Auto AC1991-2016/2016-00639 de abril 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-02-03-000-2016-00639-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá D. C., ocho de abril de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Valle del Guamuez y Sexto (6º) Civil Municipal de San Juan de Pasto, dentro de la acción de Protección al Consumidor promovida por Guillermo Leiva Zabala contra JL y RB S.A.S.

1. Antecedentes.

1.1. El actor pide que, como efectividad de la garantía, se ordene a la demandada cambiarle el electrodoméstico que adquirió, por uno nuevo de iguales características.

Dice haber comprado en el Almacén “Electromillonaria” de “La Hormiga”, de propiedad de la sociedad accionada una lavadora, la cual, por haber funcionado de manera imperfecta, en dos ocasiones devolvió a dicha tienda para que la arreglara. Esta esas mismas veces se la regresó, supuestamente reparada, pero la máquina continuó operando mal. La matrícula mercantil (fl.9) dice que ese establecimiento de comercio es de propiedad de JL Y RB SAS, con domicilio en Pasto, según el respectivo certificado de existencia y representación (fls. 14 a 17).

1.2. En providencia de 13 de octubre de 2015 el primero de los citados despachos dijo carecer de atribuciones para conocer del caso, pues quien las tenía, de acuerdo con el numeral primero del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, eran los jueces de San Juan de Pasto, lugar de domicilio de la accionada, a quien, por tanto, lo envió (fl. 18).

1.3. El despacho receptor del proceso de igual modo se abstuvo de conocer, porque el competente es aquel otro, ante quien se promovió, por cuanto la transacción se realizó en La Hormiga y el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 dice que en asuntos de este linaje también es competente el juez donde se haya adquirido el bien (fl. 17).

1.4. Planteó así, el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.

2. Consideraciones.

2.1. Cuando se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.

2.2. En forma reiterada la Corte ha señalado:

“Según el artículo 150 de la Carta Política, es atribución del Congreso de la República hacer leyes por medio de las cuales ejerce, entre otras, la función de “(…) expedir códigos en todos los ramos de la legislación. (…)”. En virtud de esta cláusula general a esa Corporación le concierne de modo privativo expedir los estatutos procesales, por medio de los cuales determina la competencia de los distintos despachos judiciales, los asuntos de que conocen, el procedimiento aplicable a los diversos procesos instrumentados, sus instancias y los medios de impugnación, a más de otros aspectos” (CSJ SC. Auto AC de 10 de julio de 2015, Rad. 2015-01398; reiterado en providencias de 21 de julio de 2015, Rad. 2015-01482, 28 de julio de 2015, Rad. 2015-01503, 3 de agosto de 2015, Rad. 2015-01596, 19 de octubre de 2015, Rad. 2015-02350, 23 de octubre de 2015, Rad. 2459, 9 de noviembre de 2015, Rad. 2015-02593, 19 de noviembre, Rad. 2015-02713).

2.3. En ejercicio de tales potestades, el Congreso de la República expidió la Ley 1480 de 2011, en cuyo artículo 58 determina el procedimiento a seguir en algunos de los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía y los jueces llamados a conocerlos.

En este sentido puntualizó que la Superintendencia de Industria y Comercio “(…) o el juez competente conocerán a prevención”, y que “[s]erá también competente el juez del lugar donde se haya comercializado o adquirido el producto o realizado la relación de consumo” (Resalta la Sala).

En relación con los funcionarios judiciales combina este precepto la regla general de competencia, prevista en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, esto es la fijada a partir del domicilio de la parte demandada, con una atribución especial, radicada, asimismo, en el lugar donde se haya celebrado la respectiva relación de consumo, o sea, en la unidad básica territorial en la cual el bien o el servicio haya sido comercializado, adquirido o prestado.

De este modo, el promotor de una acción relativa a los derechos del consumidor tiene la opción de promoverla ante el juez competente, según el principio general deducido del artículo 23 ibídem, o ante el competente en el sitio donde se trabó la correspondiente relación de comercio.

2.4. Como en el caso de ahora dicha adquisición se produjo, según el libelo, en La Hormiga —Municipio de Valle de Guamuez—, y como el actor lo presentó ante el juez de este lugar, por imperio del precepto legal en referencia (art. 58, Ley 1480 de 2011), ese servidor es el llamado a aprehenderlo.

2.5. Se asignará el asunto al primero de los mencionados administradores de justicia.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle del Guamuez es el competente para conocer del proceso en referencia.

2. Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Sexto (6º) Civil Municipal de San Juan de Pasto, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.

Notifíquese

Magistrado: Luis Armando Tolosa Villabona.