Auto 2013-02618 de enero 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2013-02618-00

AC030-2014

Bogotá, D. C., veinte de enero de dos mil catorce.

Se decide lo que corresponda sobre la admisibilidad de la demanda de revisión formulada por Yoni Angulo Ballestas contra la sentencia de 24 de noviembre de 2011 dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, en el proceso ordinario reivindicatorio instaurado por José Nicolás Fuentes Corcho en contra del recurrente.

I. Consideraciones

1. El artículo 379 del Código de Procedimiento Civil ha señalado que “el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores”.

2. Seguidamente el artículo 382 ídem recoge los requisitos formales de la demanda de revisión, que han de ser atendidos junto con los generales de todo libelo incoativo estatuidos por el artículo 75 ibídem en punto a su contenido o por el artículo 77 en lo tocante a los anexos que deben acompañarlo.

3. Dentro de los requisitos especiales antes referidos, por su trascendencia en el caso que nos ocupa destaca la Corte los siguientes:

El numeral 6º artículo 75 del Código de Procedimiento Civil: “los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados”.

El numeral 3º artículo 382 ídem: “la designación del proceso en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente”.

El numeral 4º ibídem: “la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento”.

4. confrontada la normatividad expuesta con el libelo objeto de examen se tiene:

4.1. La demanda se dirige contra la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté y consta en el expediente que la misma fue objeto del recurso de apelación interpuesto por el mismo recurrente (fls. 154-157, 159). No indica la demanda la fecha de ejecutoria de la sentencia que se menciona como impugnada, la cual solo se presentaría al quedar en firme la sentencia que decide la alzada (CPC, art. 331).

No es claro en consecuencia si el accionante se circunscribe a atacar la sentencia de primera instancia o si es su intención la de proyectar la impugnación extraordinaria que formula respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Así mismo, en la demanda en estudio se echa de menos la indicación del despacho donde reposa el expediente.

4.2. Ha sido reiterada la posición de la Corte en el sentido de que el recurso de revisión debe fundamentarse y sustentarse con la correspondiente demanda, la cual debe observar todos los requisitos de forma que la ley exige, toda vez que el principio dispositivo que gobierna este recurso extraordinario no permite a la corporación enmendar o complementar la solicitud, y en consecuencia, los hechos concretos que sirven de fundamento al recurrente para aducir una casual de revisión deben venir determinados en el libelo de forma precisa y pertinente.

A ese respecto, la Corte en Auto CSJ SC, 2 diciembre 2009, Radicado 2009-01923; reiterado en providencia de 27 agosto 2012, Radicado 2012-01285, ha dicho que:

Desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene “una carga argumentativa cualificada”, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor.

4.3. Pues bien:

a. La invocación en punto a las causales fundantes del recurso de los ordinales 4º y 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(1) no satisface ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 380 ídem, y ni siquiera interpretada dicha mención de forma extensiva puede entenderse que coincide con la hipótesis que recoge el ordinal 8º del referido artículo, ya que en ningún caso los defectos de trámite que se esbozan determinarían una nulidad “originada en la sentencia” como exige la causal mencionada.

b. Los hechos de la demanda no describen ninguna circunstancia coincidente con la causal 1ª del referido artículo 380(2).

c. Tampoco hay hechos que coincidan con la causal 7ª(3) ya que la única mención de una falta de comunicación procesal que se advierte en el libelo dice relación a la “Procuraduría General de la Nación” como indica el hecho 2º, y la norma exige que la falta de notificación se refiera exclusivamente al recurrente.

5. Finalmente, de conformidad con los artículos 67 del Código de Procedimiento Civil y 22 del Decreto-Ley 196 de 1971, se hace necesario que quien postula la causa acredite su condición de abogado y como ello aquí no ocurrió, no se reconocerá al apoderado judicial del peticionario hasta tanto éste acredite la calidad de abogado, dejando la constancia respectiva en el expediente.

II. Decisión

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de revisión a que hace referencia esta providencia, a fin de que se subsanen los defectos anteriormente anotados.

2. NO RECONOCER al apoderado judicial del recurrente hasta tanto este acredite en debida forma, ya sea en la demanda ora en el poder la calidad de abogado inscrito.

3. Conceder al interesado un plazo de cinco (5) días para subsanar los defectos anotados, so pena de rechazo.

Notifíquese,

Magistrado: Jesús Vall De Rutén Ruiz.

(1) Artículo 140 [4 y 9]: “Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde” y “cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”.

(2) Artículo 380 [1]: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

(3) Artículo 380 [7]: “Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no se haya saneado la nulidad”.