Auto AC1553-2018/2011-00031 de abril 23 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 41001-31-03-005-2011-00031-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

Se procede a resolver el impedimento que ha manifestado el honorable magistrado dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, para continuar conociendo del trámite de recurso extraordinario de casación promovido por Cooperativa de Motoristas de Florencia Ltda. —Coomotorflorencia Ltda.— dentro del juicio ordinario adelantado por Raúl Díaz Torres contra Armando Lozano, La Equidad Seguros Generales O.C., Leasing Colombia S.A., Ramiro Verján Ortiz y la recurrente.

I. Antecedentes

1. En el proceso tramitado entre las aludidas partes, el juzgador de primera instancia, en sentencia de 30 de enero de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones; veredicto que confirmó la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante providencia de 12 de diciembre de 2016, en la que además se efectuó modificación en el sentido de condenar a La Equidad Seguros Generales O.C. a responder conforme al límite del valor asegurado.

2. Concedido el recurso extraordinario de casación que interpuso la codemandada Coomotorflorencia Ltda., se recibió el plenario en la Corte, correspondiendo por reparto la causa al despacho que regenta el honorable magistrado dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quien previa determinación del carácter ejecutable del fallo censurado y algunas otras decisiones de trámite, admitió la impugnación, concediendo la oportunidad de sustentación pertinente.

3. En pronunciamiento del pasado 16 de enero, el citado magistrado sustanciador manifestó que en él concurría la causal de recusación prevista en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, fundada en la circunstancia según la cual “a través de providencia STC9546 de 5 de julio de 2017 (rad. 2017-01602-00), adoptada en sala de decisión que integré, se resolvió en primera instancia la acción de tutela impetrada por Raúl Díaz Torres, respecto a hechos relativos al proceso materia de casación”.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Compete al suscrito funcionario definir el presente asunto de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 140 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: “El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva Sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello” (destacado fuera de texto).

En efecto, del canon transcrito se colige que la declaración de apartamiento realizada por uno de los integrantes de un cuerpo colegiado, corresponde desatarla el homólogo que sigue en turno.

2. Declaratoria de impedimento.

El impedimento es una herramienta jurídica de la cual el juzgador puede hacer uso para declararse separado del conocimiento de determinado proceso cuando quiera que su objetividad para adelantarlo con el máximo equilibrio, se encuentre alterada ya sea por razones de afecto, interés, animadversión, amistad o instrucción previa del asunto, entre otras.

Por eso y en pos de preservar activamente el ministerio confiado a los jueces, el legislador ha previsto que ellos por su propia iniciativa puedan exteriorizar y someter al escrutinio de otro juez, la existencia de algún motivo capaz de viciar la integridad de su decisión, o de generar desconfianza en el destinatario de la función jurisdiccional.

Encaminado al robustecimiento de esa seguridad, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 150 y ahora, el Estatuto General del Proceso en el canon 141, prevén diversas causales cuya presencia le imponen al funcionario encargado de conocer la actuación, el deber de manifestar que se halla incurso en alguna de ellas y de no hacerlo espontáneamente, las partes quedan autorizadas para develar tal circunstancia como motivo de recusación, buscando la separación del funcionario del trámite de dicha confrontación.

Ahora, como la configuración de un impedimento o recusación incide en la competencia asignada por la ley, la autorización para plantearse ha de estar sustentada en los motivos expresamente determinados, lo cual descarta interpretaciones extensivas o causales no previstas de manera expresa en la legislación vigente (CSJ AC3675-2016, jun. 15/2016, rad. 2001-00942-01).

3. Caso concreto.

3.1. La segunda causal de recusación, y por ende, de impedimento, contemplada en el Código General del Proceso, se estructura por “haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente” (art. 141).

Se pretende principalmente con este móvil, evitar que un mismo funcionario judicial conozca de una actuación de la que fue participe en una instancia superior, toda vez que en dicha hipótesis resultaría comprometido el principio de doble instancia.

3.2. En este particular asunto, se reitera, la fundamentación fáctica expresada para la separación de la causa atañe al conocimiento de hechos relativos al proceso materia de recurso de casación, por vía de la participación del magistrado sustanciador en la Sala que resolvió una acción de tutela promovida por el demandante Raúl Díaz Torres.

En caso de similares contornos al actual la Sala tuvo la oportunidad de ilustrar:

“2.2. En esa dirección, entre otras causales, el artículo 141, numeral 2º del Código General del Proceso, faculta al juez o magistrado para declarar su incompetencia subjetiva, cuando ha “(…) conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior (…)”.

La razón de ser de lo anterior estriba en que si el trámite o el recurso involucran una providencia de la autoría del funcionario judicial, es natural entender, considerando la naturaleza humana, la predisposición a defender la posición asumida sobre el particular. Frente a cualquier sospecha o duda, por lo tanto, lo aconsejable es erradicar toda circunstancia que pueda contaminar la imparcialidad e independencia debidas, o que conlleve al recelo o desconfianza, para así cumplir con el ideal de garantizar el derecho de las partes a que sus diferencias sean dirimidas de manera imparcial, objetiva y autónoma.

2.3. Se precisa, sin embargo, dicha hipótesis normativa, se concibe, respecto de un mismo proceso, porque así el juez o el magistrado en otros asuntos haya conocido de cuestiones relacionadas, por relevantes que sean, al fin de cuentas, en todos esos casos, se trata del ejercicio propio de funciones judiciales.

(…)

De ahí, la causal aducida, tiende a evitar que un mismo funcionario judicial, en instancia superior, conozca de su misma actuación anterior impugnada o de cualquier otra al interior realizada, proferida en grado inferior, porque si esto ocurre, se desconocería el derecho de las partes a tener otro juez sobre las cuestiones planteadas.

Siendo esa la razón de ser de la norma, surge diamantino, ninguna decisión o actuación en un proceso, en correlación con otro, así entrambos exista alguna asociación sustancial, da lugar a la recusación o al impedimento de que se trata, porque simplemente, en todos, se trataría de materializar el deber constitucional y legal de administrar justicia.

2.4. Frente a lo expuesto, los hechos narrados como configurativos del motivo de impedimento, no se subsumen en la norma invocada.

En primer lugar, porque fuera de que la acción de tutela mencionada es autónoma e independiente del presente proceso, el magistrado ponente de la decisión allí proferida no la conoció en grado inferior; y en segundo término, porque en gracia de discusión, el objeto preciso y directo del recurso de casación es la sentencia de segunda instancia de 20 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, y no el fallo de tutela de 22 de agosto de 2012, emitido en primera instancia en la órbita constitucional por esta Corporación y Sala” (AC2400-2017, abr. 19/2017, rad. 2009-00055-01; destacado fuera de texto).

En este orden, se advierte que el impedimento esgrimido no encuentra vocación de prosperidad, toda vez que el mencionado trámite constitucional corresponde a una acción autónoma e independiente del proceso ordinario en el cual se suscitó la impugnación extraordinaria que actualmente ocupa a la Corte, siendo pertinente precisar que más allá de la similitud del sustrato material entre ambas actuaciones, ello no es indicativo de haber conocido o intervenido en instancia anterior.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. NO ACEPTAR el impedimento manifestado por el honorable magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, para continuar conociendo del presente medio de impugnación extraordinario.

2. DEVOLVER el expediente al Despacho Sustanciador para lo pertinente.

Notifíquese,

Magistrado: Luis Alonso Rico Puerta.