Auto 2013-02963 de enero 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC171-2014

Rad. 11001-0203-000-2013-02963-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D. C., veintisiete de enero de dos mil catorce.

Sería del caso resolver el conflicto de competencia surgido entre los juzgados promiscuo municipal de Bolívar y sesenta y uno civil municipal de Bogotá, si no fuera porque se observa que fue planteado en forma anticipada.

Antecedentes

1. Se pidió al primer despacho librar mandamiento de pago a favor de Elsa Esperanza Zúñiga Muñoz contra Jonathan Israel Hernández Serna con base en un pagaré. La actora señaló que su contendor estaba avecindado en Popayán, pero en el acápite de competencia, la radicó en esa autoridad judicial “[e]n razón de la cuantía, lugar de residencia del demandante y la clase de proceso”, e informando una dirección perteneciente a Bogotá como sitio para realizar las notificaciones del demandado (fls. 8 a 10, cdno. 1).

2. El 21 de octubre de 2013, dicho funcionario rechazó el libelo argumentando que “la competencia territorial para el conocimiento de la demanda, la tiene el juzgado civil municipal de Bogotá, D.C., en atención al fuero general relacionado con el domicilio del ejecutado” (fls. 8 y 9, ibíd.).

3. La autoridad con sede en la capital planteó el conflicto, porque en la demanda se dijo que el domicilio del ejecutado es Bolívar y que ello es diferente de la dirección de notificaciones anunciada allí (fls. 18 y 19, ídem).

Consideraciones

1. Quien acude en auxilio de la administración de justicia cuenta con el beneficio de escoger, cuando existen varios fueros que demarquen el factor territorial, la autoridad que debe pronunciarse sobre el asunto cuya solución pretende, por lo que no es posible que el juez altere la elección.

Es por ello que, como lo explicó la Sala en auto CSJ ACC de 2 de mayo de 2013, Rad 2013-00946-00

“(...) para aceptar o rechazar su diligenciamiento, el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo”.

2. Dentro de los fueros instituidos para distribuir los litigios entre los distintos juzgados, en atención al factor territorial, está el general o personal, en virtud del cual la competencia para conocer de los procesos contenciosos radica en el juez del domicilio del demandado, salvo disposición legal en contrario; si tiene varios, el que elija el actor, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de ellos. Si carece del mismo será competente el de su residencia. Asumirá el trámite el del domicilio del accionante, cuando se desconoce el del convocado o si este reside fuera del país (artículo 23, numerales 1º al 3º del Código de Procedimiento Civil).

3. En este caso, los jueces coinciden en que quien debe asumir el trámite de la demanda es el del domicilio del accionado, solo que el de Bolívar infirió que era el de Bogotá porque allí se reportó la dirección donde debían realizarse los actos de enteramiento, mientras que su homólogo dedujo que Hernández Serna está avecindado en la primera ciudad, según la lectura que le da al memorial incoativo.

Sin embargo, se advierte que el libelo en cuestión no ofrece claridad en cuanto al fuero escogido por la acreedora, porque en su parte inicial manifestó que su mandataria era vecina de Popayán y que el contendor también estaba “avecindado” allí, pero en el acápite de competencia afirmó que ella quedaba adscrita a la autoridad de Bolívar “[e]n razón de la cuantía, lugar de residencia del demandante y la clase de proceso”.

En otros términos, la demandante únicamente se refirió su residencia y a la vecindad del accionado, pero no ofreció datos relacionados con el domicilio del encartado, tema frente al cual el primer juzgado no desplegó ninguna actividad para esclarecerlo.

4. Ni siquiera era posible entender que el lugar donde el accionado recibiría notificaciones era su mismo domicilio, puesto que se trata de conceptos distintos, ya que este último corresponde a la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella (artículo 76 del Código Civil), y el otro es el sitio donde una persona puede ser ubicada para enterarlo de las actuaciones judiciales que lo exijan.

Así lo ha dilucidado esta corporación, en proveídos CSJ ACC 20 de noviembre de 2000, exp. 0057 y 5 de noviembre de 2013, rad. 2013-02329-00, entre otros, en los cuales ha expuesto que

“no es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, “pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran” (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer “que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (traseúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que de esta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que este sufrió alteración alguna”.

5. Por consiguiente, en las condiciones en que fue presentado el referido escrito introductor, el juez promiscuo municipal de Bolívar actuó precipitadamente al declararse incompetente para conocer del mismo, dado que, ante la incoherencia de las manifestaciones sobre el foro invocado por la ejecutante, lo razonable hubiese sido solicitarle que aclarara tal aspecto antes de adoptar esa decisión y, una vez dilucidado, entrar a resolver lo pertinente, conforme a las reglas del precitado artículo 23.

En casos similares, tratados en providencias CSJ ACC 17 de marzo de 1998, exp. 7041 y 2 de mayo de 2013, exp. 2013-00946-00, la Corte consideró que

“[a]hora bien, si la ambigua redacción de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debió reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la corrección de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional”.

6. Así las cosas, la actuación se remitirá al juzgado donde fue radicada inicialmente la demanda para que haga los ordenamientos a que haya lugar, a fin de esclarecer los aspectos necesarios para definir la competencia territorial.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el conflicto planteado en el proceso de la referencia es prematuro.

2. Ordenar devolver el expediente al juzgado promiscuo municipal de Bolívar para que obre de conformidad con lo expuesto.

3. Comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.