AUTO AC062-2018/2017-03375 DE ENERO 17 DE 2018

 

Auto AC062-2018/2017-03375 de enero 17 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC062-2018

Radicación 11001-02-03-000-2017-03375-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por William Cañón Velandia, contra el auto de 18 de octubre de 2017, mediante el que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no le concedió la impugnación extraordinaria de casación en relación con la sentencia de segunda instancia emitida dentro del proceso verbal seguido frente a María Mercedes Ariza Prado.

I. Antecedentes

1. El actor solicitó declarar el incumplimiento de los contratos de compraventa que el 29 de agosto y el 15 de diciembre de 2009 celebró con María Mercedes Ariza Prado respecto del vehículo de placas CYN-748, y por esa senda declararlos terminados, para, en consecuencia, disponer a su favor el traspaso de la cuota del bien que esta ostenta, así como condenarla a pagarle ciento diecinueve millones dos mil novecientos veinte pesos ($ 119.002.920) por daños materiales; mil salarios mínimos mensuales legales vigentes por detrimentos morales subjetivados; otro tanto por menoscabo a la vida de relación; y mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes por daños morales objetivados, amén de un cuarenta por ciento (40%) adicional sobre los montos reconocidos por concepto de honorarios o la tarifa más alta establecida por el Consejo Superior de la Judicatura.

2. El 19 de abril de 2017, el ad quem confirmó integralmente la sentencia del a quo, que declaró que la demandada incumplió el contrato celebrado el 15 de diciembre de 2009, decretando su resolución. Además, de condenarla a pagar seis millones de pesos ($ 6.000.000) por perjuicios materiales pactados como cláusula penal y siete millones de pesos ($ 7.000.000) por la sanción contemplada en el artículo 278 del Código General del Proceso, a la par que ordenó al demandante devolverle tres y medio millones de pesos ($ 3.500.000), en todos los casos con intereses del seis por ciento (6%) anual desde los seis días siguientes a la ejecutoria de la decisión; negando así las demás súplicas; y, autorizando a las partes a compensar las sumas indicadas.

3. Inconforme con lo resuelto, el demandante que actúa en causa propia interpuso el recurso de casación, que aquella autoridad concedió el 8 de mayo de 2017.

4. Remitido el expediente a esta corporación, se declaró prematuramente concedido el recurso extraordinario al considerar que

“... tratándose de aspiraciones originadas en daños inmateriales, la jurisprudencia ha morigerado este planteamiento, en cuanto ha descartado que sea suficiente tener en cuenta la cifra que el recurrente no obtuvo, sino que, dentro de ese límite, debe mirarse lo que de ordinario la Corte ha concedido para indemnizar perjuicios semejantes, a la luz de las circunstancias especiales del caso.

De tal suerte que si el censor pidió una cifra por tales conceptos, solamente en la medida que no supere el rango en que se mueven las decisiones de esta corporación aquella es admisible para justipreciar el interés, pues, de lo contrario, corresponde atenerse a dichos topes”.

5. De esta manera, realizado nuevamente el estudio del interés para recurrir, conforme los parámetros dados por esta corporación, el tribunal decidió no conceder el recurso extraordinario, mediante proveído del 18 de octubre siguiente.

Explicó con sustento en jurisprudencia de esta Sala que, por perjuicio moral subjetivado, el tope otorgado ha sido del orden de ochenta y uno punto tres (81,3) salarios mínimos legales mensuales vigentes; por perjuicio moral objetivado una suma equivalente a veintisiete (27) salarios mínimos legales mensuales vigentes; mientras que, por daños a la vida de relación un tope de noventa y cuatro punto nueve (94,9) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para un total de trescientos cuarenta y cuatro punto seis (344,6) salarios mínimos mensuales vigentes, teniendo en cuenta en esta sumatoria los reconocido por perjuicio material, sin que ello superara el límite mínimo contemplado para conceder el recurso extraordinario invocado.

Incluso, dijo que, de tener en cuenta la solicitud de reconocer el 40% adicional de lo que finalmente se concediera en la sentencia, conforme se solicitó en la demanda, a título de honorarios, no se superaba los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes requeridos para tener por acreditado el interés para recurrir en casación.

6. Frente a tal determinación el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio queja, con base en los argumentos que se sintetizan así:

6.1. Manifestó que el tribunal solo tuvo en cuenta el factor cuantía, sin advertir que el recurso también se interpuso por estar comprometida la integridad del ordenamiento jurídico, la protección de los derechos constitucionales del demandante, el control de legalidad de los fallos de instancia, entre otras consideraciones similares. Además, porque al tener como límite lo que “de ordinario la Corte ha concedido para indemnizar perjuicios” resulta violatorio del principio de acceso material a una justicia efectiva y real, pues no se tuvo en cuenta los hechos y pruebas de la demanda. Agregó que las sentencias que se tomaron como sustento para denegar la concesión del recurso, tienen efectos inter partes, sin que se trate de los mismos supuestos fácticos, probatorios y jurídicos de este caso.

6.2. Sostuvo que con la decisión del tribunal se desconoce el último inciso del artículo 342 del Código General del Proceso, que prescribe que la cuantía del interés para recurrir no es susceptible de examen por la Corte, por lo que no se puede acudir a parámetros fijados en otras providencias.

6.3. Afirmó además que el auto que no concede el recurso incurrió en errores aritméticos al hacer el cálculo de las pretensiones, insistiendo en la procedencia de todos los daños reclamados en la demanda fruto de la declaratoria del incumplimiento contractual reconocido judicialmente.

6.4. Dijo también que la sentencia oral proferida por el ad quem se notificó de manera incompleta, violando con ello el principio de congruencia y oralidad, limitando así la sustentación del recurso de casación.

6.5. Y, finalmente, solicitó que con base en la excepción de inconstitucionalidad se inaplicara el auto de esta misma corporación que declaró prematuramente concedido el recurso, por ser dicho auto “violatorio del principio de juez natural, debido proceso, y legalidad respecto del último inciso del artículo 342 de la Ley 1564 del año 2012, así como de precedente constitucional de la Sentencia 213 de 2017 invocado dentro del presente memorial”.

7. El tribunal mantuvo su providencia inicial y ordenó reproducir algunas piezas procesales para surtir la queja, destacando que se atuvo a los parámetros señalados por esta corporación en la providencia que declaró prematuramente concedido el recurso. Que los requisitos para la concesión de ese medio extraordinario están definidos por el ordenamiento jurídico a los que se ciñó el tribunal en su providencia, amén que, las prerrogativas que la ley confiere para conocer de un asunto que en principio no cumpliría los requisitos formales es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

8. Habiendo arribado a esta corporación las reproducciones ordenadas por el tribunal, no hubo pronunciamiento del extremo demandado durante el término de traslado.

II. Consideraciones

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso, la queja procede contra el auto que niega conceder el recurso la casación, razón por la cual, la competencia de esta corporación se restringe a examinar si el pronunciamiento del tribunal sobre ese tópico, mantenido al definir la respectiva reposición, se ajusta a la ley. De suerte que, los argumentos del recurso que se alejen de esta temática no podrán ser abordados en esta oportunidad.

En consecuencia, aquel reparo encaminado a debatir sobre la presunta indebida notificación de la sentencia de segunda instancia, o la facultad de esta corporación para declarar prematuramente concedido el remedio extraordinario, son asuntos que no están relacionados con el cumplimiento de los requisitos formales para la concesión del recurso de casación, o ya fueron definidos en este proceso. De la primera inconformidad se dirá que correspondía al actor acudir a los medios ordinarios para corregir la presunta anomalía; de la segunda, que los argumentos que soportaron la decisión de declarar prematuramente concedido este remedio extraordinario, están debidamente desarrollados en la providencia proferida el 12 de septiembre último. Con esta precisión se resolverá el recurso.

2. Cumple recordar, entonces, que dentro de los requisitos del aludido mecanismo, se exige que el fallo censurado cause al recurrente un “agravio” (art. 333 ibíd.). Este último, la doctrina y el propio legislador han dado en llamarlo interés para recurrir, y precisa que cuando las súplicas de la demanda sean de orden económico, “el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)”, art. 338 ib.

A propósito del interés para recurrir que se acaba de memorar, esta corporación tiene dicho que

(...) está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo (CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00, reiterado en AC1698-2015).

Tal y como se expuso con suficiente claridad en la providencia que declaró prematuramente concedido el recurso de casación, para determinar el desmedro o lesión que produce el fallo al recurrente, tratándose de perjuicios inmateriales, que son los que a la postre, en este caso, resultan decisivos para alcanzar el quantum del interés para recurrir, no puede acudirse sin ninguna otra consideración, al valor introducido en la demanda por este concepto, en tanto que, la cuantificación de tal monto corresponde al criterio del juzgador que no a la parte.

Sobre este tema precisó la Corte que,

... si se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia (AC382-2016).

3. Y ello fue lo que precisamente hizo el tribunal en este caso, como pasa a explicarse.

3.1. En la demanda que dio origen al presente proceso, el demandante solicitó que se reconociera por perjuicio moral subjetivo un monto equivalente a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes; otro tanto por menoscabo a la vida de relación; y mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes por daños morales objetivados.

3.2. Por tanto, y con base en los parámetros ya señalados, era preciso identificar los montos que de ordinario la Corte ha concedido para indemnizar perjuicios semejantes, de cara al caso concreto.

3.3. En efecto, en las providencias señaladas por al ad quem se abordó el tema del quatum reconocido por estos perjuicios, al margen de que en este juicio se hubiesen o no probado, pues ello no es cuestión que se analice al momento de conceder el recurso. Nótese como el ad quem tuvo en cuenta que en las providencias que soportaron su decisión, que se trataba de eventos donde se discutía la responsabilidad contractual, que es precisamente la que se debatió en este proceso. Por obvias razones ni los supuestos fácticos ni las pruebas guardan una exacta coincidencia con lo que aquí se discutió, pero ello no se torna en obstáculo insalvable para que sirvan de soporte a la decisión del tribunal, pues como se dijo, las mismas sirven de referencia para atender el criterio sostenido por la Corte dirigido a identificar el interés para recurrir en materia de perjuicios inmateriales.

Ahora, el hecho de que las sentencias a las que acudió el tribunal tengan efectos inter partes como lo dice el actor, como en efecto lo es, nada tiene que ver para lo que aquí se discute. Es que la referencia jurisprudencial sirve solo como eso, como referencia, luego no significa que para los fines que aquí se auscultan, exista coincidencia con lo debatido en el proceso.

3.4. De otro lado, analizados nuevamente los pedimentos de la demanda con lo argumentado por el tribunal, no se encuentra ningún error aritmético en la decisión del ad quem. Por el contrario, tuvo en cuenta cada una de las pretensiones, excluyendo solo aquellas que sí fueron reconocidas en la sentencia de segunda instancia confirmatoria de la de primera; y, analizado el quantum, advirtió, como en efecto lo es, que las mismas no superan la barrera mínima requerida para alcanzar el interés para recurrir en casación. En este punto, el recurrente en queja lo que hizo fue reproducir sus pretensiones para insistir en su procedencia, cuestión que, como se ha explicado con insistencia, es asunto que no se analiza al momento de evaluar la procedencia o no del recurso extraordinario, de cara a la determinación del interés.

De esta manera, la decisión del tribunal se encuentra ajustada pues con base en esas apreciaciones, el interés para recurrir no alcanza el límite mínimo que se erige como requisito formal para la procedencia del recurso extraordinario invocado por el actor.

4. Ahora, no es posible soslayar el requisito formal para conceder el recurso extraordinario, con base en el argumento según el cual, este se interpuso para atender los fines de que trata el artículo 333 del Código General del Proceso; es decir, con el fin de “defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida”; pues, este recurso, de sumo extraordinario, sigue siendo un recurso netamente formal, de lo que se sigue que, para evaluar su procedencia, ha de cumplirse los precisos requisitos señalados por el legislador, siendo uno de aquellos, que la parte cuente con interés para recurrir, interés que en este caso, conforme se ha explicado, no se encuentra acreditado.

5. Ahora, tampoco existe fundamento para aplicar la invocada “excepción de constitucionalidad” pues sencillamente en este caso, no se cumplió con uno de los requisitos formales para conceder el recurso, luego la decisión que se imponía, era, como en efecto lo fue, denegar su procedencia.

6. Viene de lo expuesto que, para este caso, el supuesto agravio del demandante, es inferior al equivalente en pesos de los mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes que se exigen para que el recurso de casación sea procedente, por lo que, su aspiración con miras a que se le conceda el mismo, no puede salir avante.

7. En consecuencia, como el impugnante no tiene el interés para recurrir que alega, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no hubo intervención de la parte demandada que justifique su imposición.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de abril de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso verbal ya referenciado.

Sin costas.

Devuélvase lo actuado a la corporación de origen. Ofíciese.

Notifíquese.

Magistrado: Álvaro Fernando García Restrepo.