos por el legislador extraordinario, que la significación de sus cláusulas normativas es precisa y clara, que sus referencias temporo-espaciales y modales determinan un específico sentido en el ámbito en este tipo de injusto y que la parte subjetiva se proyecta sobre su propia entraña valorativa por exigirlo así la concepción imperativa de su estructura finalista. Y todos estos elementos —sin excepción— deben interpretarse al través del objeto jurídico de tutela, concretamente protegido en el sustrato material.

b) Escrito lo anterior ha de entenderse que la formulación del modelo penal denominado “homicidio con fines terroristas” prevenido en el artículo 29 del Decreto 180 de 1988 —modificado por el artículo 1º del Decreto 261 del mismo año— constituye una norma autónoma destinada a conjurar las causas perturbadoras del orden público, preceptos encerrados dentro de su propia realidad casuística con una particular delimitación de su objeto y un ámbito de aplicación propio y esencial. Tal la voluntad del legislador de excepción. Estas conductas de violencia extrema, desligadas de la delincuencia común, presuponen la utilización de determinados medios catastróficos, específicamente de aquellos capaces de crear un peligro público común. Otras formas de violencia o beligerancia cuyos tipos de conducta no están presididos por los móviles anotados, propios del fenómeno terrorista, escapan al nomen iuris de la figura y su conocimiento está adscrito a la competencia jurisdiccional ordinaria. Existe, pues, en la caracterización de la conducta, elementos delimitadores que no pueden ser interpretados de forma extensiva so pena de vulnerar el principio de seguridad jurídica (cfr, salvamento de voto, a la sentencia de julio 5 de 1992, M.P, Dr. Calvete Rangel).

b) En el plano de lo inmaterial al lado del dolo —que como elemento subjetivo general del tipo dirige el curso, la dirección y la meta del comportamiento prohibido— aparecen elementos especiales subjetivos de la conducta que determinan más precisamente la voluntad del actor. Son los llamados delitos de tendencia interna trascendente que obligan al intérprete o al exégeta a examinar las disposiciones aními-cas del sujeto de la acción. Pesada equivocación sería prescindir del elemento subjetivo del injusto. Este punto de vista es absolutamente inexacto.

c) En el caso de la especie, protuberante-mente se advierte, conforme a las probanzas que integran el expediente, que Luis Vicente Carrión no actuó estimulado por propósitos terroristas ni consumó la acción para perseguir objetivos dirigidos a socavar el imperio de la ley o la solidez de las instituciones. Ni tampoco desarrolló planes con fines subversivos o para destruir el sistema democrático que nos rige. Por mucho que he hurgado en las fojas de este expediente no he encontrado en el itinerario de la acción, animosidad terrorista ni designios de este linaje, ni nada que se le parezca.

Ninguna de esta situaciones anímicas aparecen en la averiguación probatoria cumplida. Error grave cometería quien dijese lo contrario o mencionase que en cumplimiento del credo terrorista, el sujeto agente actuó contra el Estado de derecho o los bienes jurídicos esenciales de las instituciones o que atentó contra personalidades públicas. Ni siquiera se advierte —ni ello ha sido sugerido siquiera— que el reo haga parte de células insurrectas o movimientos sediciosos. Eliminada de cuajo la intencionalidad terrorista y excluido el sentido inmaterial propio y característico de la figura sub examen, fuerza es concluir que la conducta compor-tamental de Carrión Vargas se insume dentro de un acto punible común si bien se recuerda que la acción criminal tuvo su génesis al parecer por conflictos pasionales. Específicamente dentro de las previsiones del tipo del artículo 198 del C.P.

d) Harto forzada encuentro la hipótesis que trae el proveído del atentado dinamitero contra la sede del DAS. Cualquiera entiende que dicha acción no se dirigía en contra del director de esa institución por meras razones personales o individuales, intuitu personae. Ese acto no tuvo móviles distintos al ánimo incuestionable de lesionar la seguridad interna del Estado, o si se prefiere, el orden público. No sirve, pues, el modelo para contrarrestar mis puntos de vista. Lástima grande, digo yo, pero el ejemplo no acaba de morirse que es lo peor.

e) El asunto histórico-jurídico de la providencia —donde fui ponente— y que cita el juez regional no es distinto, en esencia, al que aquí se controvierte, independientemente de que dicha conducta alcance o no la plenitud de la consumación. Allá y acá, trátase de comportamientos ajenos a toda expresión terrorista. Hasta entonces y por entonces, y aún hoy, creo en la bondad de las consideraciones anotadas. Y sigo en lo mío.

f) El problema del dolo eventual —que apenas se plantea con ropaje harto liviano— es ciertamente interesante, pero como se toca de manera tan leve habrá que esperar otra oportunidad para conocer sus incidencias y el pensamiento exacto que tiene la Sala sobre el thema decidendum. Cuando llegue el momento —si es que acaso llega— me pronunciaré sobre el punto. Por cierto que es prudente no hacerse uno cargo de cosas cuya fundamentación no conoce y apenas se esboza.

Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M. 

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