Auto AC-2220 de enero 20 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONCEJALES

TRÁMITE DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA

EXTRACTOS: «Dada la novedad del asunto, la Sala estima que debe precisar algunos aspectos procesales, que no aparecen explícitamente definidos en la ley. Así, lo relativo a las instancias en esta clase de proceso y su trámite; y la competencia de la Sala Plena de lo Contencioso para su conocimiento final.

En este orden de ideas, se observa:

Las instancias 

Estima la Sala que procesos como el de la referencia son de única instancia. Con esta afirmación se comparte la opinión de la pro-curaduría décima delegada, expuesta en su vista de fondo y en lo pertinente, en los siguientes términos:

“La Ley 144 de 1994 “por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas”, no establece el procedimiento de las dos instancias para esta clase de procesos. El único recurso que, según la ley, procede contra el fallo definitivo que se dicte en este sentido, con efectos de cosa juzgada, a las voces del art. 15, es el recurso extraordinario especial de revisión interpuesto dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia (art. 17 de la Ley 136/94 - sic).

Como se puede apreciar, la normatividad citada no consagra el recurso de apelación para las decisiones que sobre pérdida de investidura deben decretar los tribunales administrativos, en relación con los concejales”.

Y se comparte la apreciación del Ministerio Público porque se estima ajustada a la interpretación del inciso final del art. 55 de la Ley 136 de 1994, el que a la letra dice:

“ART. 55. Pérdida de la investidura de concejal: Los concejales perderán su investidura por: (...)

La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda”.

Deducir de este texto que el procedimiento aplicable a la desinvestidura de un concejal es de única instancia, como lo es el aplicable a la de un congresista, es una interpretación razonable y coincide con la voluntad del legislador, para el cual carecería de sentido que mientras el debido proceso frente a un congresista se satisface con un procedimiento breve y sumario, para un concejal esa garantía tendría que ser amplia y con mayores oportunidades de defensa y contradicción.

No debe olvidarse que fue el mismo constituyente quien impuso el término breve de veinte días para la definición de las acciones de desinvestidura de los congresistas; y que el legislador al desarrollar la normatividad constitucional fue consciente que el proceso para poderse evacuar en tan breve lapso no podía tener sino una sola instancia.

Lo anterior no colide con el artículo 31 de la Carta que contempla la regla de la segunda instancia para los procesos en general, porque si la misma ley puede establecer excepciones por permisión de la misma Carta, con mayor razón puede hacerlo la Constitución. Y fue esta precisamente la que definió que tales asuntos deberán ser de rápida solución por estar comprometidos, en la gran mayoría de los casos, el buen nombre y el prestigio de las corporaciones de elección popular (Congreso y concejos).

Y aunque la ley 136 no es explícita al indicar las instancias propias de los procesos relacionados con los concejales, implícitamente se debe entender que siguen la misma suerte de los congresistas, no sólo porque donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, sino porque, de un lado, la mencionada Ley 144 de 1994 regula sólo un proceso de única instancia; y de otro, porque el art. 55 de aquélla al hablar de que el proceso de desinvestidura de los concejales seguirá el procedimiento de la aludida ley 144, inequívocamente quiso que fuera de única instancia.

El mandato legal “siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda” permite esa conclusión. Si así no fuera, habría hablado del conocimiento de los tribunales en primera instancia y regulado el procedimiento a seguir en la segunda.

No cabe hablar aquí de vacío y ningún sentido tendría hacer un procedimiento brevísimo ante el Tribunal para luego cumplir un trámite de segunda instancia dispendioso ante esta corporación por la vía ordinaria.

Ni siquiera en este campo puede hablarse de la competencia residual del Consejo con apoyo en el numeral 16 del artículo 128 del CCA, porque su texto inequívocamente se refiere a asuntos de única instancia de su conocimiento privativo; y como se explicó atrás, la desinvestidura de un concejal es del conocimiento de los tribunales administrativos.

En conclusión:

a) Los tribunales administrativos conocerán, en única instancia, los procesos de de-sinvestidura de los concejales, por las causales indicadas en la ley.

b) El trámite del proceso será el señalado en la Ley 144 de 1994 para la desinvestidura de los congresistas.

c) En vista de que al proceso de la referencia se le dio trámite de segunda instancia, lo así cumplido ante esta corporación está viciado de nulidad insaneable. La competencia por el factor funcional tiene este alcance, y podrá decretarse de plano la nulidad de todo lo actuado».

(Auto de enero 20 de 1995. Expediente AC-2220. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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