Auto AC2641-2016/2015-02337 de mayo 4 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC2641-2016

Rad.: 11001 02 03-000-2015-02337-00

Bogotá, D. C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) y el Sesenta y Cinco Civil Municipal Bogotá, en el proceso ejecutivo que instaurara Elkin Sting Guzmán Ibarra contra Harold Sneider Pérez Walteros.

I. Antecedentes

1. El demandante formuló cobro coactivo en contra del convocado al juicio, a fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de $18.000.000, más los intereses moratorios causados desde el 29 de noviembre de 2012 hasta el pago total de la obligación que consta en la letra de cambio suscrita en la ciudad de Ibagué, y con vencimiento en esa calenda.

2. En cuanto a la competencia expresó que le concernía al juez municipal del distrito de Puerto Rico - Caquetá, en virtud de la cuantía, «el domicilio del demandado y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación…» (fl. 3 c. 1).

3. La primera de las autoridades mencionadas, profirió orden de apremio el 21 de enero de 2015 (fls. 5 y 6, ejusdem).

4. El convocado a juicio se notificó personalmente de dicha providencia el 8 de abril del mismo año (fl. 7 ídem).

5. El día 22 de esa calenda el demandado formuló recurso de reposición contra el mandamiento de pago, con el propósito de que se declarara probada la excepción previa de falta de competencia por el factor territorial, en atención a que tenía su «domicilio contractual y asiento principal de sus negocios» en Bogotá, D.C. (fl. 2 ibídem).

6. Impugnación horizontal de la que se dio traslado al ejecutante, quien guardó silencio (fls. 32 y 33 ejusdem).

7. Por proveído de 17 de junio siguiente el funcionario inicial declaró la prosperidad del medio exceptivo y en consecuencia ordenó remitir la actuación a sus homólogos del distrito judicial de la capital de la República, por cuanto el recurrente «demostró» tener su domicilio en dicha localidad.

8. El órgano judicial de destino, el 10 de julio de esa época, inadmitió el libelo «para que en el término de cinco (5) días so pena de RECHAZO» el demandante informara «la cuantía (…) al igual que la que la correcta designación del juez, para el efecto, aportense (sic) las documentales correspondientes».

También reclamó que se corrigiera «… el valor total de las pretensiones de la demanda así como» para que manifestara el funcionario «competente para conocer el presente asunto, de conformidad con el artículo 25 del C.G.P.».

Igualmente demandó que se subsanara el escrito genitor «en el sentido de indicar de manera correcta las direcciones de notificación de los extremos demandante y demandado» así como la «del endosatario».

Finalmente, ordenó que del cumplimiento de esas exigencias se presentara copia del memorial y anexos, para los traslados respectivos y el archivo del juzgado (fl. 63 ídem).

9. Según constancia secretarial de tal despacho, el accionante guardó silencio (fl. 63 vto.).

10. Posteriormente al día 27 del mismo mes y año, resolvió «RECHAZAR la (…) demanda por falta de competencia (…) REMITIR[LA] (…) al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Rico – Caqueta (sic)», así como advertir que en «caso de no avocarse conocimiento por el mencionado estrado judicial, desde ya» proponía «conflicto de competencias NEGATIVO» y por último dijo «dejar sin valor y efecto» la providencia anterior, previo « el auto de fecha diez (10) de julio de 2015, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009» (fl. 64).

Lo anterior, por cuanto de «la revision (sic) de las excepciones previas, se observa que fueron propuestas de manera extemporánea (sic), toda que (sic) vez (sic) que el termino (sic) para interponerlas era de tres días (sic)».

11. El Juez Primero Promiscuo Municipal de Puerto Rico – Caquetá, el 4 de septiembre de 2015, ordenó enviar la actuación a esta corporación.

12. Recibido el expediente, se surtió el traslado determinado en el precepto 148 del Código de Procedimiento Civil, el cual transcurrió en silencio.

II. Consideraciones

1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Puerto Rico –Caquetá– y Bogotá, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo señala el artículo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado como quedó por el artículo 7º de la ley 1285 de 2009.

2. En todos aquellos asuntos tocantes con la resolución de conflictos, en donde corresponda valorar la competencia del funcionario emplazado para tales efectos, habida cuenta que atañen al orden público de la Nación, inexorablemente deben observarse las directrices que la ley ha dispuesto sobre el particular, pues, sin duda alguna, temas de esas características devienen reservados exclusivamente a la normatividad pertinente (art. 6º C.P.C.).

En esa dirección, cumple precisar que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.

3. El factor territorial, que es en esta especie el tema discutido por los juzgadores en conflicto, se define atendiendo las pautas consagradas en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, dentro de las cuales despunta como regla general aquella según la cual en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el del domicilio del demandado.

4. No obstante, en las actuaciones cumplidas en el sub –lite, se develan algunas circunstancias que a segundo plano relevan aquellos aspectos previstos en las normas memoradas y, que, en términos generales, definen inicialmente el órgano jurisdiccional natural de una causa litigiosa.

4.1. Ciertamente, la funcionaria civil municipal de Bogotá luego de recibir la demanda ejecutiva, procedió a librar auto inadmisorio para realizar exigencias relacionadas, en síntesis, con la cuantía, la «designación del juez competente (…), de conformidad con el articulo (sic) 25 del C.G.P.» y el lugar donde habrán de recibir notificaciones los sujetos de la litis.

De tales requerimientos, únicamente los dos primeros tienen relación con el tema que nos ocupa, sin embargo, no atañen al factor territorial. Por ende, ningún reparo le mereció a la funcionaria la idoneidad legal de ese distrito judicial para avocar el conocimiento del asunto.

4.2. Ahora bien, cuando el conflicto negativo de competencia se genera después de agotado el trámite del recurso de reposición mediante el cual se desató la excepción previa donde se cuestionaba la designación del juez, no es dable que en este trámite el servidor receptor de la litis pretenda apartarse de su conocimiento debatiendo, en este caso, el proveído por el cual se desató la impugnación horizontal por circunstancias ajenas a la determinación del factor territorial.

En este juicio, el ejecutado vía recurso de reposición contra el mandamiento de pago formuló la excepción previa de falta de competencia, con fundamento en que su domicilio era la ciudad de Bogotá y no el municipio de Puerto Rico - Caquetá, y por auto de 17 de junio de 2015 se declaró su prosperidad y, en consecuencia, se ordenó su remisión a los jueces del distrito capital. Por ende, el funcionario receptor no podía renunciar al conocimiento del proceso bajo el argumento de que dicho medio exceptivo se propuso «de manera extemporánea (sic)».

5. Así las cosas, se dispondrá el envío de la actuación al órgano jurisdiccional con sede en la capital de la República, a quien en virtud del territorio le corresponde avocar su trámite, sin perjuicio de la facultad que le asiste para auscultar los demás criterios que ha establecido el legislador para la determinación del servidor judicial que debe resolver la litis y se comunicará lo aquí resuelto al que inicialmente declinó su gestión.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. DECLARAR que el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, es el competente por el factor territorial para seguir conociendo del presente proceso.

2. DISPONER, en consecuencia, remitir la actuación al citado despacho, debiendo también comunicarse esta decisión al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Rico - Caquetá.

Notifíquese.

Magistrada: Margarita Cabello Blanco.