Auto AC1351-2018/2018-00656 de abril 9 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC1351-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2018-00656-00

Bogotá, D. C., nueve de abril de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Montería y Trece de Familia de Oralidad de Medellín.

Antecedentes

1. Luis Ramón Robelto Garzón presentó demanda de exoneración de alimentos contra Yeraldín Robelto Arrieta ante el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Bogotá, que la remitió por competencia al Juzgado Primero de Familia de Montería, donde había sido señalada la prestación periódica a extinguir.

2. El destinatario la admitió mediante auto de 9 junio 2017 y notificó a la convocada a través de curadora ad litem.

3. La auxiliar de la justicia formuló por vía de reposición la excepción previa de “falta de competencia”, con apoyo en la regla segunda del artículo 28 del Código General del Proceso, porque, según dijo, la opositora está domiciliada en Medellín, donde pidió remitir las diligencias (fls. 37-38, cno. 1).

4. En proveído de 27 noviembre 2017 se accedió a lo pedido y, en consecuencia, se ordenó enviar el asunto a los juzgados de familia de la capital de Antioquia (fls. 48-49, cno. 1).

5. La funcionaria receptora lo rehusó con fundamento en la directriz privativa que consagra el numeral sexto del artículo 397 ibídem, después de advertir que la asignación le corresponde al remitente por haber fijado la cuota alimentaria cuya exoneración se pretende.

Consideraciones

1. Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, a esta corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.

2. El título I del libro primero del Código General del Proceso se ocupa de la distribución de competencia en los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia con atención en los diversos factores que la determinan aplicando reglas generales de asignación. En ese orden, el artículo 28 regula el aspecto territorial a través de varias directrices que en algunos casos son concurrentes y en otros excluyentes.

Sin embargo, hay otros asuntos excepcionalísimos que se disciplinan en disposiciones especiales, tal como acontece con el proceso de exoneración de alimentos regulado en dos disposiciones distintas, así:

De un lado, el parágrafo 2º del artículo 390 del referido compendio enseña que las “peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre ycuando el menor conserve el mismo domicilio” (subrayas propias).

Es decir, si el beneficiario de los alimentos es niño, niña o adolescente el trámite se seguirá en su lugar de residencia, porque es el dato que verdaderamente interesa para esos efectos, tanto así que el traslado de domicilio del menor genera la alteración o inaplicación del fuero de conexidad, porque entonces la revisión alimentaria no se proseguirá donde inicialmente se decretó sino en su actual domicilio, conforme emerge del precepto transcrito, lo que armoniza con el inciso segundo del numeral 28 íd., al disponer que

en los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel.

Cosa distinta sucede cuando el demandado es mayor, porque en tal contexto la modalidad de atracción que consagra el numeral sexto del artículo 397 ejusdem no se modifica, muy a pesar de la falta de coincidencia entre el lugar donde se fijó la cuota alimentaria y la morada de aquél. Nótese que al respecto, dicha norma prevé que las “peticiones de incremento, diminución y exoneración dealimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria” –se resalta–, pero omite la parte final del anterior mandato que reza “siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio”.

Con esa lógica, tratándose de diligenciamientos de exoneración de alimentos de mayor no resulta atendible la pauta general del numeral primero del artículo 28 id, habida cuenta que en ella se dispone que en “los procesos contenciosos, salvodisposiciónlegalencontrario, es competente el juez del domicilio del demandado”, y como quedó visto arriba, existe regulación especial aplicable al sub lite que lo exceptúa de tal parámetro.

Significa lo anterior, que esas actuaciones se adelantan ante el funcionario que ha conocido previamente de la controversia sin mirar los demás aspectos como el territorial, puesto que aquella es una especie de “competencia” por el foro de conexidad o atracción que desplaza a los restantes, salvo en los pleitos que involucran menores.

3. En el caso bajo estudio, el promotor aspira la exoneración de la obligación alimentaria que se estableció a favor de su descendiente ante el Juzgado Primero de Familia de Montería, en virtud de lo cual la “competencia” para proseguir con el rito está dada en ese estrado, por el factor de conexidad que prevé el numeral sexto del artículo 397 aludido.

Así, no había mérito para que esa autoridad enviara el expediente a su homólogo del domicilio de la demandada con apego en el inciso segundo del artículo 28 ídem, porque esa preceptiva resulta extraña a los supuestos del sub lite, porque como se anotó atrás, aquí el fuero determinante de la competencia es exclusivamente el de conexidad; pues, como la demandada superó la minoría de edad no resulta aplicable el relativo a la territorialidad.

Además, las directrices por ese fuero son relevantes para asumir la actuación primigenia, no para las consecuenciales a que se refiere el mentado numeral sexto del artículo 397 evocado. De allí que, aunque Yeraldín era menor para la fecha en que se rituó la fijación de alimentos no lo es en la actualidad cuando se persigue terminar tal prestación y, por tanto, es indiferente averiguar si conserva o no su anterior residencia.

4. En un asunto parecido, en CSJ AC7916-2017 se señaló que

(…) dado que la pretensión formulada es la disminución de la cuota alimentaria vigente en favor de quien actualmente es mayor de edad y la cual previamente había merecido regulación por parte de autoridad judicial, resulta evidente que la competencia radica de manera privativa en el funcionario que conoció del proceso de alimentos precedente, en tanto se estructura el específico evento de conexidad establecido en el numeral 6º del artículo 397 del Código General del Proceso (concordante con la regla 2 del mismo canon), según el cual “Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria. (…) En efecto, la subsunción de la regla pertinente arroja como resultado la competencia excluyente del Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, en tanto es el despacho que conoció de la última de las actuaciones relativas a la obligación alimentaria que aquí interesa, atendiendo además, a que la convocada no es menor de edad de acuerdo con lo constatado en el Registro Civil de nacimiento.

5. Por consiguiente, se devolverán las diligencias al estrado de la capital de Córdoba para que continúe con su impulso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Primero de Familia de Montería es el competente para seguir con el conocimiento de las actuaciones.

2. Enviar el expediente al citado despacho e informar lo decidido al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medellín, haciéndole llegar copia de esta providencia.

Notifíquese

Magistrado: Octavio Augusto Tejeiro Duque.